META
Terminó judicialización de 42 personas descubiertas en prostíbulo de Villavicencio
Por solicitud de la Fiscalía Local de la Unidad de Reacción Inmediata URI, se ordenó medida de aseguramiento para 22 personas y 20 más fueron vinculadas a proceso judicial, como presuntos responsables de delitos relacionados con la violación de medidas sanitarias en el departamento del Meta.
Las 42 personas fueron capturadas en flagrancia, durante diligencia judicial de allanamiento y registro realizada la noche del 9 de abril anterior, en una finca ubicada en el corregimiento de Pompeya, jurisdicción de Villavicencio (Meta) donde funciona un prostíbulo.
En el lugar, unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana encontraron 21 mujeres y 21 hombres en una reunión, donde estarían consumiendo sustancias alucinógenas y, al parecer, ejerciendo actividades de prostitución. Al interior de las habitaciones de los encargados de la finca fueron halladas armas de fuego con su munición respectiva, cocaína y licor adulterado.
Judicialización
Ante el Juzgado 9° Penal Municipal con función de control de garantías fueron presentados los capturados para su judicialización. En las audiencias concentradas, que se realizaron durante 6 días, se legalizó la orden de la diligencia de allanamiento.
En desarrollo de las audiencias, la Fiscalía imputó cargos contra 38 personas por el delito de violación de medidas sanitarias.
A las restantes cuatro personas, incluidos el dueño de la finca y de un bar señalado como lugar de lenocinio y venta de alcohol en la capital del Meta, su hijo y sus trabajadores, el ente investigador les imputó además cargos por fabricación, tráfico y/o porte ilegal de armas; fabricación, tráfico y/o porte de estupefacientes; imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias y violación de medida sanitaria. Cargos que no fueron aceptados por ninguno de los procesados.
El juzgado impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra cuatro personas; una más recibió medida no privativa de la libertad; a los 17 extranjeros detenidos se les impuso medida no privativa de la libertad. Los 20 investigados restantes fueron vinculados al proceso judicial sin medida de aseguramiento.
La Fiscalía solicitó a las autoridades penitenciarias y de salud revisar el estado médico de los detenidos, para garantizar que estén en buenas condiciones, esto antes de realizar el traslado a sus lugares de detención.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
