CASANARE
Usuarios hipertensos y diabéticos de Capresoca en Yopal tienen nueva sede para la dispensación de medicamentos
Cerca de 6 mil usuarios hipertensos y diabéticos afiliados en Yopal a Capresoca, quienes integran la Ruta Cardio Cerebro Vascular, estrenan sede para la dispensación de sus medicamentos, gracias al contrato que suscribió la EPS con el Instituto de Fracturas SAS, como prestador de servicios y aliado estratégico.
El Agente Especial Interventor de Capresoca EPS, Yeferson Caicedo Pardo, junto al Subgerente Operativo, René Rueda, acompañaron el acto de apertura de las nuevas instalaciones, ubicadas en la calle 13 N 22-31, donde los usuarios empezarán a recibir sus medicamentos de manera oportuna, reduciendo las barreras de acceso y garantizando la continuidad en sus tratamientos médicos, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.
Franky Riaño, director de la IPS Instituto de Fracturas SAS, destacó el trabajo realizado por el Agente Especial Interventor, para asegurar la prestación de los servicios de sus usuarios, a través de la formalización de un contrato que garantiza la cobertura en la atención hasta el 31 de diciembre.
“Esto no pasaba antes. Los contratos siempre iban hasta agosto o septiembre, pero este año se han suscrito hasta finales de la vigencia. Eso hace que los prestadores nos preocupemos por lo que verdaderamente importa, y eso es la calidad en la prestación de los servicios”, expresó Riaño.
“Prometí que se iban a presentar cambios y esta articulación con el Instituto de Fracturas obedece a eso. Es una decisión de corte gerencial, con el único propósito de que nuestros afiliados tengan una mejor atención, oportuna e integral; que no hayan barreras de acceso por autorizaciones, para los pacientes de la ruta”, precisó Pardo Caicedo.
Anunció el Agente Especial Interventor que, “a partir del 14 de marzo, la dispensación de los medicamentos en 14 de los 19 municipios del departamento, estará a cargo de un solo prestador, que deberá garantizar oportunidad, calidad y ser resolutivo en los pendientes; evitando interrupciones en el servicio”.
Este es un logro que da cuenta del cambio que experimenta la EPS de los casanareños, bajo los lineamientos del Gobierno Nacional y la Superintendencia Nacional de Salud, en favor de su población afiliada.
Fuente: Comunicaciones Capresoca
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
