CASANARE
“Viuda de Autorrollings” negó retribución económica a magistrados de Villavicencio
La principal testigo de la Fiscalía en el Juicio a tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, Marbelly Sofía Jiménez Pérez, negó que haya ofrecido retribución económica a los togados para favorecimiento durante el curso procesal y que resultó condenada a 52 años de cárcel.
Lo dijo, al responder un contrainterrogatorio en la Corte Suprema de Justicia, a uno de los abogados que integra la bancada de la defensa de los procesados, Alcibíades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos Londoño, ambos magistrados activos, y al ya pensionado magistrado, Fausto Rubén Díaz Rodríguez.
El juicio arrancó desde el 29 de junio del presente año 2021 y desde entonces han transcurrido varias sesiones de juzgamiento en diligencias que han resultado bastante extenuantes.
Marbelly Sofía, ha sido contrainterrogada sobre los mismos que repetidamente ha dicho y que está consignado en el expediente de la Fiscalía. Ella ha manifestado que no recuerda de algunas versiones y hasta ha dudado en dar respuesta tratando de no dejarse confundir.
En los momentos que señala no recordar tales afirmaciones, inmediatamente le exhiben los audios de lo que ella ha expresado en anteriores etapas procesales o le presentan documentos.
Es así como ademán ha manifestado que no le consta que otros procesados de organizaciones criminales como alias, “Bacalado” alias “Cesarín”, alias “Farid”, alias “pija Araña” hayan entregado dinero a los magistrados.
Solo de oídas y eso porque ellos comentaban en reuniones que hacían en un edificio de apartamentos en Villavicencio donde se referían a apoyos económicos supuestamente para los magistrados.
También dijo no haber tenido trato directo que el Magistrado, Alcibíades Vargas, y que lo único que sabía era que, él era el ponente del proyecto de sentencia y que en una reunión social en el Hotel Paloverde en Apiay únicamente se saludaron.
El Juicio contra los magistrados avanza y en próximos días continuarán con la presentación de testigos a contrainterrogar con el fin de esclarecer si hubo corrupción en la Sala penal al proferirse decisiones supuestamente contrarias a la ley y para favorecimiento de peligrosos cabecillas del narco paramilitarismo.
Fuente: Noticiero del Llano
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
