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Las consultas populares ya no podrán vetar proyectos extractivos: Corte Constitucional

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Tras varias salas de discusión a propósito de una tutela que presentó la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, el alto tribunal aseguró que a los movimientos ciudadanos no pueden desconocer que el Estado tiene la propiedad del subsuelo. Pero dio dos años al Congreso para legislar al respecto.

La Corte Constitucional zanjó este jueves un amplio debate que se había generado alrededor del uso de las consultas populares para avalar o vetar proyectos extractivos mineros y de hidrocarburos. A la fecha se han realizado nueve consultas Piedras y Cajamarca (Tolima), Tauramena (Casanare), Cabrera y Arbeláez (Cundinamarca), Cumaral (Meta), Pijao (Santander), Sucre y Jesús María (Sucre) y en todas ha ganado el ‘no’ de la ciudadanía. No obstante, esto ya no podrá volver a ocurrir. El alto tribunal acaba de definir que por medio de este mecanismo ya no se podrán frenar las actividades mineras.

La Sala Plena aprobó con una votación 5-1 una ponencia que presentó la magistrada Cristina Pardo Schlesinger que dice que el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la nación, lo cual trasciende los intereses regionales y municipales. Y señala que si el Gobierno central tiene competencias sobre esos recursos, entonces las autoridades territoriales no pueden puedan vetar la explotación de los recursos naturales no renovables.

(Le puede interesar: Consultas populares no pueden vetar proyectos mineros ni energéticos: ponencia)

La ponencia de Pardo agregaba en todo caso que ni la nación ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas en materia de explotación de subsuelos y recursos naturales, sino que debe existir una colaboración armónica entre ambos frentes. Por esa razón, el alto tribunal señaló que no existen mecanismos de participación ciudadanapara manifestar su oposición a este tipo de proyecto y dio un plazo de dos años para que el Congreso expida esa regulación de vital importancia ambiental y social para el país.

El origen de esta polémica fue la consulta popular que promovieron algunos habitantes del municipio de Cumaral (Meta) en junio de 2016, cuando trascendió que se iba a adelantar un proyecto de exploración sísmica en su área rural, con fines de búsqueda de hidrocarburos. En ese momento, la Alcaldía de Cumaral expidió un decreto para darle trámite a la consulta y luego, en marzo de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta le dio su aprobación jurídica. En el debate previo, la Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se opusieron a la consulta.

(Le puede interesar: Ponencia en la Corte Constitucional pide que consultas mineras sean la última opción)

El camino escogido por la empresa Mansarovar Energy Colombia Limitada, vinculada a la iniciativa de la explotación petrolífera, fue acudir a la acción de tutela. Desde su punto de vista, resultaba cuestionable que mediante la consulta popular se desconociera un contrato legalmente firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Como era de esperarse, al asunto se fueron sumando organismos como Ecopetrol, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y la Agencia Nacional de Minería, entre otros, todos interesados en aclarar el asunto.

La ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger también señalaba que así como existe el derecho a la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, en los casos como el de Cumaral también deben tenerse en cuenta los análisis técnicos integrales y el concepto del desarrollo sostenible. Igualmente, señalaba que no hay un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las comunidades puedan contar con información, presentar sus inquietudes u oponerse a proyectos de explotación petrolífera.

(Vea: Consultas y minería, en manos de la Corte Constitucional)

En criterio de la magistrada ponente, hay momentos en que se exige la socialización del proyecto, pero ante la ausencia de espacios de participación, las comunidades se han visto obligadas a utilizar la consulta popular como la forma de expresar sus inquietudes, así no sea el mecanismo idóneo. Este panorama es definido como “un déficit de protección constitucionalmente inadmisible”, porque en el desarrollo de las actividades hidrocarburíferas y mineras se generan afectaciones ambientales, y por eso se necesitan instrumentos de control.

La propuesta de la ponente Cristina Pardo y que quedó materializada este jueves fue dejar sin efecto la sentencia del Tribunal del Meta de marzo de 2017, instando a este organismo judicial a que elabore otra de reemplazo con los argumentos propuestos por la Corte Constitucional. En cuanto a la ANH, la Agencia Nacional de Minería, los Ministerios de Medio Ambiente y de Minas, o en general todas las entidades involucradas en el tema en discusión, se les reiteró la obligación de crear instancias para fortalecer el diálogo y garantizar que se suministre información suficiente a las comunidades sobre trabajos en sus territorios.

(Vea: Gobierno pide concertación en proyectos mineros y rechaza prohibición popular)

Fuente: www.elespectador.com

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En Yopal, buscan crear estrategia de Taxis Púrpura, en la lucha contra la violencia de género

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KAREN VARGAS UNIBIO

En el marco del Día Internacional de la Erradicación de Violencia Contra la Mujer que se conmemora este 25 de noviembre, se buscan estrategias de parte de las instituciones involucradas en este objetivo, que en las últimas semanas ha tenido situaciones lamentables en Yopal, por los lamentables hechos de violencia ya conocidos.

