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“Viuda de Autorrollings” negó retribución económica a magistrados de Villavicencio

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La principal testigo de la Fiscalía en el Juicio  a tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, Marbelly Sofía Jiménez Pérez, negó que haya ofrecido  retribución económica a los togados para favorecimiento durante el curso procesal y  que  resultó condenada a 52 años de cárcel.

Lo dijo, al responder un contrainterrogatorio en la Corte Suprema de Justicia, a uno de los abogados que integra la bancada de la defensa de los procesados, Alcibíades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos Londoño, ambos magistrados activos, y al ya pensionado magistrado, Fausto Rubén Díaz Rodríguez.

El juicio arrancó desde el 29 de junio del presente año 2021 y desde entonces han transcurrido varias sesiones de juzgamiento en diligencias que han resultado bastante extenuantes.

Marbelly Sofía, ha sido contrainterrogada sobre los mismos que repetidamente ha dicho y que está consignado en el expediente de la Fiscalía.  Ella ha manifestado que no recuerda de algunas versiones y hasta ha dudado en dar respuesta tratando de no dejarse confundir.

En los momentos que señala no recordar tales afirmaciones, inmediatamente le exhiben los audios de lo que ella ha expresado en anteriores etapas procesales o le presentan documentos.

Es así como ademán ha manifestado que no le consta que otros procesados de organizaciones criminales como alias, “Bacalado” alias “Cesarín”, alias “Farid”, alias “pija Araña” hayan entregado dinero a los magistrados.

Solo de oídas y eso porque ellos comentaban en reuniones que hacían en un edificio de apartamentos en Villavicencio donde se referían a apoyos económicos supuestamente para los magistrados.

También dijo no haber tenido trato directo que el Magistrado, Alcibíades Vargas, y que lo único que sabía era que, él era el ponente del proyecto de sentencia y que en una reunión social en el Hotel Paloverde en Apiay únicamente se saludaron.

El Juicio contra los magistrados avanza y en próximos días continuarán con la presentación de testigos a contrainterrogar con el fin de esclarecer si hubo corrupción en la Sala penal al proferirse decisiones supuestamente contrarias a la ley y para favorecimiento de peligrosos cabecillas del narco paramilitarismo.

Fuente: Noticiero del Llano

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Casanare inicia año lectivo con clases desde el 26 de enero y canasta educativa garantizada

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El año lectivo 2026 en Casanare iniciará con una agenda clara enfocada en el mejoramiento continuo de la calidad educativa y en el fortalecimiento de todo el ciclo formativo, desde la educación inicial hasta el tránsito a la educación superior. Así lo confirmó el secretario de Educación Departamental, Diego Ardila Plazas, al destacar que este propósito responde al mandato del gobernador César Ortiz Zorro de consolidar una educación integral y con mayores oportunidades para los estudiantes del departamento.

De acuerdo con el calendario escolar, los docentes regresarán a las instituciones educativas este martes 13 de enero para cumplir con las semanas institucionales y adelantar los procesos de planeación académica. Entre tanto, el 26 de enero comenzará oficialmente el calendario escolar para los estudiantes de los 18 municipios no certificados de Casanare, marcando el inicio de las clases en todas las sedes educativas oficiales.

El secretario informó que el departamento cuenta con la canasta educativa asegurada para esta vigencia. En diciembre de 2025 fue adjudicado el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficiará a más de 15 mil estudiantes, así como la estrategia de residencias escolares, ambos en proceso de alistamiento para iniciar de manera oportuna. Además, el servicio de transporte escolar continúa garantizado mediante un contrato vigente desde septiembre de 2025 hasta mediados de 2026.

Finalmente, Ardila Plazas hizo un llamado a padres de familia, acudientes y alcaldes municipales a sumarse a la “matriculatón”, una estrategia que busca evitar que niños, niñas y jóvenes queden por fuera del sistema educativo. El objetivo es lograr una matrícula estable desde el inicio de febrero y avanzar, de manera paralela, en la articulación con la educación superior, para facilitar el acceso de los estudiantes casanareños a la universidad, uno de los principales sueños de la comunidad educativa del departamento.

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Accidente en la Marginal del Llano deja una motociclista fallecida en Paz de Ariporo

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Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de un siniestro vial que dejó una mujer fallecida, ocurrido en la vía Marginal del Llano, al norte de Casanare, más exactamente a la salida del municipio de Paz de Ariporo hacia Pore.

De manera preliminar, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía señaló como hipótesis que el conductor de un microbús afiliado a la empresa Libertadores no habría conservado la distancia de seguridad, mientras que en el caso de la motocicleta se analiza una posible impericia en la conducción.

El hecho se registró el pasado domingo 11 de enero de 2026, hacia la 1:30 de la tarde, en el kilómetro 89+200 de esta importante arteria vial, en jurisdicción del municipio de Paz de Ariporo. El choque involucró un busetón de placas SSR-570, y una motocicleta identificada con la placa RRX51G.

De acuerdo con el informe oficial, ambos vehículos se desplazaban en sentido Paz de Ariporo – Yopal cuando, al parecer, la conductora de la motocicleta realizó un cambio repentino de carril, situación que habría desencadenado el impacto.

Como consecuencia del fuerte choque, Bertha Leticia Guerrero, quien conducía la motocicleta, falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El caso quedó a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso de investigación y determinación de responsabilidades.

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Personería de Pore se pronunció por parálisis en la construcción de la Plaza de Mercado

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La Personería Municipal de Pore dio a conocer e informó a la Contraloría General de la República, los resultados de una mesa de trabajo adelantada para analizar la crítica situación de las obras de construcción de la plaza de mercado, las cuales permanecen paralizadas pese al tiempo transcurrido desde su inicio. La mesa de trabajo, realizada con participación del contratista, la interventoría, la supervisión del contrato y concejales del municipio, evidenció serias falencias en la ejecución del proyecto y riesgos para los recursos públicos invertidos.

Según lo expuesto, la obra, contratada en 2023 y financiada con recursos del Sistema General de Participaciones y un crédito bancario, presenta un avance físico de apenas el 43 %, luego de más de 27 meses desde su acta de inicio. Aunque el contrato tenía un plazo inicial de seis meses y ha contado con prórrogas, suspensiones y un reinicio en julio de 2025, los avances recientes han sido mínimos, situación que genera preocupación por el posible incumplimiento del nuevo plazo, fijado para febrero de 2026.

Durante la mesa de trabajo se concluyó que una de las principales causas de la parálisis es la falta de autorización del Ministerio de Cultura para las modificaciones contractuales realizadas en 2024, requisito indispensable por tratarse de una obra ubicada en zona declarada patrimonio histórico y cultural. La Personería advirtió una débil gestión por parte del contratista, quien no ha entregado oportunamente los informes técnicos necesarios para dicho trámite, mientras que la interventoría y la supervisión señalaron que existen actividades no sujetas a esa autorización que deberían ejecutarse para evitar el deterioro de la estructura ya construida.

El organismo de control alertó sobre este proyecto, teniendo en cuenta que el mismo se financia con un crédito del cual ya se han desembolsado recursos, se han pagado actas parciales al contratista y se han realizado abonos a capital e intereses a la entidad bancaria, sin que la obra esté al servicio de la comunidad.

La Personería anunció que continuará ejerciendo seguimiento estricto como veedora del tesoro público, y no descarta remitir informes a las autoridades competentes para que se adelanten las acciones fiscales, disciplinarias o penales a que haya lugar.

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