META
Senadora Maritza Martínez insiste se certifique calidad de las obras de la vía Bogotá – Villavicencio
Un saldo de cinco muertos y varios heridos es el lamentable resultado de la caída de una parte de la estructura del puente La Pala, ubicado en el km 65+60 de la vía Bogotá – Villavicencio.
Tras conocerse esta lamentable noticia, la senadora Maritza Martínez Aristizábal manifestó su profundo pesar por el terrible desenlace de este incidente, y no vaciló en reclamar a las concesionarias que tienen a su cargo la adecuación del corredor vial por las fallas estructurales que se han presentado en varios tramos durante los últimos meses.
“En enero, abril y noviembre de este año le he insistido a la ANI y al Ministerio de Transporte, en la necesidad de evaluar la calidad y seguridad de las obras que tienen a su cargo las concesionarias Coviandes y Coviandina en la vía que conecta a los llanos con el centro del país. Hoy reitero esta solicitud, los usuarios deben recibir información técnica confiable sobre las condiciones de ingeniería de los túneles, puentes y viaductos que se encuentran en construcción”,afirmó Martínez Aristizábal.
Ante este panorama la Senadora recordó que no es la primera vez que ocurren estos sucesos.
“Hace casi un año se desplomó el puente Chirajara, a pocos kilómetros del lugar donde ocurrió este nuevo incidente, y a eso debemos sumarle la problemática existente en los túneles de Quebrada Blanca, el colapso del túnel Buenavista II en julio del año pasado, el deplorable estado de la antigua vía Bogotá-Villavicencio y los constantes cierres viales; además de la clausura de un importante tramo a la altura del km 46 desde junio pasado, lugar donde cuatro personas perdieron la vida a causa de un desprendimiento de roca sin que aun la concesionaria de una solución definitiva a esta situación”.
La Congresista reiteró la solicitud que hace pocos días hizo a la Ministra de Transporte con relación al alza injustificada en la tarifa de los peajes en la vía al llano, el cual no corresponde con la calidad y seguridad de la misma.
“Hechos como este reafirman nuestra posición frente a la necesidad de agilizar el proceso sancionatorio que se adelanta a la concesionaria para congelar y disminuir el valor de los peajes; y que las multas que se le impongan a Coviandes y Coviandina por hechos como este o el del puente Chirajara, se vean reflejadas en una disminución sustancial de las tarifas”, puntualizó la Senadora.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
META
Ordenan compensar y reparar integralmente a familia que sufrió despojo de 3.400 hectáreas en Mapiripán
La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá reconoció que una familia fue víctima de desplazamiento forzado y despojo en la vereda La Cooperativa, en zona rural de Mapiripán (Meta), a manos de actores armados ilegales durante los años más crudos del conflicto armado.
El tribunal declaró su derecho fundamental a la restitución de los predios ‘La Rinconada’, ‘La Rinconada I’ y ‘La Rinconada II’, que suman más de 3.400 hectáreas, y ordenó que se realice por compensación económica y/o en equivalente ambiental, debido a las situaciones actuales de reserva forestal y exploración petrolera en la zona.
Los terrenos fueron adquiridos en 1981, cuando el jefe del hogar compró la posesión y mejoras del hato. Años después, el INCORA formalizó la adjudicación de estas tierras rurales a la familia y en 1997 expidió las resoluciones, que quedaron protocolizadas mediante escrituras públicas en febrero de 2000.
La sentencia relata que la familia vivió y trabajó los predios como una sola unidad productiva ganadera. Sin embargo, la violencia irrumpió en 1987 con la llegada de guerrilleros a la zona, quienes comenzaron a llevarse ganado. La situación se agudizó en 1997, tras la toma armada de Mapiripán y los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, lo que obligó un desplazamiento inicial de la pareja y sus hijos hacia San Martín (Meta), si bien intentaron mantener la actividad ganadera,
el episodio más devastador ocurrió el 15 de octubre de 1999, cuando miembros del Frente 45 de las Farc, al mando de alias “Beto”, ingresaron a ‘La Rinconada II’, robaron el ganado y quemaron la casa, provocando el abandono definitivo de las tierras y el desplazamiento forzado de la familia hacia Cali.
El tribunal consideró que estos hechos configuraron también despojo, pues años después los terrenos fueron ocupados por terceros sin autorización de los propietarios legítimos. El fallo también dispuso que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) evalúe las adjudicaciones de los predios y determine si es necesaria su revocatoria para garantizar la reparación de las víctimas.
“Esta sentencia reivindica los derechos de los integrantes de esta familia, quienes fueron despojados y desplazados por la violencia en Mapiripán. Es el resultado de un trabajo jurídico riguroso de la URT, en articulación con el tribunal y las entidades del Estado, para garantizar que se haga justicia sin causar nuevos daños”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad en el Meta.
El fallo reconoce que, aunque algunos opositores no acreditaron buena fe exenta de culpa, otros campesinos en situación de vulnerabilidad deben recibir medidas de protección bajo el enfoque de “acción sin daño”, que busca no agravar los conflictos en el territorio.
Fuente: El Diario del Llano
En el marco de la ofensiva nacional contra el narcotráfico, la Policía Nacional incautó 1,2 toneladas de marihuana pertenecientes a las disidencias de las Farc, durante un operativo realizado en el eje vial Bogotá–Villavicencio.
Según el informe policial, el cargamento era transportado en un furgón que cubría la ruta desde Popayán hacia Venezuela, y fue detectado gracias a labores de inteligencia y control desplegadas por unidades de la institución.
El Director General de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, informó que en el procedimiento fue capturado el conductor del vehículo, quien presenta antecedentes judiciales por homicidio, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego. Además, el automotor utilizado para el transporte del estupefaciente fue inmovilizado.
Según las autoridades, la marihuana incautada tenía como destino final el mercado venezolano, donde sería distribuida por redes criminales asociadas a las disidencias. Con este resultado se evitó la circulación de aproximadamente 2,4 millones de dosis, representando una afectación a las finanzas ilegales por más de 773 millones de pesos.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de control en los corredores estratégicos del país, con el propósito de desarticular las estructuras narcotraficantes y reducir el impacto del crimen organizado en los territorios.
Fuente: El Diario del Llano
Por disposición de un Juez de Control de Garantías, a la cárcel fueron enviados Junior Arango Díaz y Juan Pablo Castillo Neira, señalados de disparar contra un establecimiento comercial para que sus propietarios pagaran una extorsión, en el municipio de Granada.
Un fiscal de la Seccional Meta les formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y terrorismo, extorsión en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; todas las conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron la noche del pasado 29 de septiembre en el centro de Granada, donde, los hoy
procesados, al parecer, dispararon en varias oportunidades al local comercial. Se evidenció que los propietarios del lugar venían siendo víctimas de extorsión, por parte de supuestos integrantes de ‘ERPAC Renacer’.
Los procesados fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional, en vía pública de la vereda Alto Iracá del municipio de San Martín. Se logró la incautación de una motocicleta, un revólver, panfletos extorsivos y equipos móviles.
Fuente: El Diario del Llano
