CASANARE
Se suspendió exhumación de N.N en antiguo Cementerio de Yopal
Con el hallazgo de seis restos humanos en dos fosas culminaron, por ahora, las labores de exhumación de N.N. realizado por la Fiscalía 67 Especializada en las instalaciones del antiguo Cementerio de Yopal.
De acuerdo con la información que inicialmente había entregado la Fiscalía, las labores se extenderían hasta este viernes 26 de marzo, pero la delegación de profesionales comisionados para tal fin ya abandonó la ciudad, y se espera que retornen antes de un mes, para continuar con la exhumación.
Se esperaba que una vez culminaran las diligencias de exhumación el predio fuera devuelto a la Alcaldía de Yopal, pero ante la aparición de estas osamentas y la presunción de la existencia de otras, por ahora el lote continuará bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación.
Las labores de exhumación de los restos de las personas que fueron sepultadas como N.N. producto del conflicto armado fueron ordenadas por la Jurisdicción Especial para la Paz.
El pasado martes habían sido localizadas dos bolsas plásticas en la primera excavación, las cuales contenían ropa, elementos y residuos de un primer barrido que se hizo hace cerca de 10 años, también buscando N.N.
Seis restos hallados
De los seis restos hallados tres fueron entregados al Instituto de Medicina Legal para que avance en el proceso de identificación, dos quedaron en poder de la Fiscalía que los llevará a Bogotá para los análisis, y uno presuntamente identificado fue entregado a la Alcaldía de Yopal que ordenó inhumarlo en el Cementerio del barrio Las Américas.
En total, del antiguo Cementerio de Yopal han sido exhumados cerca de 200 restos humanos de N.N. a lo largo de 10 años, restos que según la Fiscalía se encuentran en cementerios de Tunja, Villavicencio, Bucaramanga y Bogotá.
Encuentro de víctimas
A raíz de la gran cantidad de restos óseos que han sido exhumados del antiguo Cementerio de Yopal y que aún permanecen como N.N., del 12 al 17 de abril se realizará una Jornada de Víctimas en La Triada, donde se hará la toma de muestras de ADN a las personas que tienen familiares desaparecidos, para relizar el respectivo cotejo con los restos hallados.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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