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Divulgan cartel de los delincuentes más buscados en el Meta

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La Policía Nacional divulgó el cartel de “Los Más Buscados” en el departamento del Meta, por medio del cual se da a conocer un volante donde se encuentran las personas requeridas por las autoridades judiciales sobre los delitos de mayor impacto, buscando la articulación de la Red de Participación Cívica y la comunidad en general.

Con un ofrecimiento de una recompensa de hasta cinco millones de pesos, el Departamento de Policía Meta espera recolectar información para dar con el paradero de estos sujetos, los cuales son requeridos por delitos como homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo sucesivo y actos sexuales con menor de 14 años.

En este cartel aparecen actores presuntos criminales prolíficos y recurrentes, como:

“El Palmero”, investigado por el delito de homicidio agravado, por hechos ocurridos en el municipio de San Carlos de Guaroa en 2019, donde es capturado es capturado y en medio de su traslado a la Centro Penitenciario, se fuga, por lo cual el Juzgado Promiscuo Municipal de San Carlos de Guaroa, libra una orden de captura por el delito de fuga de presos.

“Chinche”, investigado por el delito de homicidio, por un hecho ocurrido en el municipio de Mesetas en 2011, luego de que hullera del acto criminal es buscado por las autoridades mediante orden de captura expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Mesetas.

“Negro”, investigado por el delito de homicidio en grado de tentativa, en hechos ocurridos en el municipio de Fuentedeoro en junio de 2014, donde el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Lleras, libra una orden de captura en su contra.

“Pescador o Pelea”, quien era investigado por el delito de homicidio, en hechos ocurridos en el municipio de Puerto Gaitán en noviembre de 2018, el cual es capturado por unidades de la SIJIN en diciembre del año pasado, donde hacen efectiva la orden de captura que pesaba en su contra emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Gaitán, luego de que desenfundara un arma de fuego y la accionara contra de la humanidad de un soldado del Ejército Nacional, que resultó lesionado.

“Peladura”, para el 30 de enero de 2019, ultimó con arma de fuego a una persona en complicidad con otra y se da a la fuga. Este prolífico por los delitos de homicidio y hurto, es requerido mediante orden de captura emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Rico.

“Bigotes”, fue el autor intelectual del homicidio del señor Prospero Castellanos Mosquera, en agosto de 2013 en el municipio de Fuentedeoro, donde el Juzgado Promiscuo Municipal de Fuentedeoro, expide la orden de captura que pesa en su contra.

“Soldado”, investigado por los delitos de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo sucesivo con actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo sucesivo, por hechos ocurridos el municipio de Mesetas en abril de 2018, por lo cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Mesetas, libra la orden de captura en su contra.

“Javi”, investigado por el delito de homicidio en grado de tentativa, en hechos ocurridos en el municipio de Lejanías, en abril de 2017, donde el Juzgado Promiscuo Municipal de Control de Garantías de Villavicencio, expide la orden de captura en su contra.

La Policía Nacional reitera las líneas telefónicas de emergencia 123 – 3213945422 – 3202974365 o al correo dijin.demet-ef@policia.gov.co.

VOLANTE

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada

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Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.

Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.

Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.

Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).

“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.

Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.

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A la cárcel por matar a un perro que le ladró durante una riña con otro hombre

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La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.

Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.

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En Mapiripán volvió la esperanza para don Luis Enrique, después de vivir la masacre en 1997

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En Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras implementó un proyecto productivo urbano en favor de Luis Enrique Rivera Forero, quien fue víctima de desplazamiento y abandono forzado en 1997, tras la incursión paramilitar que derivó en la masacre en ese municipio, uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano.

Después de 20 años de desarraigo, y tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia, ordenó la restitución del predio ubicado en el casco urbano. Posterior a su retorno, la Unidad implementó su proyecto productivo con una inversión de 40 salarios mínimos legales vigentes, destinados a la adecuación del local comercial y la dotación de equipos y mobiliario que fortalecen su actividad económica como tendero.

Con estos recursos, la URT le entregó una nevera, mostrador, vitrinas, estanterías, kit ambiental, báscula digital, congelador, horno microondas, surtido de víveres, insumos de cafetería y una vitrina de calefacción, además de realizar mejoras locativas en su vivienda, donde funciona la tienda.

El proyecto incluye acompañamiento técnico durante dos años, tal como capacitaciones en administración y manejo de recursos, fortaleciendo su economía. “Agradezco a la Unidad por este proyecto, que me permite sostenimiento y tener ingresos para mi subsistencia y mi vejez”, expresó Luis Enrique, quien hoy reescribe su historia desde el predio que debió abandonar hace más de dos décadas.

Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, destacó: “hemos destinado más de $3.300 millones de pesos para la implementación de 120 proyectos productivos para familias beneficiarias de restitución de tierras en el departamento, fortaleciendo sus capacidades y garantizando reparación integral”.

El caso de Luis Enrique Rivera es ejemplo de justicia restaurativa: tras haber sido víctima de desplazamiento, hoy su tienda de abarrotes es un ejemplo de superación y de cómo la restitución de tierras está cumpliendo con dignidad a las víctimas.

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