CASANARE
Yopal, el municipio con más víctimas de desaparición forzada en Casanare
El pasado viernes 30 de agosto, la Gobernación de Casanare, en articulación con las entidades que conforman la comisión de medidas de satisfacción, y representantes de la población víctima del conflicto armado, conmemoraron el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, a través de actos simbólicos de construcción de memoria histórica, reconocimiento del impacto de este delito, y un llamado, por parte de las familias de las víctimas, a las instituciones del Estado hacia una reparación integral de sus seres queridos.
Como parte de la jornada conmemorativa, representantes de las víctimas, se manifestaron con respecto a la importancia de visibilizar este delito, y el dolor que viven miles de familias que aún no tienen razón del paradero de sus seres queridos; asimismo hicieron un llamado a las instituciones para agilizar los procesos de búsqueda, e identificación y entrega (en los casos que sea necesario) de sus seres queridos, víctimas del delito.
Por otra parte, representantes del sector religioso entregaron un mensaje de ánimo a las familias y víctimas asistentes, y una invitación a la superación del dolor con base en el perdón, la reconciliación y el descanso en fe en Dios. Por su parte, un equipo interdisciplinario brindó apoyo emocional a través del desarrollo de la actividad lúdica “El cuento de la memoria”.
Durante la jornada también se realizaron las inscripciones a la actividad denominada “La máscara de la verdad”, una iniciativa de las víctimas que consiste en elaborar una máscara de yeso en la que, a través de dibujos, pintura y color, las víctimas plasman en ellas sus sentimientos y el valor de la vida en memoria de sus seres queridos.
Las cifras
De acuerdo con datos de la Red Nacional de Información – RNI, de la Unidad para las Víctimas, desde el año 1985 hasta el 31 de julio del presente año se han reportado 4.169 casos de desaparición forzada en Casanare, siendo Yopal, con 843 casos, el municipio con más reportes de este delito, seguido de Aguazul (781 casos), Monterrey (493 casos) y Villanueva (454 casos).
Fuente: Oficina de Prensa Gobernación de Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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