CASANARE
Jorge Ernesto Silva, nuevo Agente Interventor de la EAAAY
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, aceptó la renuncia de la agente interventora de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal -EAAAY-, Luz Amanda Camacho, y posesionó a Jorge Ernesto Silva Gómez, como cabeza de la entidad.
Con esta decisión se espera culminar de manera exitosa el proceso de intervención de la EAAAY que inició el 3 de mayo de 2013, luego de la emergencia producida por el desastre natural ocurrido en mayo de 2011 que tuvo como consecuencia el derrumbe de la planta de tratamiento La Tablona que generó la suspensión del servicio de acueducto por 8 días continuos, y nuevamente en abril de 2012, por el colapso de las tuberías de conducción.
“No vamos a descansar hasta que los habitantes de Yopal reciban un servicio con la cobertura, continuidad y calidad que se merecen y que contempla la normatividad vigente. La intervención obedeció a las deficiencias en calidad del agua suministrada en red de distribución, continuidad en la prestación del servicio, así como el incumplimiento en la normatividad y en el cargue de la información al SUI, situaciones que están siendo superadas por la empresa”, informó la superintendente.
Entre las responsabilidades que asume el nuevo agente interventor, Jorge Ernesto Silva Gómez, se encuentra el desarrollar un informe de la situación actual de la EAAAY para que la Superservicios pueda tomar una decisión frente a su entrega a la administración municipal de Yopal.
Silva Gómez administrador de empresas, especialista en Finanzas, en Desarrollo institucional de empresas prestadoras de servicios y en Estructuración de proyectos. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector de agua potable. Trabajó 10 años en el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico como subdirector de Gestión Empresarial y coordinador del Grupo de Estructuración. Por 10 años hizo parte de Findeter y fue vicepresidente financiero de Metrocali. También laboró en el Fondo de Inversión para la Paz de la Presidencia de la República – Acción Social. Recientemente se desempeñó como agente especial en dos prestadores de Tolima: la Empresa de Servicios Públicos de Flandes, actualmente en intervención por Superservicios; y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal, devuelta a la administración municipal en diciembre de 2017.
Por último, la superintendente Avendaño aseguró que se debe concretar un esquema para que los recursos del recaudo se destinen a la inversión que requiere la empresa; así como al pago de la deuda que la empresa tiene con el Fondo Empresarial de la Superintendencia luego de que éste la asumiera frente al contratista de la planta alterna, ante la imposibilidad financiera que tenía la empresa para hacerlo. El pago de la deuda es condición para la entrega de la infraestructura al municipio.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Michael Alexis Botía Gutiérrez, alias “Popi”, y a William Stiven Botía Gutiérrez, hermanos señalados de dedicarse al tráfico local de estupefacientes en distintos sectores de Yopal. Un fiscal de la Seccional Casanare les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Las capturas se realizaron en flagrancia durante una diligencia de allanamiento y registro adelantada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, en una vivienda ubicada en el barrio Flor Amarillo de Yopal.
En medio del operativo, las autoridades incautaron un revólver calibre 38, 13 cartuchos, cerca de 300 gramos de clorhidrato de cocaína, 600 gramos de marihuana, cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para la dosificación y comercialización de sustancias alucinógenas.
Tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Michael Alexis Botía Gutiérrez, mientras avanzan las investigaciones para establecer el alcance de las actividades ilegales que presuntamente desarrollaban los hermanos Botía.
La Alcaldía de Yopal adjudicó oficialmente el contrato para la demolición mecánica de las Torres del Silencio, proyecto de vivienda que durante cerca de 14 años mantuvo en vilo a sus ocupantes, por las protuberantes fallas estructurales que hacían temer que en cualquier momento iban a colapsar, por lo que las autoridades, después de un estudio de patología y muchas cosas más, determinaron que lo mejor era evacuarlas y demolerlas, para dar paso a un nuevo proyecto.
De acuerdo con el proceso publicado en SECOP II, la Licitación Pública fue otorgada a la empresa Ingoser Ingeniería de Obras y Servicios S.A.S., domiciliada en Fonseca, Guajira. Se presentaron cinco oferentes a nivel nacional, y tras cumplir cada una de las etapas únicamente Ingoser S.A.S. logró quedar habilitada en todos los requisitos exigidos.
El contrato fue adjudicado por un valor de $1.593.743.720, con un plazo de 45 días de ejecución y contempla la demolición de la infraestructura de las torres, una vez se complete la etapa de legalización y firma electrónica del contrato.
Luego de esta adjudicación, cuya audiencia final duró cerca de 8 horas con suspensiones y demás, la Alcaldía de Yopal debe dar inicio en próximos días, a la demolición de las Torres del Silencio, para que la Gobernación entre a construir el nuevo proyecto.
Un robusto dique construido en la vereda San Pascual en Yopal, ha devuelto la tranquilidad a más de 500 familias de El Amparo, San Pascual y El Barbillal, protegiéndolas de las fuertes crecientes del río Cravo Sur. La obra, entregada hace un año, ha permitido que comunidades campesinas vuelvan a sembrar y transitar con normalidad en zonas que antes eran arrasadas por el afluente.
Con la llegada de la actual temporada de lluvias, Wilson Porras, director de Gestión del Riesgo, realizó un monitoreo exhaustivo al comportamiento de la estructura. Los resultados confirmaron su efectividad, garantizando la protección de cultivos, viviendas y la vía de acceso, puntos críticos que históricamente sufrían las embestidas del río.
La obra, culminada en mayo de 2025, se ejecutó mediante la instalación de bolsas tipo big bag y mantos de control de erosión en un punto donde el afluente solía desbordarse. Durante años, las familias campesinas presenciaron cómo el río destruía sus sembrados, aislaba sus viviendas y convertía amplias zonas productivas en terrenos inservibles; un panorama que hoy ha cambiado radicalmente.
Este proyecto se erige como un modelo de articulación interinstitucional, involucrando al gobierno de César Ortiz Zorro, la Alcaldía de Yopal, diputados, el sector privado y la propia comunidad. El éxito y el impacto positivo de la intervención han llevado a que esta obra sea tomada como piloto para la construcción de cinco jarillones adicionales, que actualmente se están finalizando en los municipios de Paz de Ariporo, Nunchía, Trinidad, Aguazul y Villanueva.
