CASANARE
Unidad para las Víctimas atendió en Yopal a militares y policías
La Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional en Yopal fue el espacio para que 115 policías, militares, activos y retirados, y familiares de miembros de la fuerza pública, informaran a la Unidad para las Víctimas sobre sus condiciones de vida (caracterización), declararan ante la Personería los hechos que los victimizaron, fueran notificados de si ya están incluidos o no en el Registro Único de Víctimas y aclararan todas sus inquietudes.
Delfín Hernández estuvo presente en la jornada. Cuando prestaba sus servicios como soldado en Aguazul, Casanare, en 1996, en medio de hechos violentos perdió la visión y, con ello, el anhelo de continuar en el Ejercito. Hoy, ya retirado, recuperó la motivación a través del canto y recorre el país interpretando música llanera. Sin embargo, afirma que es necesario que la Unidad respalde a los miembros de la fuerza pública, por lo cual agradece que se les tenga en cuenta, “ya que también somos víctimas”.
Cediel Cárdenas recibió agradecido la noticia de haber sido incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV), después de un proceso en el que la Unidad, en Bogotá, valoró los hechos relatados por él ante el Ministerio Público.
De esa manera, fue reconocido como víctima del conflicto armado, pues siendo soldado en Paz de Ariporo en 1998, sufrió hostigamiento y quedó en condición de discapacidad cuando atendió con sus compañeros el llamado de la estación de policía del municipio de Aguazul, y fue herido al enfrentarse a grupos armados ilegales que habían llegado al lugar.
En las declaraciones ante la Personería Municipal, los hechos victimizantes a los que más se refirieron los policías, militares y familiares de ellos y de otros miembros de la fuerza pública, fueron explosión de mina antipersonal, homicidio y hostigamiento.
La información recolectada en las fichas de caracterización será tenida en cuenta por la Unidad para las Víctimas, para implementar las estrategias, programas y medidas que hacen parte de la reparación integral y así garantizarles el goce efectivo de sus derechos.
Carlos Pardo Alezones, director territorial de Meta y Llanos orientales de la Unidad para las Víctimas, recordó que “tener en cuenta a quienes salvaguardan y defienden la seguridad de la población, es de vital importancia para esta entidad del orden nacional”.
Fuente: Unidad Para Las Víctimas
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
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