CASANARE
Unidad para las Víctimas atendió en Yopal a militares y policías
La Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional en Yopal fue el espacio para que 115 policías, militares, activos y retirados, y familiares de miembros de la fuerza pública, informaran a la Unidad para las Víctimas sobre sus condiciones de vida (caracterización), declararan ante la Personería los hechos que los victimizaron, fueran notificados de si ya están incluidos o no en el Registro Único de Víctimas y aclararan todas sus inquietudes.
Delfín Hernández estuvo presente en la jornada. Cuando prestaba sus servicios como soldado en Aguazul, Casanare, en 1996, en medio de hechos violentos perdió la visión y, con ello, el anhelo de continuar en el Ejercito. Hoy, ya retirado, recuperó la motivación a través del canto y recorre el país interpretando música llanera. Sin embargo, afirma que es necesario que la Unidad respalde a los miembros de la fuerza pública, por lo cual agradece que se les tenga en cuenta, “ya que también somos víctimas”.
Cediel Cárdenas recibió agradecido la noticia de haber sido incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV), después de un proceso en el que la Unidad, en Bogotá, valoró los hechos relatados por él ante el Ministerio Público.
De esa manera, fue reconocido como víctima del conflicto armado, pues siendo soldado en Paz de Ariporo en 1998, sufrió hostigamiento y quedó en condición de discapacidad cuando atendió con sus compañeros el llamado de la estación de policía del municipio de Aguazul, y fue herido al enfrentarse a grupos armados ilegales que habían llegado al lugar.
En las declaraciones ante la Personería Municipal, los hechos victimizantes a los que más se refirieron los policías, militares y familiares de ellos y de otros miembros de la fuerza pública, fueron explosión de mina antipersonal, homicidio y hostigamiento.
La información recolectada en las fichas de caracterización será tenida en cuenta por la Unidad para las Víctimas, para implementar las estrategias, programas y medidas que hacen parte de la reparación integral y así garantizarles el goce efectivo de sus derechos.
Carlos Pardo Alezones, director territorial de Meta y Llanos orientales de la Unidad para las Víctimas, recordó que “tener en cuenta a quienes salvaguardan y defienden la seguridad de la población, es de vital importancia para esta entidad del orden nacional”.
Fuente: Unidad Para Las Víctimas
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
