CASANARE
Dos exgobernadores y varios exfuncionarios condenados en Casanare por la Contraloría General
La Contraloría General de la República dejó en firme cuatro fallos con responsabilidad fiscal, que suman $9.842 millones de pesos, por igual número de casos de corrupción declarados de impacto nacional sucedidos en el departamento de Casanare.
Los casos involucran a dos exgobernadores (Helí Cala López y Whitman Herney Porras), al exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, Fernando Fonseca Rodríguez, y a más de una docena de contratistas, entre otros.
Los daños patrimoniales sobre los cuales se produjo fallo definitivo por parte de la Contraloría tienen que ver con cuatro obras inconclusas:
-. El Sistema que iba a permitir la adecuación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Municipio de Yopal, contratado en agosto de 2011 por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal (EAAAI) con el Consorcio INISA, donde se presentó incumplimiento del contratista y se perdió el anticipo del 50% que le fue entregado a éste ($3.855 millones).
-. La construcción de la Biblioteca Pública del municipio de Paz de Ariporo, que debió haber sido construida hace 13 años. Hoy es inoperante, no presta ningún servicio a la comunidad y su deterioro se aumenta con el paso del tiempo, dando paso a ser usada para actos de vandalismo.
-. La construcción del Sistema de Acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del Municipio de Recetor, otro proyecto fallido. Las obras se encuentran inconclusas y en estado de abandono y, además, no cumplen con la finalidad identificada en los estudios previos. Y, al momento de la actuación de la Contraloría, de los 54 sistemas individuales de abastecimiento y potabilización, no se encontraba construido ni siquiera uno.
-. Y un proyecto de vivienda de interés social en el municipio de Villanueva, la Urbanización Villa Mariana, que iba a beneficiar a 96 familias, no fue terminado y quedó abandonado y donde el contratista (C.I. Desarrollo Territorial S.A.) recibió pagos por obras incompletas y sin las condiciones técnicas requeridas.
Los fallos de primera instancia fueron producidos por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR y quedaron en firme al resolverse los respectivos recursos de apelación por parte del Despacho del Contralor General de la República.
Fallo contra exgobernadores Cala y Porras
La Contraloría dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $3.012 millones de pesos contra los exgobernadores Helí Cala López y Whitman Herney Porras, por el detrimento patrimonial que se dio con los inconvenientes de planeación que llevaron a dejar inconclusa la construcción de la Biblioteca Pública del municipio de Paz de Ariporo.
La condena fiscal cobija también a los contratistas y miembros del Consorcio Alejandría: Diseños y Construcciones Civiles DCC S.A.S., CISMO LTDA. y ARGEU S.A., así como a los interventores y miembros de la unión temporal D&C INGENIERÍA: Diego Fernando Fonseca Chávez y COMSER LTDA.
El organismo de control confirmó el fallo en sede de apelación y consulta, teniendo en cuenta las siguientes situaciones:
*Se produjo un menoscabo a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, derivado de la falta de planeación del proyecto.
*Faltó verificación de los estudios previos.
*Se evidenció falta de seguimiento y manejo eficiente de los recursos públicos.
*Y hubo incumplimiento de los contratos de obra e interventoría.
Un proyecto fallido, por falta de planeación
El Departamento de Casanare, en cabeza de su entonces Gobernador (E), Helí Cala López, suscribió el Convenio Interadministrativo 0074 del 31 de mayo de 2005 con el Ministerio de Cultura, con el objeto de aunar esfuerzos institucionales en procura de construir y dotar las bibliotecas públicas de los municipios de Yopal, Paz de Ariporo y Villanueva.
Para construir y dotar las referidas bibliotecas públicas, la empresa PROARCO LTDA elaboró los estudios previos, los cuales fueron revisados por el Ministerio de Cultura – Coordinador de Infraestructura del proyecto- y por el Fondo Nacional de Desarrollo – FONADE.
Posteriormente, el Departamento de Casanare suscribió los contratos de obra e interventoría para la construcción de la biblioteca pública de Paz de Ariporo e interventoría correspondiente, contratos en los que se establecieron como obligaciones, entre otras, la de estudiar todos los factores que pudieran influir en la ejecución de los trabajos a contratar, cumplir con la calidad y entrega del trabajo y con las obligaciones contempladas en los pliegos de condiciones definitivos.
No obstante, pese a ser su obligación, los contratistas no detectaron las falencias de los estudios previos y las fallas en la cuantificación de la obra, antes de suscribir los contratos respectivos.
Una vez iniciada la obra e interventoría, se evidenciaron los inconvenientes de planeación, pese a lo cual, tanto los ex gobernadores como los contratistas e interventores continuaron con la ejecución de la obra, que en definitiva no pudo ser terminada por cuanto los recursos presupuestados no contemplaban la totalidad de ítems necesarios, ni coincidían las condiciones del terreno sobre el que se proyectó.
