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Este lunes presentarán plan piloto para dar paso controlado a particulares en la Vía al Llano
El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, acompañado de la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y del Viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, anunció que el próximo lunes se presentará en el Puesto de Mando Unificado (PMU) la posibilidad de implementar un plan piloto, que permita el tránsito controlado de los vehículos particulares durante la semana, siempre y cuando existan las condiciones de seguridad y movilidad para los viajeros.
“La próxima semana, en el PMU, vamos a evaluar una propuesta piloto, que lo ha venido examinando el Ministerio de Transporte, y lo hacemos obviamente para facilitar y para beneficiar la calidad de vida de los ciudadanos”, resaltó el Jefe de Estado al término del recorrido por el proyecto de 4G Chirajara-Fundadores y el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio, donde supervisó el avance de las obras que se adelantan en este corredor vial.
“Nosotros no podemos correr el riesgo de ninguna vida. Por eso, lo que nosotros dijimos fue, primero, el tránsito de vehículos pesados, el tránsito de vehículos de pasajeros. Y empezamos a habilitar fines de semana, tráfico particular, obviamente, restringido, monitoreado. La idea es que, en el PMU que tengamos la próxima semana, recordando que hemos hecho 32 PMU, ahí miraremos un piloto para ampliar la circulación de los vehículos particulares”, agregó.
Este fin de semana, sábado 19 y domingo 20 de octubre, se permitirá el tránsito de vehículos particulares, motos y vehículos de pasajeros, en el horario de las 6:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, por el kilómetro 58 de la vía. Durante estos días, no se permitirá el paso de vehículos de carga.
Avances en obras
Por otra parte, el Jefe de Estado resaltó los avances que registran las obras que se adelantan en la vía Bogotá-Villavicencio.
“No solamente estamos viendo avances; aquí, por ejemplo, estamos viendo otra de las obras que se van a entregar, por parte de los concesionarios, en las próximas semanas. Estamos viendo este túnel, un túnel que va a tener unos factores de iluminación que lo hacen eficiente, seguro”, dijo.
A renglón seguido, señaló que “estábamos viendo este viaducto; entonces, nosotros tenemos, primero, toda la ilusión de restablecer rápidamente la circulación de la carretera, con la prudencia y todas las medidas de seguridad, y empezar ya, como lo hicimos, fines de semana, y ahora evaluar si podemos hacer algo entre semana, con todos los controles”.
A su turno, la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, reiteró que “tenemos que mirar cómo vamos a manejar el control. Para poder tener una vía abierta indefinidamente, tiene que estar construido el tablestacado, en el que ya se empezaron obras”, aseguró.
Obras supervisadas
En el proyecto Chirajara–Fundadores, el Presidente y los funcionarios del sector Transporte visitaron el viaducto de Pipiral y el Túnel 1, dos obras que entrarán en servicio a finales de este año.
Esta autopista de 4G, en la que se adelanta la construcción de la segunda calzada correspondiente al tercer tercio de la vía Bogotá-Villavicencio, a la fecha registra un avance de obra del 61%, es decir, un 14% por encima del porcentaje programado. La inversión estimada del proyecto es de $2,8 billones, en precios de 2018.
El Viaducto de Pipiral, con 712 metros de longitud, comunicará los sectores de Pipiral y Bijagual. Esta obra se plantea como una solución para el paso sobre la Quebrada de Pipiral, y se encuentra diseñado de forma paralela al viaducto actual, con sentido de operación Villavicencio-Bogotá.
Así mismo, el Túnel 1, con 1,95 kilómetros de longitud en una sola dirección, está ubicado en el sector de Chirajara, donde se inicia el proyecto, y comunica El Tablón con Chirajara y Chirajara con Fundadores; además, solucionará el riesgo actual del kilómetro 64, al evitar que los vehículos transiten por esta zona.
A su vez, el Viceministro de Infraestructura, Manuel Gutiérrez, destacó las obras que se han ejecutado a la fecha, las cuales permitieron la apertura de la vía, el pasado 17 de septiembre, para la circulación de los vehículos de carga y transporte de pasajeros, y de los particulares durante los últimos dos fines de semana.
Entre estas obras, se destaca la construcción de canales en la parte alta de la ladera de la zona de seguridad –que se utilizó en el sitio para contener el desprendimiento de material en la zona por las lluvias–, y las obras de sobreancho para garantizar una calzada completa en doble sentido de circulación.
Fuente: Ministerio de Transporte
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Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
