CASANARE
Víctimas deben ser incluidas en los Planes de Desarrollo
La Dirección Territorial de la Unidad de Víctimas, Meta y Llanos Orientales, participó con un stand en la Macrorrueda de oferta institucional de Gobierno que se desarrolló en Yopal, en las instaciones de la Cámara de Comercio.
El director Territorial de la Unidad, Carlos Arturo Pardo Alezones, indicó que es fundamental que tanto Alcaldes como Gobernadores incluyan en sus Planes de Desarrollo las políticas y programas para la atención de las víctimas del conflicto.
“Todos ellos tiene una herramienta fundamental, están en la construcción y formulación de los Planes de Desarrollo lo cual es de vital importancia para que ellos incluyan la política pública en el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011”, indicó el funcionario.
Aseguró el Director Territorial de Víctimas, que es interesante que empiecen a generar esos procesos porque a nivel nacional hay recursos que los mandatarios pueden captar e invertir en la atención integral a las víctimas. “La importancia de que esta política pública se visibilice en los Planes de Desarrollo, les dará más oportunidades para una intervención del Gobierno Nacional en el territorio”.
De igual forma, Pardo Alezones dijo que seguirán trabajando con proyectos de generación de ingresos para las víctimas, así como proyectos de infraestructura comunitaria y proyectos agropecuarios que consisten en desarrollar unidades productivas para las víctimas que están pensando en reubicarse en la formulación de los planes de vida que tiene la Unidad. “Desde el año 2015 que se han venido realizando estos proyectos, se ha hecho una inversión cerca a los 40 mil millones de pesos”.
Finalmente, el Director Territorial de la Unidad, reveló que los delegados de las mesas de víctimas en cada territorio tienen la función, como veedores, de hacer seguimiento a que los proyectos productivos se realicen como lo dicta la Ley.
EN VIVOCarlos Arturo Pardo Alezones, director Territorial de la Unidad de Víctimas, Meta y Llanos Orientales.
Posted by El Diario Del Llano on Thursday, March 5, 2020
Fuente: El Diario del LLano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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