META
Otra vez Alan Jara en problemas, contrató viviendas para indígenas y no las terminaron
Un contrato por $21 mil millones de pesos para construir 517 viviendas rurales para población indígena del departamento del Meta, suscrito por la Secretaría de Vivienda de la administración del entonces Gobernador Alan Jara, generó un hallazgo fiscal por $13.885 millones, las viviendas no fueron terminadas y las pocas que alcanzaron a ser construidas presentan graves deficiencias estructurales.
El 19 de octubre de 2015 la Gobernación del Departamento del Meta suscribió a través del Secretario de Vivienda para la época, Luis Alberto Rodríguez Medina, el contrato de obra N° 1470 de 2015, el cual fue ejecutado en su totalidad con recursos del Sistema General de Regalías por $21.030.958.345,72 con la Unión Temporal (UT) Vivienda de Interés Prioritario Indígena del Meta, representada legalmente, en su momento, por el señor Néstor William Bravo Bermúdez.
La ejecución del proyecto tenía una plazo de 10 meses y hoy se completan 3 años y 5 meses sin que la obra tenga ningún avance significativo. A 31 de julio de 2018 el contrato había evidenciado 6 prorrogas y una adición de $2.213 millones.
Llama la atención que del valor inicial del contrato ($21.030 millones) y a escaso un mes de terminar la administración del exgobernador Alan Jara, se giró el 50% de este valor a título de anticipo, es decir la suma de $10.515 millones de pesos.
Viviendas inconclusas, con defectos estructurales y no habitables
Esta Actuación Especial de la CGR fue adelantada por la recién creada Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, que en los meses de marzo, abril y mayo hizo visita técnica al total de las viviendas, ubicadas en zona rural de los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, La Uribe y Mesetas (Meta).
La visita técnica de la Contraloría se hizo casa por casa, en zonas veredales del Meta, evidenciando que no fueron terminadas y lo poco que se ha construido no cumple con las especificaciones técnicas contratadas, ni con las normas de sismoresistencia vigentes, tienen daños de tipo estructural, no tienen condiciones básicas de habitabilidad, además que las obras fueron abandonadas por el contratista en el 2018.
Varias etnias indígenas han resultado afectadas por la no terminación de este proyecto: Sikuani, Achagua, Piapoco, Embera-Katio, Los Páez y Nasa, entre otras.
Las inconsistencias fiscales detectadas en esta Actuación Especial se trasladarán en lo disciplinario a la Procuraduría y en lo penal a la Fiscalía. Y, por su parte, la Contraloría General de la República adelantará con carácter urgente el respectivo proceso de responsabilidad fiscal.
No era dinero del contratista, sino de la Gobernación del Meta
Ante la evidencia de estructuras sin finalizar y con defectos constructivos, obras ejecutadas de manera incompleta, muros sin confinamientos, hierros expuestos, tuberías abandonadas y cristalizadas, inestabilidad estructural por elementos sin amarres, fisuras y grietas, es claro que el proyecto contratado no cumplía su finalidad y sí se generó un daño patrimonial por la no amortización o inversión del anticipo de $10.515 millones y del resto de pagos efectuados por cerca de $3.370 millones.
La Contraloría señaló también que el anticipo girado al contratista es un recurso público, que se entregó en este caso a la Unión Temporal Vivienda de Interés Prioritario Indígena del Meta, a título de financiación o préstamo, para que lo destinara a los costos del contrato. No era un dinero del contratista sino de la Gobernación del Meta, para ser invertido y amortizado en cada pago parcial o definitivo del contrato.
Para la Contraloría, la Secretaría de Vivienda del Meta no cumplió con sus obligaciones de supervisión al contrato, así como también fue ineficiente la interventoría externa, a cargo del Consorcio Awaliba, cuyo representante legal en ese momento era el señor Iván Mauricio Aroca Cáceres.
Fuente: Contraloría General de la República
META
Unidad de rescate de fauna silvestre disponible 24/7 en el Meta para proteger animales en riesgo
Cormacarena recuerda que cuenta con la unidad de rescate de fauna silvestre, un servicio disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, destinado exclusivamente a la atención de animales silvestres en situación de riesgo.
A través de la línea de atención 321 4820327, un equipo especializado, conformado por médicos veterinarios, zootecnistas y biólogos capacitados, atiende casos de animales silvestres en lugares inadecuados, heridos o víctimas de atropellamiento en vías.
Durante el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., la unidad también recibe entregas voluntarias de fauna silvestre y atiende denuncias sobre tenencia ilegal. Este proceso se realiza de forma confidencial y sin sanciones, siempre que la entrega sea voluntaria.
Después de ese horario, solo se atienden emergencias relacionadas con animales silvestres dentro de viviendas u otros espacios que representen peligro tanto para el animal como para las personas. Es importante aclarar que la unidad no atiende animales domésticos como perros o gatos, ya que su labor se enfoca exclusivamente en la conservación de la fauna silvestre.
Cormacarena invita a la comunidad a proteger la biodiversidad y a hacer uso responsable de este servicio, reportando oportunamente cualquier situación que ponga en riesgo la vida silvestre en el departamento del Meta.
Fuente: Comunicaciones Cormacarena
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de tres presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado “Los Tomates”, por su presunta participación en el crimen del líder social, Olimpo Castillo Sastoque, ocurrido el 24 de julio de 2022 en el municipio de San Martín.
La víctima fue atacada por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta en el momento que llegaba a su vivienda, causándole la muerte.
Olimpo Castillo Sastoque, era representante de una asociación de comunidades desplazadas, y lideraba acciones de restitución de tierras en la región.
Los procesados son Héctor Fernando Pérez, alias “Tomate”, señalado cabecilla del grupo criminal; además los coordinadores de homicidios, Yeison Fabián Padilla Jaime, alias Colchón Viejo; y Alexander Trujillo Herrera, alias Cachi.
Un fiscal les imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los procesados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento en diferentes inmuebles de San Martín, en las que les incautaron un arma de fuego, municiones y celulares.
En los operativos también capturaron a Juan David Morales Aristizábal, alias El Paisa; e Ingrith Tatiana Ascencio Acosta, alias Moni, quienes fueron procesados por el delito de concierto para delinquir agravado.
Por disposición de un juez de control de garantías les fue impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario a los cinco procesados.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Dixon Alberto Galantón Franco, por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión, receptación; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Según la Fiscalía, el procesado estaría involucrado en las exigencias económicas ilegales a un comerciante en Meta. La víctima se negó a pagar las extorsiones y por esta razón el pasado 27 de mayo, Galantón Franco junto a otro hombre, se dirigieron hasta su finca en zona rural de Puerto Gaitán, para presuntamente atentar contra uno de los trabajadores.
Los hombres fueron sorprendidos por tropas de la Séptima Brigada del Ejército Nacional, quienes los requirieron y en ese momento les comenzaron a disparar, hiriendo a uno de los uniformados. En los hechos, uno de los señalados extorsionistas resultó lesionado y, al ser trasladado a Villavicencio, falleció.
La Fiscalía evidenció que desde el pasado 8 de mayo, el comerciante venía recibiendo llamadas de personas que se identificaban como integrantes de un grupo armado ilegal, en las que le exigían el pago de una alta suma de dinero para preservar su vida, la de su familia y trabajadores.
Agentes del CTI, con apoyo del Ejército Nacional, capturaron a Galantón Franco, después de que la Fuerza Aeroespacial Colombiana lo trasladara a Villavicencio. Además, se logró la incautación de panfletos alusivos al grupo armado ilegal, una motocicleta, un celular y un arma de fuego.
El procesado no aceptó cargos y le fue impuesta una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
