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OPINIÓN: Derrumbes en vía Bogotá-Villavicencio podrían ser motivo para repensar el futuro de la Orinoquia

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OPINIÓN

La altillanura

vargas lleras

Nuevamente, los Llanos Orientales han quedado prácticamente aislados del país por los derrumbes en la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio. Las pérdidas para los empresarios de los sectores agropecuario, de transporte, turismo y muchos otros son incalculables.

Esta situación, sin embargo, podría ser el motivo para repensar en serio el futuro de la altillanura y la Orinoquia, como también del sector agrícola en general. Tengo muy presente que los diseños para la construcción de las carreteras de Puerto Gaitán a Puerto Carreño (520 km) y de la conexión Valle del Cauca-altillanura, que comienza en Pradera y termina en la Uribe, pasando por Palmira, Colombia y Aipe, quedaron contratados en el gobierno pasado. Igualmente quedó contratada la obra Villavicencio-Yopal. Si el Gobierno quiere ofrecer una solución definitiva del problema de conectividad de estas regiones con el país, tiene que comprometerse con la construcción de estas vías, así como dar solución al tramo 1, que es la salida de Bogotá a Villavicencio, y también con la habilitación del aeropuerto de Apiay, viejo anhelo de los metenses.

La agricultura en nuestro país se caracteriza por su baja productividad, falta de encadenamientos productivos y de esquemas de asociatividad y visión de mercado. También, por ausencia de seguridad jurídica y de crédito y seguros, problemas de comercialización interna, redes de acopio y logística, y carencia de infraestructuras de transporte y riego. Imposible referirme a todas estas carencias y sus propuestas de solución en tan corto espacio. Pero, con motivo del inicio de la legislatura, quiero aprovechar para señalar las iniciativas que en mi criterio están bien orientadas y otras que no lo están.

En materia de seguridad jurídica para la propiedad rural hay que mirar con sumo cuidado el proyecto de ley de tierras, y en particular la extinción del derecho de dominio, la expropiación y otros conceptos que exigen total claridad jurídica y garantías si no queremos introducir motivos de inseguridad para las inversiones requeridas en el sector rural. Este proyecto debería ser precisado y presentado de nuevo. También urge la expedición del decreto que reglamenta las Zidres, en aspectos como los incentivos a las zonas francas y parques de ciencia y tecnología, los contratos de asociatividad y las nuevas líneas de crédito, entre otros. Y hay que abrir la discusión sobre la utilidad de la UAF y sus verdaderos beneficios o limitaciones.

Materia muy sensible es la dignificación del trabajador rural y la formalización de la mano de obra en el campo. De allí la importancia de volver a presentar el proyecto 193, que apunta a la creación del jornal rural integral, comoquiera que la informalidad laboral en el campo sobrepasa el 86 %. En particular es importante conocer cuál es la opinión del Gobierno y de los gremios sobre la ley de adjudicación de baldíos en zonas de reserva forestal y el proyecto sobre el seguro agropecuario. Y muy relevante el proyecto de reposición del parque de maquinaria agrícola.

Hace 50 años, el PIB agrícola era el 30 % del nacional; hoy no llega al 6 %. De 5 millones de hectáreas sembradas en 1970 pasamos a poco más de 7, e importamos 14 millones de toneladas de alimentos. El Gobierno ha anunciado que el Llano estará parcialmente aislado del país durante los próximos meses, meses que espero sirvan para reflexionar y formular una política integral para el sector que incluya las vías indispensables con miras a su desarrollo. He aquí un buen destino para invertir los recursos provenientes de la anunciada venta de algunos activos de la nación.

P. D. Rayos y centellas le cayeron a María Isabel Rueda por su columna sobre el glifosato. Comparto con ella las conclusiones a que llega. En el año 2012 alcanzamos la cifra récord en disminución de cultivos, 42.000 hectáreas de coca, vs. 208.000 de hoy. Ojalá la Corte Constitucional pondere esta realidad en el fallo que está por emitir.

Por: Germán Vargas Lleras

Fuente: www.eltiempo.com

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Despejan de minas antipersona los alrededores de la escuela en el municipio de La Salina

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El Gobierno nacional declaró libre de contaminación por minas antipersona más de 1.800 metros cuadrados de terrenos ubicados en los alrededores de la escuela del municipio La Salina, en el departamento de Casanare.

Las labores de desminado beneficiaron directamente a 58 personas de la comunidad e impactaron de manera indirecta a 83 más, quienes ahora transitan por el lugar y asisten a la escuela con tranquilidad, confirmó la Consejería Comisionada de Paz.

Las labores se iniciaron en el 2022 y estuvieron a cargo del grupo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) que designó al operador de desminado humanitario The HALO Trust para llevar a cabo las operaciones de despeje.

El área despejada es conocida como Camino Potrero Grande, está situada a tan solo 150 metros de una escuela veredal de este municipio, reconocido por sus minerales, café, cerros encumbrados y paisajes de inmensa belleza.

En coordinación con la Consejería Comisionada de Paz se adelantan actividades de educación en el riesgo de artefactos explosivos con los habitantes de las áreas intervenidas.

