META
Villavicencio tendrá ruta de atención en casos de maltrato animal
Establecer la ruta de atención en los casos de maltrato animal y adoptar la nueva legislación, que reconoce a los animales como seres sintientes que necesitan protección, son dos de los propósitos del proyecto de acuerdo que presentó la Alcaldía de Villavicencio al Concejo.
La iniciativa modifica el acuerdo 143 por medio del cual se creó la Junta Protectora de Animales en el año 2012, que la Administración municipal considera tiene que ser un espacio más abierto, participativo y democrático, aseguró Andrea Lizcano, secretaria de Gobierno de Villavicencio.
A esto se suma que “la comunidad no sabe qué hacer ante un caso de maltrato y las autoridades responsables que deben seguir el proceso no lo hacen, el problema es que siempre se pone la queja en redes sociales, se vuelve mediático, todos opinan, señalan, pero ahí queda”, dijo la funcionaria.
“Por esto es necesario que la gente sepa cómo puede que acceder a poner una denuncia, una queja, una querella y los diferentes mecanismos que hay para pedir la activación de las autoridades y que realmente tenga una solución”, dijo Lizcano.
De ser aprobado, la ruta inicial sería el llamado a la policía ante un caso urgente de maltrato, en otros casos, como falta continúa de alimento o atención médica, se puede asistir a la Inspección de Policía, el inspector o la policía comisionarán al veterinario, funcionario de la Secretaría de Gobierno y éste, realizará la valoración del animal.
“Una vez el veterinario realice la valoración entregará el informe técnico al Inspector y él, de acuerdo con lo que estipula el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, tomará la decisión de trasladar el animal a un hogar de paso o de imponer una multa y hacer un ejercicio pedagógico con la familia”, explicó la secretaria de Gobierno.
En todo caso, dijo Lizcano, “no siempre las medidas deben ser represivas, el Código Nacional parte de que debemos hacer un ejercicio pedagógico para transitar hacia la cultura ciudadana y esta se aprende a través de la pedagogía no de la represión”.
Fuente: Alcaldía de Villavicencio
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