Por lo anterior, no se cumplió con el objeto contractual, la obra quedó inconclusa, es inoperante, no presta ningún servicio a la comunidad y su deterioro se aumenta con el paso del tiempo, dando paso a ser usada para actos de vandalismo, generando el daño fiscal que motivó la condena contra los 2 exgobernadores y los contratistas comprometidos.
Fallo con responsabilidad fiscal, por $3.347 millones, por otra obra inconclusa: el Acueducto del Municipio de Recetor
En lo que tiene que ver con la construcción del Sistema de Acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del Municipio de Recetor, la Contraloría General de la República confirmó un fallo con responsabilidad fiscal por $3.347 millones de pesos contra las firmas contratistas, interventorías y supervisores de este otro fallido proyecto.
Es así como, como resultado de sus conductas activas y omisivas con culpa grave, fueron condenados fiscalmente, varios miembros de la administraciones departamental y local para la época de los hechos, como: Armando Alfredo Vargas Fuentes (Secretario de Obras Públicas y Transporte del Departamento), Rodrigo Tadeo Flechas Ramírez (Director de Contratación del Departamento), Jhon Miller Domínguez Liévano (Gerente de las Empresas Públicas de Recetor), Helberth Heriberto Niño Reyes (Gerente de las Empresas Públicas de Recetor), Nixon Hilton Pacheco Vega (supervisor de la Secretaría de Obras de la Gobernación de Casanare) y Cristian Andrés Ortega (Supervisor del Contrato).
Y los siguientes contratistas:
MARIA VICTORIA MORA FONSECA, J. J. CONSTRUCTORES Y CIA LTDA, CORPORACIÓN HUELLAS DE PAZ, MARTHA YORLENY JIMÉNEZ ARANGUREN, DIEGO IGNACIO ARENAS y CONSTRUCCIONES DEICO LTDA.
En este caso, se tuvieron como hechos generadores del daño patrimonial, las siguientes circunstancias:
*Deficiencias en la planeación, concretamente en los estudios y diseños que antecedieron los convenios interadministrativos N°0067 y N°0069 de 2010, y el Contrato de Obra Pública EPR0008 del mismo año, toda vez que eran apenas incipientes.
*Indebida administración de los recursos entregados en anticipo del valor del contrato: Los recursos no fueron aplicados en su totalidad a la ejecución de la obra pública, sino que presuntamente se utilizaron en beneficio del contratista de obra o de un tercero, lo que conllevó a su incumplimiento.
*La no ejecución de la obra derivada de la presunta deficiencia en la prestación del servicio de interventoría ofrecido por el Consorcio D&A 079, con base en el Contrato de Consultoría N°0257 de 14 de febrero de 2011, ya que no fue eficiente ni eficaz, en controlar la adecuada realización de la obra y no previno oportunamente la paralización del contrato.
Esto debido a deficiencias en la planeación de estudios y diseños y por la indebida administración de los recursos entregados en anticipo del valor del contrato de obra, así como a la no ejecución de los contratos que llevaron a la pérdida de los recursos mencionados y su consecuente incumplimiento.
La Contraloría se pudo establecer que las obras de los convenios interadministrativos Nos. 067 y 069 de 2010 y del contrato de obra No. EPRO008/2010 se encuentran inconclusas y en estado de abandono; las obras no cumplen con la finalidad identificada en los estudios previos; y de los 54 sistemas individuales de abastecimiento y potabilización, no se encontraba construido ni siquiera uno. El daño fue cuantificado en $3.347 millones, indexado al 30 de junio de 2018.
Fallo por irregularidades en las obras complementarias para la adecuación y optimización de la PTAR de Yopal
De la misma manera, la Contraloría confirmó en sede de apelación la decisión de fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso adelantado en contra del exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, Fernando Enrique Fonseca Rodríguez, así como a la firma contratista, el CONSORCIO INISA, por un detrimento patrimonial de $1.420 millones.
Esta decisión es resultado de establecer la responsabilidad derivada de la efectiva omisión del contratista CONSORCIO INISA, por el daño patrimonial generado a los recursos de las regalías del Departamento de Casanare, al no ejecutar la obra y además no hacer reintegro del anticipo objeto del contrato de obra No. 168 del 05 de agosto de 2011, con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.
El contrato mencionado tenía por objeto “La adquisición, implementación y puesta en funcionamiento del Sistema Aeróbico Vertical continuo COROH, para la adecuación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Yopal”, el cual tenía un valor de $ 7.711.540.050.
Fallido Plan de Vivienda
Igualmente, se confirmó un fallo de responsabilidad fiscal por $2.063 millones contra el exalcalde de Villanueva Josué Alexander Bohórquez Peña y la firma C.I. Desarrollo Territorial S.A., representada legalmente por David Rendón Montoya, por el detrimento patrimonial que se dio con el fallido proyecto de vivienda de interés social denominado “Urbanización Villa Mariana”.
