META
5 años de prisión pagará exjuez de Villavicencio que dejó en libertad a cabecilla criminal
Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción demostró en juicio que el exjuez penal municipal de control de garantías de Villavicencio (Meta), Raúl Hernán Ardila Baquero, actuó en contravía de la ley y favoreció al señalado cabecilla de una organización criminal de los Llanos Orientales.
En ese sentido, la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio declaró al exfuncionario judicial responsable del delito de prevaricato por acción agravado, y lo condenó a cinco años de prisión y a pagar una multa equivalente a 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Lea también: En firme condena contra exjuez de Villavicencio por prevaricato
El 5 de septiembre de 2013, el sentenciado sustituyó una medida de aseguramiento en centro carcelario por una de carácter domiciliario. Con esta determinación benefició a alias Farid, cabecilla de la estructura ilegal ‘Libertadores del Vichada’, quien había sido capturado en situación de flagrancia con armas y munición, y fue judicializado en su momento por los delitos de concierto para delinquir; y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
La decisión fue sustentada con el argumento de que alias Farid era padre cabeza de familia y la única persona que velaba por su hijo menor de edad. Finalmente, un juez de segunda instancia revocó ese pronunciamiento. Para la Fiscalía, el entonces juez penal municipal procedió de manera caprichosa, y desconoció lo dispuesto en la normatividad penal y la prohibición que existe de otorgar subrogados a los procesados por delitos como concierto para delinquir y tráfico de armas.
La condena de Raúl Hernán Ardila Baquero es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley. En este momento, permanece privado de la libertad por otra sentencia en su contra relacionada con hechos ilícitos distintos.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Defensoría del Pueblo adelantaron una Mesa Bilateral en el Meta, con el propósito de analizar casos emblemáticos de restitución y dar cumplimiento a las órdenes judiciales vigentes en la región.
La reunión estuvo presidida por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Gabriel Barreto, y la defensora regional del Pueblo, Dorys Ruiz Vanegas, quienes ratificaron el compromiso institucional de garantizar la representación y participación de la población vulnerable en los procesos de restitución de tierras.
Durante la jornada se abordó el caso emblemático del predio ‘El Carpintero’, ubicado en el municipio de Cabuyaro, el cual se encuentra en etapa judicial e involucra a alrededor de 422 terceros intervinientes, cuya representación judicial estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, se revisaron seis casos con sentencias que ordenan sucesiones, con el fin de hacer efectivas las órdenes de compensación emitidas por los jueces y magistrados especializados.
Durante la reunión se recordó que un tercero es toda persona que tiene una relación o un interés sobre el predio objeto de reclamación. Dicha persona pasa a ser tercero interviniente cuando decide materializar su participación en el proceso, es decir, cuando solicita ser escuchado o presenta pruebas.
Con esta Mesa Bilateral, se reafirmó el cumplimiento de la Instrucción Administrativa Conjunta 002 de 2019, suscrita entre la URT y la Defensoría del Pueblo, que busca garantizar atención jurídica, asesoría y acompañamiento a terceros intervinientes y a segundos ocupantes reconocidos en etapa posfallo.
Finalmente, las entidades acordaron que la próxima sesión de la mesa se llevará a cabo el 4 de diciembre, con el fin de verificar los avances en los compromisos adquiridos y continuar fortaleciendo la protección de los derechos de las comunidades víctimas y terceros ocupantes en el Meta.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de conocimiento condenara a Angélica María Romero Manrique, de 26 años, a la pena de 35 años y 6 meses de prisión por el asesinato de una mujer en el barrio Industrial de Villavicencio (Meta), ocurrido el 9 de julio de 2018. La procesada fue hallada culpable del delito de homicidio agravado.
De acuerdo con la investigación de la Unidad de Vida de la Seccional Meta, Romero Manrique interceptó a la víctima cuando caminaba en vía pública junto a su hijo menor de edad. Tras iniciar una riña por supuestos comentarios que habría escuchado, la agresora la atacó con un arma cortopunzante.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. El juez negó la suspensión condicional de la pena y la sustitución por prisión domiciliaria, por lo que la condenada deberá cumplir la sentencia en centro carcelario.
La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. La Fiscalía destacó que este resultado reafirma su compromiso con la judicialización de los responsables de delitos que afectan la vida y la integridad de las personas.
Fuente: El Diario del Llano
A la cárcel fue enviado un hombre de 47 años, como presunto responsable de quitarle la vida a su excompañera sentimental, en hechos ocurridos la noche del pasado 9 de septiembre, en un sector residencial de Acacías (Meta).
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó el cargo.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, el hombre habría llegado a la casa de la víctima, en el barrio La Independencia, donde, al parecer, le causó múltiples heridas con arma cortopunzante en distintas partes del cuerpo, ocasionándole la muerte.
El procesado había sido judicializado y condenado en 2020, por violencia intrafamiliar contra la víctima, quien entonces convivía con él y por esos hechos se separaron.
Fuente: El Diario del Llano
