CASANARE
Tribunal Administrativo de Casanare revocó indemnización a alias “Salomón”
El Tribunal Administrativo de Casanare revocó una sentencia del Juzgado 1° Administrativo de Yopal, que condenaba a la Nación, a través de la Rama Judicial, y a la Fiscalía General de la Nación, por la privación de la libertad a la que fue sometido Carlos Guzmán Daza, alias “Salomón”, jefe del ala política de las Autodefensas de Casanare, en el periodo comprendido entre el 24 de abril de 2009 y el 10 de diciembre de 2010.
Guzmán Daza fue privado de su libertad en el periodo ya mencionado, acusado de los delitos de secuestro, desplazamiento forzado agravado, porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, amenazas y hurto calificado y agravado, todo ello derivado de su participación en las actividades ilícitas de las Autodefensas de Casanare. Especialmente el secuestro de un sindicalista ocurrido en febrero de 2002 en el municipio de Monterrey.
Como resultado de las investigaciones, pesquisas y demás actividades investigativas, alias “Salomón” fue absuelto de los cargos por duda razonable, por lo cual consideró que su detención fue injusta y demandó a la Nación, a través de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.
El 26 de octubre de 2017, el Juez Primero Administrativo de Yopal falló la demanda y declaró responsable a la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación – por la privación injusta de la libertad de alias “Salomón”, condenándola a pagar cerca de $60 millones de pesos al demandante, por concepto de perjuicios morales y materiales, lo mismo que por daño emergente y lucro cesante.
Dentro de la investigación y juicio quedó demostrado que alias “Salomón”, si bien hacía parte de las Autodefensas de Casanare nunca lo hizo como miembro armado, ni ejerció algún tipo de mando o acto represivo en contra de la comunidad o sus objetivos militares.
Tanto la Rama Judicial como la Fiscalía General de la Nación apelaron la decisión del Juez Primero Administrativo de Yopal, señalando que la decisión tomada en su momento contra alias “Salomón” era necesaria y justificada, además que se ajustó al ordenamiento jurídico vigente para la época de los hechos. La Fiscalía consideró injusto que hubiese que indemnizar al señor Guzmán Daza, a sabiendas de que pertenecía a un grupo paramilitar que operaba en la región.
Al resolver la apelación, el Tribunal Administrativo de Casanare consideró que, si bien alias “Salomón” fue absuelto de los cargos que se le endilgaron inicialmente, el compromiso voluntario que mantuvo durante varios años con las Autodefensas de Casanare, lo expuso por su propio comportamiento e imprudencia, a que la Fiscalía General de la Nación y las redes de información de la Fuerza Pública lo ubicaran en el teatro de operaciones y lo relacionaran con las actividades de fuerza, choque o “militares” de los concertados para el crimen.
“La privación de la libertad a la que estuvo sometido no fue fruto de fantasiosa delación o acusación o testimonio interesado de nadie: tampoco acto arbitrario de autoridad”, concluyó el Tribunal Administrativo de Casanare, al revocar la decisión inicial del Juez Primero Administrativo de Yopal.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoce que la mujer fue citada esta mañana hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
