CASANARE
Inició pavimentación de 15 kilómetros de vías urbanas en Comunas de Yopal
La Alcaldía de Yopal oficializó el inicio de obras en el contrato de pavimentación de vías urbanas, con el que se intervendrán 140 tramos en 29 barrios de las Comunas 1, 3, 4 y 5. La inversión en este ambicioso proyecto asciende a $33 mil millones de pesos.
Según el alcalde Leonardo Puentes Vargas, que además tendrá un impacto positivo en la seguridad vial, y con ello, el bienestar de miles de familias que verán su calidad de vida mejorada.
“Son más de 14 kilómetros de vías que llegarán a los barrios de las diferentes comunas de Yopal, de manera especial a la Comuna 5; uno de los sectores más poblados de la capital y que presenta condiciones socio económicas más difíciles”, mencionó el mandatario.
Puentes Vargas agradeció a todos los que tuvieron algo qué ver en la materialización de este proyecto, que inicialmente buscaba hacerle solo la repavimentación a algunas calles de la ciudad, principalmente en la comuna 1 y 2, parte de la 3 y algunas avenidas como la carrera 29, 21 y 17, que solo abarcarían unos tramos de vía.
Recordó como el equipo de profesionales de la Administración Municipal, se dio a la dispendiosa tarea de revisar cómo conseguir más recursos y lograr favorecer a una mayor cantidad de personas de la capital, llegando a un número más grande de barrios, como efectivamente se logró.
Hoy, el proyecto llegará a sectores como El Laguito, Nuevo Milenio, Los Progresos, Nuevo Hábitat, Montecarlo, entre otros, lo que implica la intervención de 29 barrios, con 12 kilómetros en la Comuna 5, con un 80% de la totalidad del contrato en dicho sector.
Este contrato será ejecutado por la Unión Temporal Construyendo Yopal, que ha dispuesto 4 frentes de trabajo, los cuales iniciaron labores de intervención en las vías así: Maranatha, Cataluña, Nuevo Hábitat 2 y el barrio Seduca.
Durante la primera parte del proyecto, profesionales de la Unión Temporal realizaron reuniones con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de los barrios intervenidos, en las cuales se firmaron compromisos importantes como garantizar que la mano de obra a contratar será de habitantes de los diferentes barrios, así como un porcentaje alto del suministro de volquetas, lo que aportará a dinamizar las economías locales de estos grupos poblacionales.
Finalmente, el Presidente de la JAC del Barrio Maranatha, Santos Achagua Espinoza, manifestó un sentido agradecimiento al alcalde Leonardo Puentes, y le dijo que por él volvían a creer en las promesas de mandatarios, porque ya habían perdido la fe, puesto que fueron muchos años en los que los políticos usaron las necesidades de estas comunidades, como promesas de campaña que jamás llegaron a cumplir.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
