CASANARE
Declaran Constitucional la pregunta de la consulta popular antiminera en Monterrey
Con ponencia de la Magistrada Aura Patricia Lara Ojeda, el Tribunal Administrativo de Casanare declaró que la pregunta que se le formulará a los ciudadanos del municipio de Monterrey sobre la consulta popular antiminera, es Constitucional.
El presidente del Concejo Municipal había elevado la consulta al Tribunal Administrativo el pasado 15 de agosto de los corrientes, teniendo en cuenta que la plenaria decidió por unanimidad que se realizaría la consulta popular.
La pregunta que se someterá al escrutinio público en fecha aún por definir, es la siguiente:
¿ESTA USTED DE ACUERDO CON QUE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE, SE EJECUTEN PROYECTOS Y ACTIVIDADES MINERAS DENTRO DE LAS FUENTES HIDRICAS Y SUS RONDAS DE PROTECCION?
La Procuradora 23 Judicial II Ambiental y Agraria había solicitado al Tribunal declarar la pregunta como Inconstitucional, alegando que la misma no es clara ni se entendía cuál es el propósito de Comité promotor al formularla, pues contiene palabras como “fuentes hídricas” y “rondas de protección” que pueden generar duda en el lector por su significado.
Teniendo en cuenta las observaciones dadas por la Procuradora 23 Judicial, el Tribunal ordena hacer labor pedagógica previa a la Consulta Popular, para que los electores entiendan la extensión de la palabra actividad minera.
Se ordenó al Concejo Municipal, a la Alcaldía Municipal y a la Registraduría Municipal, divulgar en un sitio público de su secretaría, en la página web institucional y en medios masivos de comunicación local escritos y/o hablados, como mínimo en cuatro comunicaciones, los documentos de justificación de la consulta. sus anexos, el concepto de apoyo a la Consulta Popular emitido por el Concejo Municipal.
En tal sentido, en cumplimiento del artículo segundo de la providencia se pusieron en conocimiento la Resolución No 25 del 16 de julio de 2018, Resolución No 26 del 23 de julio de 2018 emitidas por la Registraduría Municipal de Monterrey; Concepto de apoyo emitido por el Concejo Municipal y la parte Resolutiva del Fallo, documentos que se encuentran disponible para consulta en la Secretaria del Concejo Municipal, pagina web www.concejo-monterrey-
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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