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Presentan demanda para reclamar más de 500 mil hectáreas a favor de 15 pueblos indígenas

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director general y gobernador

Ante Jueces Especializados en restitución de tierras del Meta, el director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Andrés Castro, presentó una demanda étnica con la que se busca restituir los derechos territoriales en favor de las 15 pueblos indígenas que hacen parte del resguardo Arará, Bacatí, Carurú y Lagos de Jamaicurú, ubicado en los municipios de Carurú (Vaupés) y Miraflores (Guaviare).

El resguardo abarca un área de aproximadamente 264.800 hectáreas de tierra, así como los territorios solicitados en ampliación que ocupan 242.100 hectáreas. El objetivo es lograr que la comunidad involucrada pueda acceder a su derecho fundamental a la restitución y hacer goce efectivo de su territorio ancestral de acuerdo a la cultura, cosmovisión y formas de organización propias.

Caso emblemático

Algunas de las afectaciones de la violencia en la zona tuvieron un impacto sociocultural en las comunidades indígenas. La proliferación de cultivos ilícitos, los procesos conexos a estas actividades de narcotráfico, la minería ilícita, la siembra de minas antipersona y los continuos enfrentamientos entre grupos armados ilegales para controlar el territorio generaron consecuencias ambientales, a la autonomía y al gobierno propio, así como violaciones a los derechos humanos.

“La presentación de esta demanda representa un caso emblemático que conduce a la reparación histórica de comunidades indígenas del suroriente del país”, afirmó el director Castro.

Con la demanda también se busca la adopción de las medidas de atención y asistencia humanitaria; la implementación de actividades de acción integral contra minas antipersona; la realización sostenible de brigadas de atención en salud; la garantía de derecho a la consulta previa, recuperación de sus prácticas culturales y el fortalecimiento del gobierno propio; la ampliación del resguardo; y la documentación de los hechos victimizantes sucedidos por las acciones de grupos delincuenciales, entre otras pretensiones.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía

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La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.

La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.

A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.

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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán

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Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.

Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.

Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.

El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.

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Fiscalía investiga muerte de civil durante operación militar en Vista Hermosa, Meta

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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.

Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.

Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.

Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.

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