CASANARE
“Ya perdimos hasta el miedo”: víctimas de desaparición forzada en Casanare
Miembros de la Mesa de Víctimas entregaron un informe documentando 252 casos al Sistema Integral.
Tras arduas jornadas de trabajo con las comunidades de Casanare, un grupo representante de las víctimas de desaparición forzada en el departamento llegó a Bogotá para entregar el primer informe sobre este atroz delito en el marco del conflicto colombiano.
Con la esperanza de encontrar respuesta sobre el paradero de sus seres queridos, las víctimas lograron recopilar 252 casos con fotos, pruebas y testimonios en cuatro municipios de Casanare para entregar 1.252 folios al Sistema Integral de Verdad, Justica, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).
“Recibimos con mucho respeto y una enorme responsabilidad estos informes de la tragedia que vivió Casanare. Gracias por su confianza y esperamos que esto nos ayude a comprender la realidad del conflicto”: dijo Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad tras recibir el informe.
“Soñamos con que Martín Llanos (exparamilitar) ayude a reconstruir el Casanare, porque él lo ayudó a destruir. Es necesario que vaya a todos los territorios y contribuya con la verdad”: José Alirio Barrera, coord. Mesa de Víctimas en Casanare.
Pese a revivir el dolor de cada caso durante la investigación, estos valientes hombres y mujeres se comprometieron a seguir trabajando por la verdad. “Nos falta recorrer 15 municipios. Nuestra lucha seguirá en pie para buscar todos los casos de desaparición forzada con el objetivo de entregar un informe final sobre este delito en Casanare”, aseguró José Alirio Barrera, miembro del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Víctimas.
Pese a los avances que se han vivido en Casanare, los representantes de las víctimas siguen preocupados porque el miedo sigue presente en el territorio y sigue dificultando la recolección de testimonios y pruebas.
Finalmente, Carolina Olmos, delegada de la Mesa Nacional en Casanare, hizo un llamado a todos los actores del conflicto para que se comprometan con la verdad y se acerquen a las instituciones del Sistema Integral para colaborar con esta investigación.
Fuente: www.comisiondelaverdad.co
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