El daño patrimonial determinado aquí es resultado del trabajo adelantado por los equipos auditores de la Gerencia Departamental de la CGR en Casanare.
Fuente: Contraloría General de la Nación
En su visita a Yopal, la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Irene Molina, reafirmó el compromiso del Gobierno Nacional con el fortalecimiento del sistema de salud en Casanare, anunciando que uno de los principales proyectos priorizados será la construcción y dotación de la torre de alta complejidad del Hospital Regional de la Orinoquía (HORO). La funcionaria destacó que esta iniciativa hace parte de la red nacional de hospitales de mediana y alta complejidad impulsada por el presidente Gustavo Petro, con el propósito de mejorar la atención en salud en las regiones.
“Proyecto está en el corazón del Presidente”
Molina explicó que, aunque el DNP no es una entidad ejecutora, trabaja de manera articulada con la Gobernación de Casanare y el Ministerio de Salud en la búsqueda de mecanismos de financiación complementaria que garanticen la consolidación del proyecto. Indicó que ya existe un compromiso del ministro de Salud por 100.000 millones de pesos para la obra, y que se gestionan recursos adicionales desde Planeación Nacional para completar la dotación y equipamiento especializado que requiere la nueva torre hospitalaria.
Finalmente, Molina reiteró que la construcción y dotación de la torre del HORO está “en el corazón del Gobierno Nacional” y que su ejecución será posible gracias al trabajo conjunto entre las autoridades locales, departamentales y nacionales, bajo la visión de “Colombia, potencia mundial de la vida.”
Planeación Nacional y ENTerritorio S.A, junto a la Gobernación de Casanare, entregaron dos proyectos importantes dentro del ‘Pacto Territorial Casanare’, una estrategia del Gobierno Nacional para impulsar el desarrollo en los territorios. Las obras, en Aguazul y Yopal, mejoran la movilidad rural y la protección de comunidades frente a inundaciones.
En Yopal se entregó el proyecto de mejoramiento y pavimentación de la vía El Milagro – Yopitos, una conexión rural de seis kilómetros que facilita el transporte de productos agrícolas y mejora la movilidad entre veredas. La obra tuvo una inversión de $13.817 millones e incluyó la construcción de pavimento flexible, capas de mejoramiento y 14 alcantarillas que favorecen el drenaje y la seguridad vial de más de 12.000 habitantes.
Mientras tanto, en Aguazul, se entregó la obra de revestimiento del canal de aguas lluvias de los caños Aguazulero y Cimarrón; una solución para los sectores residenciales que por años padecieron las inundaciones. La intervención, con una inversión de $23.306 millones, contempló trabajos de canalización, instalación de barandas metálicas, tuberías pluviales, alumbrado y obras complementarias que benefician a más de 41.700 personas.
Según explicó Alfonso Cárdenas, director del Departamento Administrativo de Planeación, estas iniciativas forman parte de un trabajo articulado que busca responder a las necesidades reales de los casanareños mediante proyectos con impacto directo en sus comunidades.
En total, el ‘Pacto Territorial Casanare’ contempla tres proyectos con una inversión de $44.590 millones, de los cuales ya se registra una ejecución del 84,3%.
Gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía de Chámeza y la Gobernación de Casanare y a la ejecución del Instituto Financiero de Casanare (IFC), culminaron con éxito los puentes vehiculares Caracoleña y Tegüitana en este municipio en el municipio de Chámeza.
Dichas obras, que conectan entre otras veredas, Tegüita Baja, Tegüita Alta, Barriales, y La Palma, con la cabecera municipal de Chámeza ya cuentan con su respectiva prueba de carga y están listas para entregarse a la comunidad chamezana, este viernes 31 de octubre.
Los dos puentes vehiculares en concreto reforzado sobre las quebradas La Caracoleña y Tegüitana, mejorarán la conectividad rural y garantizarán el tránsito seguro de los habitantes de la zona y la comercialización de productos agrícolas.
Las nuevas estructuras se encuentran ubicadas en vías terciarias y cuentan con un carril sencillo de 4,0 metros de ancho, además de un andén peatonal de 0,90 metros y dos barandas de concreto reforzado, que aportarán seguridad a peatones y conductores.
Cada puente tiene una luz aproximada de 26,60 metros, entre caras de estribos, diseñada para resistir las condiciones hidráulicas de las quebradas y las cargas vehiculares propias del tránsito rural.
“Con estas obras, la administración departamental busca fortalecer la infraestructura vial del municipio de Chámeza, facilitar el acceso a las veredas, optimizar la movilidad de productos agrícolas y mejorar la calidad de vida de las comunidades que dependen de estas rutas”, dijo el gerente del Instituto Financiero de Casanare, Óscar Javier Araque Garzón.
Las obras fueron financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
