REGIÓN
Unidad de Restitución de Tierras reactiva atención presencial y visitas a predios en la Orinoquía
A partir de este martes 18 de agosto, la Unidad de Restitución de Tierras reactivará la atención al público en su sede de Villavicencio y las salidas a terreno de sus colaboradores del área catastral.
Gracias a esta reactivación se podrán atender las solicitudes de las víctimas del despojo y abandono forzado de tierras en los departamentos de Meta, Casanare, Guaviare, Vichada; así como en los municipios de Medina, Paratebueno y Ubalá en Cundinamarca.
“La entidad activó el protocolo de bioseguridad establecido por el Gobierno Nacional para la prevención del COVID-19, por lo tanto, los funcionarios y contratistas de atención al usuario están preparados para reanudar sus labores aplicando todas las medidas preventivas como el uso de tapabocas, lavado constante de manos, uso de gel antibacterial y el distanciamiento reglamentario”, dijo Wilson Leyton, director territorial de la Unidad en Meta.
El director pidió a los solicitantes cumplir con estas disposiciones para evitar posibles contagios. Las instalaciones de la entidad en Villavicencio ubicadas en el local D2 del Parque Comercial Primavera (carrera 22 # 5-B-114), vía a Puerto López, fueron señalizadas y demarcadas, y cuentan con área de lavado de manos y de aplicación de gel antibacterial para recibir al público de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a.m. a 12:30 m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.
Se reanudan visitas
Asimismo, cumpliendo con el protocolo de bioseguridad se reanudan las salidas a terreno que consisten en adelantar actividades de comunicación y georreferenciación. “Los profesionales del área catastral se están desplazando a las zonas rurales y urbanas de los municipios donde hay solicitudes, para realizar las actividades en terreno contempladas en la Ley 1448 de 2011, como insumos para la elaboración de los informes técnicos prediales”, añadió Leyton.
Durante los próximos dos meses se realizarán labores en terreno así: en Meta, serán intervenidos los municipios de Mapiripán, Mesetas, Castilla La Nueva, Restrepo, Puerto López, San Martín, Barranca de Upia y Puerto Concordia. En Casanare, los colaboradores se desplazarán a Pore, Aguazul, Tauramena, Yopal y Nunchía, y en Guaviare las labores serán desarrolladas en San José del Guaviare; y Paratebueno en Cundinamarca.
Los canales virtuales de atención continuarán funcionando para atender a los solicitantes de la Orinoquía, que no pueden desplazarse hasta Villavicencio. Los interesados podrán llamar a las líneas celulares: 3134221626 y 3144378490.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