Estas actividades, dirigidas especialmente a niñas, niños y docentes, fueron fundamentales para promover el autocuidado y generar una cultura de comportamientos seguros dentro de la comunidad.

Con el compromiso de los operadores de desminado, el Gobierno trabaja en diversos territorios del país para salvaguardar la integridad de las comunidades, restableciendo sus derechos básicos y construyendo territorios más seguros.

Fuente: Presidencia de la República

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Minsalud reconoce a Casanare como el departamento más juicioso radicando proyectos

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El departamento de Casanare se consolida como líder en la gestión de proyectos para el sector salud, logrando una importante asignación de recursos que beneficiará a miles de habitantes con mejores servicios de atención primaria.

Gracias a la gestión del gobernador César Ortiz Zorro ante el Ministerio de Salud y Protección Social, se anunció la asignación de 6.267.882.228 millones de pesos del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento para la vigencia fiscal 2024. Los recursos, bajo el programa de “Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud” de la Ley 100 de 1993, se destinarán a fortalecer la infraestructura de la red hospitalaria del departamento.

Estos recursos, gestionados en coordinación con la Gobernación de Casanare a través de la Secretaría de Salud, Alcaldías y Empresas Sociales del Estado (ESEs) de los municipios, serán distribuidos de la siguiente manera:

  • Red Salud Casanare: $4.063.388.055 millones para adecuar 13 Puestos de Atención Primaria en Salud (PAPS) en Monterrey, San Luis de Palenque, Recetor, Nunchía y Hato Corozal.
  • Hospital Local de Tauramena: $1.724.758.053 millones para adecuar PAPS en las veredas Carupana, Raizal, Tunupe, Vigía y Corocito.
  • ESE Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego: $479.736.120 millones para adecuar el PAPS en la vereda San José de Bubuy, en Aguazul.

El gobernador César Ortiz Zorro destacó el reconocimiento por parte del ministro Guillermo Jaramillo, quien exaltó a Casanare como “el departamento más juicioso en la radicación de proyectos para el sector salud”.

Actualmente, la gestión en salud se refleja en los siguientes avances:

  • Proyectos de adecuación menor: De 74 PAPS presentados, 24 cuentan con asignación de recursos, 6 están en proceso de resolución y los demás tienen concepto de viabilidad.
  • Transporte de pacientes: 20 ambulancias aprobadas con recursos asignados y 4 más en trámite para el Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), Aguazul y Tauramena.
  • Dotación de equipos: 105 equipos básicos de salud adjudicados, en trámite los equipos para especialistas y comunidades como la UWA.
  • Este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso con la salud y el bienestar de los casanareños, garantizando el acceso equitativo a servicios médicos de calidad, especialmente en las zonas rurales más apartadas.

“Hoy vemos los frutos de meses de trabajo conjunto. Seguiremos fortaleciendo nuestro sistema de salud, atendiendo las necesidades de nuestra gente y construyendo un Casanare más saludable para todos”, afirmó el gobernador Zorro.

Fuente: Gobernación de Casanare

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Gobernador y Alcaldes de Casanare firmaron Pacto por la Seguridad Vial

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En el marco de la Primera Cumbre de Mandatarios Pacto por la Seguridad Vial, iniciativa del gobernador César Ortiz Zorro; Casanare dio un paso contundente hacia la reducción de los índices de accidentalidad en el departamento.

Con la participación de alcaldes de los diferentes municipios y entidades nacionales como la Federación Colombiana de Municipios, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Superintendencia de Transporte, el Simit y la Procuraduría Regional, se consolidaron compromisos y estrategias conjuntas para enfrentar las muertes por siniestros viales, que reportan la pérdida de más de 140 vidas en lo corrido del 2024.

Uno de los puntos destacados del evento fue el reconocimiento de la Federación Colombiana de Municipios al gobernador César Ortiz Zorro, por la creación del primer Observatorio de Seguridad Vial en Casanare, una iniciativa pionera en Colombia que posiciona al departamento como referente en análisis de datos y planeación estratégica en movilidad.

En el marco de la cumbre, la Federación fortaleció las capacidades de los organismos de tránsito del departamento con una importante donación de equipos, que incluye 10 comparenderas digitales para sancionar infracciones en tiempo real, 4 alcohosensores para garantizar controles más efectivos sobre la conducción responsable, una cámara ANPR (Reconocimiento Automático de Placas) para monitorear y controlar vehículos en circulación, un kiosco de autoconsulta para facilitar trámites ciudadanos de manera ágil y eficiente y material pedagógico para promover la educación vial entre los habitantes de Casanare.

Durante la cumbre, el gobernador encargado Álvaro Rivera destacó que “La seguridad vial es una prioridad del gobernador César Ortiz Zorro. Este pacto simboliza nuestro compromiso conjunto para proteger vidas, con educación, tecnología y control. Además, el Observatorio de Seguridad Vial nos permitirá tomar decisiones informadas y hacer de Casanare un ejemplo para el país”.

Por su parte, la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, resaltó “Reconocemos y aplaudimos las voluntades de los alcaldes y del gobernador César Ortiz Zorro, que han hecho de la seguridad vial una prioridad. Este trabajo conjunto es clave para salvar vidas”.

Fuente: Gobernación de Casanare

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