CASANARE
Yopal recibe menos recursos por alumno para la canasta educativa que otras ciudades similares
Desde el año anterior se realizó un estudio técnico en donde se evidencian las diferentes carencias que tiene la administración de la educación en Yopal, esto, en un ejercicio con docentes, directivos docentes, voceros de sindicatos, personeros estudiantiles y funcionarios de la Administración Municipal.
En ese análisis se encontró que el Ministerio de Educación le gira menos recursos a Yopal, comparado con otras ciudades del país, que puedan tener similitudes en su población.
Yopal recibe menos recursos
Por ejemplo, a Tunja el Ministerio de Educación le reconoce por estudiante de secundaria en el área urbana 3.640.286 mientras que a Yopal, tan solo 2.890.423 , lo que denota una diferencia de cerca de 749.863 (setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y tres pesos) menos de lo que recibe la capital de Boyacá, aspecto que genera inequidad y un faltante para la canasta educativa de Yopal.
En cuanto al tema rural, por cada estudiante de bachillerato en Tunja, el Ministerio de Educación le gira al ente territorial 4.732.373, mientras que a Yopal, le transfieren 3.757.550. Es decir por el mismo estudiante en el sector rural a Yopal le giran 974.823 pesos menos que a la capital boyacense.
$24 mil millones menos
En síntesis, al sacar un promedio, a Yopal le transfieren 24.000 millones de pesos menos que a Tunja, dos ciudades con similitudes en su población, pero la capital de Casanare, con mayor dispersión y extensión del territorio, aspecto que genera una brecha enorme, para poder satisfacer las necesidades que se registran en el sector educación en el municipio, porque los costos para prestar el servicio aumentan ostensiblemente.
Esta es apenas una de las causas que se encontraron al faltante de recursos con que cuenta Yopal como entidad territorial, porque hay más aspectos, que se derivan del déficit de 5 Billones que existe en el sector Educación en el país, según cifras presentadas por el Ministerio de Educación Nacional, lo que ha generado un crisis en todas las entidades territoriales del país.
Pese a la limitación en los recursos, desde la Secretaría de Educación, se han adelantado diferentes gestiones, unas han sido favorables con entidades del orden departamental e internacional y otras veces, la respuesta ha sido negativa.
“Ni un solo momento hemos parado en tocar puertas de Empresas Petroleras, de la Gobernación, del Gobierno Nacional y otras entidades como la OIM, Fundaciones y organizaciones de distinta índole, para buscar recursos que nos permitan mitigar las necesidades. La tarea aún no para y vamos a continuar en la búsqueda de alternativas para mitigar las necesidades que tenemos en la administración del servicio educativo en Yopal”, afirmó Myriam Alvarado Barrera, secretaria de Educación (e) de Yopal.
Fuente: Prensa y Comunicaciones Alcaldía de Yopal
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