En medio de este propósito y un esfuerzo conjunto para hacer frente a la creciente problemática de la violencia de género e intrafamiliar en Yopal, Karen Vargas Unibio, presidenta del Concejo Municipal, ha anunciado el lanzamiento de la estrategia “Taxis Púrpura”, liderada por varias instituciones, que busca la capacitación y certificación de taxistas para que brinden atención a personas, especialmente mujeres, que puedan llegar a ser víctimas de violencia.

“Queremos que tanto las mujeres como los hombres sientan que pueden contar con un servicio de transporte seguro, especialmente en situaciones donde podrían estar más vulnerables, como cuando salen de establecimientos nocturnos o están bajo los efectos del alcohol”, destacó Vargas Unibio.

La estrategia también incluye la instalación de códigos QR en los vehículos, que proporcionarán información y acceso directo a líneas de emergencia y atención. Además, la campaña contempla la creación de un sistema de patrulleros púrpura en bares, con personas que identificadas con chalecos de color púrpura brinden atención a las personas que consideren que están en peligro o una situación que derive en violencia de género.

La presidenta del Concejo también subrayó la importancia de la participación de la comunidad educativa, integrando la lucha contra la violencia de género en el currículo escolar a través de la Cátedra para la Paz. “Que desde los colegios podamos impactar y podamos mitigar ese tipo de violencia; es que el niño pueda llegar a su casa y ver si está en un espacio violento, también poder sembrar la espinita de la lucha contra la violencia de género y poder también hablarle a sus padres, esperamos que nuestros niños empiecen a tocar ese tema”.

Con esta estrategia, Yopal busca no solo ofrecer soluciones a los problemas de violencia de género, sino también generar un cambio cultural profundo que involucre a todos los sectores de la sociedad, desde los taxistas hasta los empresarios y estudiantes, en la protección y seguridad de las personas vulnerables a sufrir violencia de género.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Estas son las infracciones de tránsito que más generan comparendos en Casanare

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Con la presencia de autoridades nacionales, regionales y locales, en el auditorio La Triada de Yopal se realizó el Primer Congreso por la Seguridad Vial de Casanare, un espacio para aunar esfuerzos en la construcción de una cultura vial más segura y proteger la vida de todos los actores en las vías del departamento.

Durante el congreso, la directora del Simit, Sandra Tapias, reveló cifras preocupantes: en lo corrido del 2024, se han impuesto más de 15.437 comparendos en el departamento. Las infracciones más frecuentes incluyen conducir sin licencia, circular sin revisión tecnomecánica, estacionar en sitios prohibidos y no portar el SOAT vigente. Estas conductas reflejan los principales retos en el camino hacia una movilidad más segura.

Por su parte, la Superintendente Ayda Ospina destacó los esfuerzos departamentales, “El derecho a la vida es el eje transversal de nuestras funciones como servidores públicos. Ver al gobernador César Ortiz Zorro y a los alcaldes unidos en la misión de salvar vidas en las vías es un ejemplo”.

La jornada complementó la Primera Cumbre de Mandatarios Pacto por la Seguridad Vial, donde alcaldes y autoridades reafirmaron su compromiso con la movilidad segura mediante la firma de un pacto para reducir la accidentalidad. En este encuentro, La Federación Colombiana de Municipios entregó equipos para fortalecer los organismos de tránsito en el departamento, con comparenderas, alcohosensores, una cámara para el reconocimiento de placas, un kiosco de autoconsulta para trámites ciudadanos y cartillas pedagógicas para fomentar la educación vial.

El gobernador César Ortiz Zorro, agradeció el apoyo de las entidades nacionales y enfatizó en la necesidad de consolidar un trabajo articulado para mejorar las condiciones de movilidad y reducir los índices de siniestralidad, que este año han cobrado la vida de más de 140 personas en Casanare.

El evento contó con la participación de la superintendente de Transporte, Ayda Ospina; la directora Nacional del Simit, Sandra Tapias, y de representantes de la Federación Colombiana de Municipios, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Seccional de Tránsito de la Policía, empresas de transporte, gremios taxistas y otros sectores clave. Liderado por la Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad de la Gobernación de Casanare, el congreso tuvo como ejes temáticos la reducción de la siniestralidad, el fortalecimiento de políticas de movilidad, y la promoción de alianzas estratégicas para cumplir las metas de seguridad vial establecidas en el cuatrienio.

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Repudio por lider comunal asesinada en zona rural de Aguazul

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En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.

La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.

Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.

ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.

Sobre lo ocurrido, la Alcaldía de Aguazul lamentó el hecho y envió un mensaje de condolencias a sus familiares, agradeciendo el compromiso de Lida Katherine con su comunidad y el trabajo comunal.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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