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Palmicultores afrontan sobrecostos por cierre de la vía al Llano
Según Fedepalma, ascienden a $7.200 millones por mes
En medio del difícil panorama económico que representa el cierre de la vía al Llano para la agroindustria de la palma de aceite, los sobrecostos que enfrenta el sector palmero agudizan más la situación, ya que estos oscilan entre $4.800 y 7.200 millones al mes, aseguró Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de Fedepalma.
Indicó que estos montos se explican teniendo en cuenta que los sobrecostos en los fletes fluctúan entre $80.000 y $120.000 por tonelada dependiendo de la subzona de producción donde esté ubicada la planta de beneficio de fruto de palma de aceite.
“Es decir que los tiempos de entrega del aceite de palma de los Llanos orientales a Bogotá que estaban en alrededor de 6 horas, se han triplicado y actualmente son de 18 horas, afectándose la rotación de vehículos de carga y siendo necesario un mayor número de los mismos para transportar dichos aceites, por lo cual la calidad y la oportunidad en la entrega del producto a los clientes, se está viendo seriamente comprometida”, expuso el dirigente gremial.
Manifestó que la palma de aceite es el primer renglón agrícola en área sembrada del departamento del Meta y el segundo del Casanare, toda vez que la agroindustria palmicultora contribuye con 35 % y 25 % del PIB agropecuario de los departamentos de Meta y Casanare, respectivamente.
En efecto, los Llanos orientales representan 40 % de la producción de aceites de palma del país y produjeron alrededor de 670.000 y 45.000 toneladas de aceites de palma y palmiste en 2018, las cuales se destinan para el mercado local y de exportación, señaló Mesa Dishington.
El promedio mensual del volumen de aceites de palma y palmiste comercializado de los Llanos orientales es de cerca de 56.000 y 3.750 toneladas, respectivamente, que corresponde a alrededor de $125.000 millones y equivale a cerca de 1.870 viajes mensuales.
Capacidad de almacenamiento y propuesta del gremio de vías alternas
En lo que respecta a la capacidad de almacenamiento de aceite de palma en la zona oriental, cabe decir que es de 64.644 toneladas y los inventarios físicos en tanques son de 12.000 toneladas aproximadamente, lo que implica que se está usando actualmente 18,5 % de la capacidad.
Jens Mesa Dishington subrayó que la vía alterna Aguazul-Pajarito-Aquitania-Sogamoso tiene tráfico interrumpido y se requiere mayor fluidez para disminuir tiempos de espera de los carrotanques, así como inversiones que verdaderamente permitan el uso alterno de esta vía en situaciones como la actual.
“Igualmente hay preocupación con el estado del puente de Guacavía entre los municipios de Cumaral y Paretebueno por el tránsito que está teniendo que soportar en la coyuntura”, dijo el vocero del gremio de los palmicultores.
Mesa Dishington terminó señalando que complementario a la vía Aguazul-Pajarito-Aquitania-Sogamoso, que conectaría el centro del país con Villavicencio, es necesario considerar alternativas para la conectividad al interior de los Llanos orientales.
“En este sentido, la vía Puerto Gaitán – La Pollata – Maní – Aguazul se convierte en una necesidad para permitir que la producción del Casanare no tenga que desviarse por Cabuyaro – Villanueva. Esta vía, que actualmente se encuentra pavimentada entre Maní y Aguazul, no solo sería una alternativa frente a los cierres de la vía al Llano, sino que generaría una nueva ruta de salida de los Llanos a distintas regiones del país”, puntualizó.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
