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Volvieron a la tierra abandonada por la violencia y la están haciendo producir
Tras años de desarraigo a causa del conflicto armado, Maricela Vera y sus hijos iniciaron una nueva vida productiva en el predio ‘Lucitania’, de 8,4 hectáreas, ubicado en la vereda San Pedro del municipio de El Dorado, en el Meta.
Los integrantes de esta familia fueron víctimas de hechos violentos que los obligaron a abandonar su tierra. Sin embargo, en 2022, el Tribunal Superior de Bogotá profirió una sentencia en que los reconoció como beneficiarios de restitución. En ella ordenó la formalización del predio, así como la implementación de proyectos productivos que garanticen su estabilidad económica y el restablecimiento de sus derechos.
Cumpliendo el fallo
En cumplimiento del fallo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) les otorgó un subsidio equivalente a 40 salarios mínimos legales vigentes, con los cuales se puso en marcha un proyecto agroforestal. Allí se sembró una hectárea de aguacate y una de limón Tahití, acompañadas de plátano como sombrío transitorio y maderable de cacao y chontaduro. Así mismo, se busca el fortalecimiento de prácticas sostenibles a través del cultivo de lombriz roja californiana. Además, se adquirieron abonos, insumos, material vegetal y cercas.
Recientemente, la entidad realizó el último desembolso para el componente de seguridad alimentaria, que incluyó la entrega de 100 gallinas ponedoras y alimento balanceado, garantizando una fuente de ingresos y nutrición para la familia.
“Desde el Gobierno del Cambio, con dignidad cumplimos y acompañamos a esta familia no solo en el acceso a la tierra, sino en su estabilización económica. En este caso, el subsidio que les entregamos permitió implementar un proyecto agroforestal integral y sostenible, con el que fortalecemos su autosuficiencia”, explicó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta.
Con emoción, Maricela Vera, acudió al Banco Agrario para recibir por parte de profesionales de la Unidad el desembolso de los recursos. Allí destacó: “es una oportunidad para salir adelante”. Por su parte, su hijo Jhon Ibarra dijo: “para nosotros es comenzar de nuevo; volver al campo es un renacer. Estamos muy agradecidos, nosotros queremos trabajar la tierra y hacerla producir”.
De esta manera, la URT cumple con lo ordenado en la sentencia judicial y reafirma su compromiso con las víctimas en el Meta, impulsando proyectos productivos que devuelven no solo la tierra, sino la esperanza de una vida digna y sostenible.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
