CASANARE
Mujer no aceptó cargos por homicidio de Nancy Mesa pero fue enviada a la cárcel
A la cárcel de La Guafila fue enviada Liliana Mendoza, la mujer imputada por el asesinato de la contratista de la Gobernación de Casanare María Nancy Mesa, el pasado 07 de enero en horas de la noche en una riña en el barrio Montecarlo de Yopal.
La decisión fue tomada por el Juzgado 2° Penal Municipal que realizó las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento invocadas por la Fiscalía, luego que la indiciada hubiese quedado en libertad el pasado miércoles, al evidenciarse por parte de la Fiscalía que su captura no se dio en flagrancia, y por lo tanto se corría peligro que se decretara ilegal por parte del Juez.
Ante esta situación la Fiscalía optó por no presentar la indiciada ante el Juez, pero una vez recuperó la libertad solicitó de inmediato las audiencias que se cumplieron ayer.
Óscar Sampayo, abogado representante de las víctimas, indicó que la decisión del Juez se motivó en el peligro que representa para la sociedad dejar en libertad a la imputada, teniendo en cuenta que según el testimonio de 7 testigos, la discusión inició por un tema fútil (sin importancia), pero su nivel de intolerancia le llevó a terminar con la vida de Nancy Mesa.
“El Juez tomó la determinación basado en los elementos materiales de prueba, en la calidad de la conducta, y en las demás circunstancias que establece la Ley 906. La medida se impuso para proteger a la comunidad de unas agresiones como estas tan intolerantes. No había lugar a causarle la muerte a una persona como el tema que hoy nos ocupa”, indicó el profesional del Derecho.
La imputación de cargos realizada por la Fiscalía se hizo por el delito de homicidio agravado por un hecho fútil. Según explicó el jurista, la discusión entre las féminas inició por temas de vanidades, lo que sumado a la ingesta de bebidas alcohólicas terminó en el asesinato de la joven mujer, que dejó dos hijos y una nieta por quienes respondía.
Liliana Mendoza, la mujer que fue imputada por estos cargos por parte de la Fiscalía, no aceptó los cargos y el ente acusador dispone de sesenta (60) días para presentar el escrito de acusación ante el Juez, en el marco del proceso judicial. Se conoció de dentro del material probatorio existen testimonios de testigos y un video donde se observa a la imputada regresando a su casa con el cuchillo en la mano, luego de ocurridos los hechos.
Por ahora, los menores están bajo la tutela de un hermano de la occisa, mientrar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar determina quién tendrá esta responsabilidad.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
