Palma corozo, Madroño, Cabo de hacha, Caracolí, Achiote de monte, entre otras son algunas de las diferentes especies forestales que ha logrado recolectar Cormacarena durante los primeros meses del 2021, con el objetivo de fortalecer la producción de los megaviveros y los viveros satélites que funcionarán en diferentes municipios del departamento.

Estas especies que son poco comerciales se obtienen a partir de fuentes semilleras, que garantizarán la alimentación para algunos animales silvestres y, además, contribuirán en el proceso de restauración de los ecosistemas que han sido afectados con las actividades de deforestación.

A través de Meta Verde se ha vinculado a diferentes actores de la sociedad, entre los que se encuentran, la alcaldía de Puerto López para la consolidación del mega vivero de esa localidad, a Parques Nacionales Naturales en San Juan de Arama, al Ejército Nacional en La Macarena y a Agrosavia en Villavicencio.

Por otro lado, los viveros satélites contarán con el respaldo de las Fuerzas Militares para los municipios de Mapiripán y Puerto Rico, y este último también tendrá el apoyo de la administración local, para conformar otro espacio para la producción y el crecimiento de plantas nativas.

Fuente: Cormacarena

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad única de competencia, sancionó a 11 agentes de mercado y a 9 personas naturales, al quedar demostrado que llevaron a cabo dos acuerdos restrictivos de la libre competencia económica celebrados y ejecutados por distintas empresas mineras de la zona de Guamal, Acacías y Castilla La Nueva en el departamento del Meta.

Esto en el mercado de producción de materiales para la construcción extraídos en lecho de río, cuyos compradores principales son los contratistas de ECOPETROL.

El primer acuerdo anticompetitivo consistió en la asignación de cuotas de suministro, denominada por los cartelistas como la “repartición equitativa”. En este acuerdo teniendo en cuenta el número de títulos mineros que distintas personas tenían en la zona, se acordó que el 40% del suministro de material pétreo para las solicitudes realizadas por los contratistas de ECOPETROL, correspondería a JOSÉ HÉCTOR MURILLO CASTILLO y SERVIPETRÓLEOS; y el 60% restante a los mineros afiliados a la ASOCIACIÓN DE MINEROS DE GUAMAL, ACACÍAS Y CASTILLA LA NUEVA – ASOMGUACA. Esta práctica se presentó desde 2011 hasta mayo de 2016.

El segundo acuerdo anticompetitivo buscó garantizar y complementar el cumplimiento efectivo de la asignación de cuotas de suministro, y consistió en la fijación de precios del material pétreo que los mismos agentes de mercado establecieron año a año desde 2012 hasta febrero de 2016.

De igual forma, quedó demostrado que la ASOCIACIÓN DE MINEROS DE GUAMAL, ACACÍAS Y CASTILLA LA NUEVA – ASOMGUACA, como agremiación de los mineros de la región, constituyó un sistema y procedimiento que limitó la libre competencia económica en el mercado descrito al fungir como el vehículo a través del cual se coordinó la operación, logística, seguimiento, vigilancia y control de los acuerdos anticompetitivos celebrados por los mineros. De igual manera sirvió como portavoz del gremio y los cartelistas ante ECOPETROL y las diferentes autoridades locales.

EL CASO

La investigación se inició como consecuencia de la denuncia presentada por el CONSORCIO M&O, contratista aliado de ECOPETROL. A su vez, ECOPETROL mediante distintas denuncias presentadas ante esta Autoridad también informó de la existencia de posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de producción de materiales para la construcción extraídos en lecho del río en los municipios de Guamal, Acacías y Castilla La Nueva en el departamento del Meta.

Posteriormente, y en el marco de la etapa preliminar de la investigación, JOSÉ HÉCTOR MURILLO CASTILLO, TRITURADOS Y TRITURADOS LTDA., TRITURADOS MINA LA ISLA S.A.S., PIÑEROS BARRERA Y COMPAÑÍA LTDA., ALUVIALES LA FORTUNA S.A.S., SUMINISTROS MINEROS DEL LLANO LTDA. y la ASOCIACIÓN DE MINEROS DE GUAMAL, ACACÍAS Y CASTILLA LA NUEVA – ASOMGUACA, solicitaron ingresar como delatores al Programa de Beneficios por Colaboración. De esta manera, los agentes confesaron su participación en los acuerdos restrictivos de la libre competencia económica, reconociendo su responsabilidad y aportando pruebas relevantes que demostraban la existencia y ejecución de un acuerdo de asignación de cuotas de suministro, así como de uno de fijación de precios en el mercado referido.

¿QUÉ SIGUE?

Una vez en firme la decisión, la Superintendencia la comunicará a: las Alcaldías municipales de Guamal, Acacías y Castilla La Nueva del departamento del Meta, con el fin de que ante cualquier indicio de alguna práctica restrictiva de la libre competencia la comuniquen de manera inmediata a la Superintendencia; al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería.

Contra la decisión procede el recurso de reposición.

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio

 

La Policía Metropolitana de Villavicencio logró durante la últimas horas la captura mediante orden judicial de Jorge Enrique Parra Ovalle, de 25 años, conocido en el mundo delincuencial como «Mario», el cual se había fugado de las instalaciones del Centro de Protección y Prevención Nº3 de la ciudad, el pasado 20 de enero de 2021, donde se encontraba privado de la libertad por el delito de homicidio agravado.

Gracias a la información suministrada mediante fuente humana y al trabajo investigativo que adelantaron los funcionarios de Policía Judicial para dar con su ubicación, las autoridades materializaron su captura sobre la vía principal del barrio Canaán, cuando deambulaba por este sector en compañía de su compañera sentimental; evidenciando que había cambiado su aspecto físico para evitar ser identificado por las autoridades.

«Mario» hacía parte de la estructura delincuencial «Los Marios», la cual fue desarticulada en el mes de noviembre de 2020 y las autoridades lo señalaban como el responsable y/o partícipe de cinco hechos de violencia registrados en la ciudad.

Este sujeto será presentado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumaral, autoridad judicial que lo requería por el delito de fuga de presos.

Fuente: Policía Meta