CASANARE
Verifican si cuerpo hallado en el río Meta correspondería al de lideresa desaparecida
A la sede de Medicina Legal en Yopal fue trasladado el cuerpo sin vida hallado en aguas a orillas del río Meta en jurisdicción del municipio de Orocué, que podría corresponder al de la líder social Luz Marina Arteaga, desaparecida desde la semana anterior.
Aunque todas las circunstancias apuntan a que el cuerpo hallado sin vida corresponda al de la lideresa desaparecida, deberá esperarse el cotejo de Medicina Legal para corroborar efectivamente su identidad, además de las causas de su muerte.
El cuerpo fue hallado cerca a la desembocadura del Caño San Miguel sobre el río Meta, ayer en horas de la mañana, y de inmediato se dio aviso a las autoridades para los actos urgentes.
Se conoció que el cuerpo presentaba ya un alto grado de descomposición, especialmente en la cara que había sido desfigurada por los peces. De igual manera, el cuerpo estaba sin camisa y sin zapatos, de acuerdo a lo que dieron a conocer las autoridades.
Arteaga Henao era una reconocida líder de causas sociales tanto en el municipio de Orocué, como en Puerto Gaitán (Meta), donde residía en un predio de la vereda Matarratón. Precisamente allí apoyaba varios procesos de reclamantes de tierras. También hacía parte de la veeduría al programa de Adulto Mayor de la Alcaldía de Orocué, y del movimiento que promueve la revocatoria del alcalde Monchy Giovanni Moreno.
A través de una alerta temprana la Corporación Claretiana puso en conocimiento la desaparición de la lideresa campesina, quien había solicitado insistentemente a la Unidad Nacional de Protección –UNP- la asignación de medidas de protección acordes a sus situación de seguridad y condición económica.
Lo que se conoce
De acuerdo con información suministrada por la comunidad de Matarratón y su familia, desde el pasado miércoles 12 de enero, la lideresa salió de su finca ubicada en la vereda Matarratón en Puerto Gaitán, hacia el casco urbano de Orocué, lugar de residencia. Siendo las 4:30 p.m., desembarcó de la lancha en el lugar conocido como el paso de pelencho en Orocué, a orillas del rio Meta, allí fue vista por última vez, hablando con un señor de una motocicleta, se desconoce la identidad y el paradero de este señor.
La lideresa y reclamante de tierras ha recibido en reiteradas ocasiones amenazas de muerte, señala la alerta temprana emitida por la Corporación Claretiana.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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