META
16 sujetos capturados en ofensiva contra abusadores sexuales en Villavicencio
Durante los últimos 2 meses se han capturado 16 personas vinculadas en casos de abuso sexual, afectando la integridad física de los niños, niñas y adolescentes.
Así lo dieron a conocer la Alcaldía de Villavicencio y la Policía Metropolitana, tras la ofensiva contra los abusadores sexuales en la ciudad.
De los 16 capturados, 13 quedaron bajo medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Entre los casos destacados se encuentra la captura de un habitante de calle conocido con el alias ‘Edwar’, en el barrio San Isidro, el cual fue judicializado por el delito de acceso carnal violento, hurto calificado y agravado.
Este hombre sería el responsable de un caso de abuso sexual en contra de una mujer, registrado sobre las 5:30 de la mañana del pasado 17 de mayo en el barrio San Fernando.
‘Edwar’ también está siendo investigado por otros tres casos más de violencia sexual contra la mujer, dos de ellos registrados en abril del 2021 en Ciudad Porfía y uno más en el barrio San Fernando, dónde tocó las partes íntimas de una estudiante universitaria.
Estes sujeto ha sido investigado por las autoridades en 17 oportunidades, por delitos como hurto, lesiones personales, porte ilegal de armas de fuego y abuso sexual, y fue enviado a un centro de reclusión.
Un segundo caso se relaciona con la captura mediante orden judicial de un guarda de seguridad que abusó sexualmente de una estudiante en el año 2015, en un plantel educativo en el barrio Trece de Mayo.
Finalmente, un tercer caso involucra a un pastor capturado por orden judicial, quien abusó sexualmente de una menor de 13 años en el barrio Morichal de Villavicencio durante los meses de octubre y noviembre de 2021,
Así mismo, se anunció el ofrecimiento de una recompensa de 10 millones de pesos por información que conduzca a la captura y puesta a disposición de las autoridades judiciales del autor de la agresión sexual a una mujer, en hechos que ocurrieron en la madrugada del 8 de noviembre en el sector de La Madrid.
Durante lo corrido del año, el Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Secretaría de la Mujer ha desarrollado más de 400 campañas para prevenir la violencia y abuso sexual en mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Fuente: Alcaldía de Villavicencio
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
