META
Otra vez Alan Jara en problemas, contrató viviendas para indígenas y no las terminaron
Un contrato por $21 mil millones de pesos para construir 517 viviendas rurales para población indígena del departamento del Meta, suscrito por la Secretaría de Vivienda de la administración del entonces Gobernador Alan Jara, generó un hallazgo fiscal por $13.885 millones, las viviendas no fueron terminadas y las pocas que alcanzaron a ser construidas presentan graves deficiencias estructurales.
El 19 de octubre de 2015 la Gobernación del Departamento del Meta suscribió a través del Secretario de Vivienda para la época, Luis Alberto Rodríguez Medina, el contrato de obra N° 1470 de 2015, el cual fue ejecutado en su totalidad con recursos del Sistema General de Regalías por $21.030.958.345,72 con la Unión Temporal (UT) Vivienda de Interés Prioritario Indígena del Meta, representada legalmente, en su momento, por el señor Néstor William Bravo Bermúdez.
La ejecución del proyecto tenía una plazo de 10 meses y hoy se completan 3 años y 5 meses sin que la obra tenga ningún avance significativo. A 31 de julio de 2018 el contrato había evidenciado 6 prorrogas y una adición de $2.213 millones.
Llama la atención que del valor inicial del contrato ($21.030 millones) y a escaso un mes de terminar la administración del exgobernador Alan Jara, se giró el 50% de este valor a título de anticipo, es decir la suma de $10.515 millones de pesos.
Viviendas inconclusas, con defectos estructurales y no habitables
Esta Actuación Especial de la CGR fue adelantada por la recién creada Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, que en los meses de marzo, abril y mayo hizo visita técnica al total de las viviendas, ubicadas en zona rural de los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, La Uribe y Mesetas (Meta).
La visita técnica de la Contraloría se hizo casa por casa, en zonas veredales del Meta, evidenciando que no fueron terminadas y lo poco que se ha construido no cumple con las especificaciones técnicas contratadas, ni con las normas de sismoresistencia vigentes, tienen daños de tipo estructural, no tienen condiciones básicas de habitabilidad, además que las obras fueron abandonadas por el contratista en el 2018.
Varias etnias indígenas han resultado afectadas por la no terminación de este proyecto: Sikuani, Achagua, Piapoco, Embera-Katio, Los Páez y Nasa, entre otras.
Las inconsistencias fiscales detectadas en esta Actuación Especial se trasladarán en lo disciplinario a la Procuraduría y en lo penal a la Fiscalía. Y, por su parte, la Contraloría General de la República adelantará con carácter urgente el respectivo proceso de responsabilidad fiscal.
No era dinero del contratista, sino de la Gobernación del Meta
Ante la evidencia de estructuras sin finalizar y con defectos constructivos, obras ejecutadas de manera incompleta, muros sin confinamientos, hierros expuestos, tuberías abandonadas y cristalizadas, inestabilidad estructural por elementos sin amarres, fisuras y grietas, es claro que el proyecto contratado no cumplía su finalidad y sí se generó un daño patrimonial por la no amortización o inversión del anticipo de $10.515 millones y del resto de pagos efectuados por cerca de $3.370 millones.
La Contraloría señaló también que el anticipo girado al contratista es un recurso público, que se entregó en este caso a la Unión Temporal Vivienda de Interés Prioritario Indígena del Meta, a título de financiación o préstamo, para que lo destinara a los costos del contrato. No era un dinero del contratista sino de la Gobernación del Meta, para ser invertido y amortizado en cada pago parcial o definitivo del contrato.
Para la Contraloría, la Secretaría de Vivienda del Meta no cumplió con sus obligaciones de supervisión al contrato, así como también fue ineficiente la interventoría externa, a cargo del Consorcio Awaliba, cuyo representante legal en ese momento era el señor Iván Mauricio Aroca Cáceres.
Fuente: Contraloría General de la República
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
