CASANARE
Jorge Ernesto Silva, nuevo Agente Interventor de la EAAAY
La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, aceptó la renuncia de la agente interventora de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal -EAAAY-, Luz Amanda Camacho, y posesionó a Jorge Ernesto Silva Gómez, como cabeza de la entidad.
Con esta decisión se espera culminar de manera exitosa el proceso de intervención de la EAAAY que inició el 3 de mayo de 2013, luego de la emergencia producida por el desastre natural ocurrido en mayo de 2011 que tuvo como consecuencia el derrumbe de la planta de tratamiento La Tablona que generó la suspensión del servicio de acueducto por 8 días continuos, y nuevamente en abril de 2012, por el colapso de las tuberías de conducción.
“No vamos a descansar hasta que los habitantes de Yopal reciban un servicio con la cobertura, continuidad y calidad que se merecen y que contempla la normatividad vigente. La intervención obedeció a las deficiencias en calidad del agua suministrada en red de distribución, continuidad en la prestación del servicio, así como el incumplimiento en la normatividad y en el cargue de la información al SUI, situaciones que están siendo superadas por la empresa”, informó la superintendente.
Entre las responsabilidades que asume el nuevo agente interventor, Jorge Ernesto Silva Gómez, se encuentra el desarrollar un informe de la situación actual de la EAAAY para que la Superservicios pueda tomar una decisión frente a su entrega a la administración municipal de Yopal.
Silva Gómez administrador de empresas, especialista en Finanzas, en Desarrollo institucional de empresas prestadoras de servicios y en Estructuración de proyectos. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector de agua potable. Trabajó 10 años en el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico como subdirector de Gestión Empresarial y coordinador del Grupo de Estructuración. Por 10 años hizo parte de Findeter y fue vicepresidente financiero de Metrocali. También laboró en el Fondo de Inversión para la Paz de la Presidencia de la República – Acción Social. Recientemente se desempeñó como agente especial en dos prestadores de Tolima: la Empresa de Servicios Públicos de Flandes, actualmente en intervención por Superservicios; y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal, devuelta a la administración municipal en diciembre de 2017.
Por último, la superintendente Avendaño aseguró que se debe concretar un esquema para que los recursos del recaudo se destinen a la inversión que requiere la empresa; así como al pago de la deuda que la empresa tiene con el Fondo Empresarial de la Superintendencia luego de que éste la asumiera frente al contratista de la planta alterna, ante la imposibilidad financiera que tenía la empresa para hacerlo. El pago de la deuda es condición para la entrega de la infraestructura al municipio.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoce que la mujer fue citada esta mañana hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
