CASANARE
Unitrópico logró un nuevo paso en su proceso de conversión a Universidad Pública
El rector de Unitrópico Oriol Jiménez y el asesor jurídico Alexis Ferley Bohórquez, informaron que gracias al trabajo articulado entre la Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Educación Departamental y el equipo de trabajo de la universidad, se logró avanzar en un paso importante para el proceso de transformación a Universidad Pública.
Ayer se recibió la noticia por parte de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad -CONACES- órgano asesor del Ministerio de Educación encargado de revisar y aprobar el informe de factibilidad presentado por Unitrópico; quienes después de analizar y estudiar la respuesta a las observaciones realizadas a la primera entrega del informe, dieron visto bueno, permitiendo continuar con el proceso.
Paso importante y uno de los más difíciles de alcanzar, según señaló el abogado Ferley Bohórquez, ya que se trataba de “un informe de factibilidad único, atípico en el estado colombiano”, enfatizó el funcionario. Con este logro se avanza en siete de las nueve fases que hacen parte del proceso de transformación. Ahora se espera el concepto del Consejo Nacional de Educación Superior -CESU-, concepto que no sería vinculante, según informó el abogado Bohórquez.
Una vez se obtenga el concepto del CESU, el Ministerio de Educación Nacional emitiría la Resolución, que daría vía libre para que el Gobernador Salomón Sanabria convoque a la Asamblea Departamental para que autorice la transformación de Unitrópico a Universidad Pública. De avanzar con los tiempos presupuestados se lograría concretar el proceso para el segundo semestre de 2021, y cumplir el sueño de tener Universidad Pública en Casanare.
Un logro histórico, ya que desde la expedición de la ley 30 de 1992 es la primera universidad del país que pasa de ser privada a pública. Una vez se alcance la meta, se tiene garantizados $16.000 millones anuales por parte del Gobierno Nacional para su funcionamiento.
Fuente: Gobernación de Casanare
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
