CASANARE
Unidad para las Víctimas atendió en Yopal a militares y policías
La Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional en Yopal fue el espacio para que 115 policías, militares, activos y retirados, y familiares de miembros de la fuerza pública, informaran a la Unidad para las Víctimas sobre sus condiciones de vida (caracterización), declararan ante la Personería los hechos que los victimizaron, fueran notificados de si ya están incluidos o no en el Registro Único de Víctimas y aclararan todas sus inquietudes.
Delfín Hernández estuvo presente en la jornada. Cuando prestaba sus servicios como soldado en Aguazul, Casanare, en 1996, en medio de hechos violentos perdió la visión y, con ello, el anhelo de continuar en el Ejercito. Hoy, ya retirado, recuperó la motivación a través del canto y recorre el país interpretando música llanera. Sin embargo, afirma que es necesario que la Unidad respalde a los miembros de la fuerza pública, por lo cual agradece que se les tenga en cuenta, “ya que también somos víctimas”.
Cediel Cárdenas recibió agradecido la noticia de haber sido incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV), después de un proceso en el que la Unidad, en Bogotá, valoró los hechos relatados por él ante el Ministerio Público.
De esa manera, fue reconocido como víctima del conflicto armado, pues siendo soldado en Paz de Ariporo en 1998, sufrió hostigamiento y quedó en condición de discapacidad cuando atendió con sus compañeros el llamado de la estación de policía del municipio de Aguazul, y fue herido al enfrentarse a grupos armados ilegales que habían llegado al lugar.
En las declaraciones ante la Personería Municipal, los hechos victimizantes a los que más se refirieron los policías, militares y familiares de ellos y de otros miembros de la fuerza pública, fueron explosión de mina antipersonal, homicidio y hostigamiento.
La información recolectada en las fichas de caracterización será tenida en cuenta por la Unidad para las Víctimas, para implementar las estrategias, programas y medidas que hacen parte de la reparación integral y así garantizarles el goce efectivo de sus derechos.
Carlos Pardo Alezones, director territorial de Meta y Llanos orientales de la Unidad para las Víctimas, recordó que “tener en cuenta a quienes salvaguardan y defienden la seguridad de la población, es de vital importancia para esta entidad del orden nacional”.
Fuente: Unidad Para Las Víctimas
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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