CASANARE
Gobierno le quita el IVA a algunos planes de celular por la emergencia
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) expidió un decreto este lunes, de efecto inmediato, bajo el cual los planes móviles de hasta $71.214 quedarán sin IVA por los próximos cuatro meses.
Así mismo, bajo el Decreto 540 del 13 de abril de 2020, se flexibilizarán los trámites y licencias para el despliegue de infraestructura por parte de los operadores.
Según un comunicado del Ministerio, después del Decreto 464, que declaró el acceso a las telecomunicaciones como servicios públicos esenciales durante la emergencia, el nuevo decreto contempla medidas adicionales para hacerle frente a la crisis.
El decreto contempla que los planes de servicios móviles de voz y datos, en las modalidades de prepago y de postpago de hasta 2 UVT (71.214 pesos),
estarán exentos de IVA (hoy en 19 %) por los próximos cuatro meses.
La norma, calificada por el Ministerio como una “medida de asequibilidad al servicio”, busca que la población con planes que estén en ese rango cuenten con alivio económico durante la emergencia y puedan acceder al servicio. En ese sentido, el decreto expresa que la excepción del impuesto deberá verse reflejada en las facturas de los usuarios.
Así mismo, previendo exigencias en materia de infraestructura, el MinTIC agilizó el proceso de los permisos y licencias requeridas para la “construcción, conexión, instalación, modificación u operación de equipamiento para la prestación de servicios de telecomunicaciones, fijos y móviles”. Según el documento, habrá un trámite prioritario de 10 días, en el que las entidades correspondientes podrán dar la autorización.
Además de que el plazo se reduce (pasa de 60 a 10 días), el decreto expresa que si después del periodo de solicitud en la emergencia no ha habido una respuesta de forma automática (bajo la figura de silencio administrativo positivo) quedará autorizado.
Según dijo la ministra Sylvia Constaín, la idea es “mejorar las condiciones de acceso al Internet al segmento de la población que más necesita la ayuda del Estado. Reducir los tiempos de trámites de despliegue permitirá llevar el servicio muchísimo más rápido a los lugares que no lo tienen, y la exención del IVA ayudará a aliviar la carga económica por el servicio de telecomunicaciones en los hogares colombianos”.
Decreto No. 540 de 2020: http://DECRETO 540 DEL 13 DE ABRIL DE 2020 -1-.pdf
Fuente: www.eltiempo.com
Capresoca EPS informa a sus usuarios que se encuentran garantizados los servicios de mediana y alta complejidad contemplados en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), a través de Contrato suscrito con el Hospital Regional de la Orinoquía – HORO.
Con la firma de este contrato, más de 160 mil afiliados de los 19 municipios del departamento de Casanare cuentan con cobertura para el acceso a servicios de salud de segundo nivel de complejidad, conforme a la capacidad instalada y los servicios debidamente habilitados por el prestador, de acuerdo con la normatividad vigente.
La población afiliada a Capresoca EPS puede acceder a consultas especializadas, ayudas diagnósticas, servicios de laboratorio clínico y procedimientos médicos y quirúrgicos de segundo nivel de complejidad, incluidos únicamente dentro del portafolio de servicios habilitado ante la autoridad sanitaria competente, ratificando el compromiso de la entidad con la cobertura, oportunidad y calidad en la atención en salud.
Se invita a los usuarios a realizar el agendamiento de sus consultas y procedimientos, comunicándose al número de contacto habilitado por el Hospital Regional de la Orinoquía: 300913 26 63.
“Desde Capresoca EPS avanzamos en la consolidación de una red integral que responda a las necesidades en salud de nuestros afiliados. Muestra de ello, es que estamos garantizando los servicios de mediana complejidad con la red pública, dando continuidad a la atención médica”, expresó Betty Cecilia Anaya Nieto, Agente Especial Interventora.
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
