REGIÓN
20 organizaciones lanzan manifiesto por el desarrollo sostenible de la Orinoquia
Justo cuando el país avanza en un proceso de recuperación en tiempos de COVID-19, y se planean nuevas intervenciones que permitan dinamizar la economía, 20 organizaciones hacen un llamado para que las acciones en la Orinoquia se enfoquen en un desarrollo sostenible que integre el bienestar de más de 3 millones de habitantes en la cuenca del Orinoco colombiano; el crecimiento de sectores como el de hidrocarburos, el agropecuario y el forestal; y la conservación de los ecosistemas que soportan el 32,47 % de las reservas de agua del país.
La Orinoquia es un territorio estratégico para Colombia: el 28 % de la producción agrícola nacional y el 20% del hato ganadero se encuentran en sus paisajes. Además, se estima que cuenta con el 70 % de las reservas de petróleo y se considera la “última gran frontera que le queda al país para el desarrollo agroindustrial”. La confluencia de ecosistemas andinos, amazónicos y sabanas naturales que se dan en la Orinoquia, representan una amplia oferta de beneficios para sectores productivos agropecuarios, forestales y minero-energéticos, así como, de ciudades intermedias, grupos indígenas, poblaciones locales y tradicionales.
Por eso, a través de un manifiesto público, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, TNC, el Proyecto Biocarbono Orinoquia, TFA, WWF, WCS, Fondo Acción, IAVH, Asorinoquia, GGGI y Ecopetrol, entre otros actores, insisten en la necesidad de aunar esfuerzos enfocados en un desarrollo sostenible, resiliente y planificado, que responda a las necesidades de la región y del país, de cara a desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la necesidad de promover ambientes saludables.
Manejar el enorme potencial de la Orinoquia requiere la gestión integral de su biodiversidad y servicios ecosistémicos. El área hidrográfica del Orinoco cuenta con 347.607 Km2, los cuales representan el 30,43 % del territorio nacional, albergando el 48% de los humedales continentales y una gran diversidad de ecosistemas que ocupan el 81,5%, entre ellos las sabanas naturales. En la Orinoquia colombiana se han registrado 5411 especies de plantas y alrededor de 3.000 especies de animales, entre ellos 663 especies de peces y 254 mamíferos, que requieren protección, como la danta y el jaguar.
Sumado a esto, la Orinoquia cuenta con una enorme diversidad cultural y étnica que tiene una historia de poblamiento de más o menos 10 000 años, con 23 etnias y una vibrante cultura llanera, cuyos cantos tradicionales han sido reconocidos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
¿Cómo conservar toda esta riqueza natural, obteniendo ganancias para la naturaleza, los pobladores, la sociedad y los sectores productivos?
El manifiesto destaca que es posible lograr sistemas rentables y sostenibles que contribuyan a la seguridad alimentaria del país y que, además, favorezcan a la conservación de la biodiversidad y el recurso hídrico; pero sólo se alcanzará como resultado de una planificación conjunta de los sistemas productivos, priorizando, entre otras, la diversificación de la producción.
Así mismo, a través del manifiesto se hace una invitación para que más actores se vinculen. Es un llamado a un espacio de diálogo y participación de los múltiples sectores: público, productivo local y regional, academia, organismos multilaterales, instituciones de investigación y organizaciones de la sociedad civil, que tienen y tendrán presencia y actividades en la Orinoquia, para que sus acciones en el territorio estén articuladas con intereses de conservación, producción y bienestar social.
Pacto Orinoquia Sostenible
El manifiesto hace parte de las acciones del Pacto Orinoquia Sostenible, una iniciativa que busca aunar esfuerzos conjuntos y consolidar una visión entre el sector ambiental y los principales sectores productivos de la Orinoquia, para brindar mejoras en los medios de vida e impulsar un desarrollo competitivo y equitativo desde la sostenibilidad, como respuesta a las tensiones territoriales que existen entre la demanda económica y productiva de nivel regional y nacional, y la necesidad de conservación de los servicios ecosistémicos de la Orinoquia.
El Pacto reconoce alianzas y procesos existentes como el SIRAP Orinoquia, el NORECCO y el Pacto Cero Deforestación, que también le apuntan a la gestión de la biodiversidad a través de áreas protegidas y otras estrategias complementarias de conservación, el desarrollo bajo en emisiones o el control a la deforestación en la región. Estos esfuerzos tienen importantes aprendizajes que resultan útiles para la consolidación del Pacto, complementando las iniciativas o acciones colectivas existentes y en conformación, potencializando los avances que se han logrado de forma sinérgica e incidiendo entre varios sectores y niveles territoriales.
Fuente: WWF
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
