CASANARE
Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas intervino cementerio de San Luis de Palenque
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas -UBPD-, recuperó 5 cuerpos inhumados en una fosa colectiva de un cementerio ubicado en zona rural del municipio de San Luis de Palenque, Casanare.
Según la investigación humanitaria y extrajudicial de la UBPD, los cuerpos de las personas encontradas corresponderían a integrantes de grupos armados que hacían presencia en esta zona del país y que, en el marco del conflicto armado, murieron en medio de un enfrentamiento por la disputa del territorio, el 30 de marzo de 1998.
Estas acciones humanitarias adelantadas por la Unidad de Búsqueda se enmarcan en el Plan Regional de Búsqueda de Sabanas del Sur de Casanare el cual se ha venido construyendo de manera participativa con las organizaciones y cuyos sitios de interés forense hacen parte del Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas que incluye el cementerio comunitario donde se hizo el hallazgo.
La coordinadora del equipo territorial de Yopal, Sonia Rodríguez, aseguró que esta acción humanitaria representa el alivio para las familias que en estos momentos no saben sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos. Destacó además que, con este hallazgo se ratifica la misionalidad extrajudicial y humanitaria de la entidad, sin importar las circunstancias en las que ocurrieron las desapariciones.
Participación de las familias buscadoras.
La investigación adelantada por la UBPD evidenció que, San Luis de Palenque se caracterizó por la cooptación de su territorio por las extintas FARC en la década de los ochenta, que devino en un posterior repliegue hacia mediados y finales de la década de los noventa como consecuencia del ingreso paramilitar a la zona con influencia de grupos afincados en el departamento del Meta, Arauca y Casanare. Esta situación generó confrontación armada, enfrentamientos, desapariciones forzadas, despojo y abandono de tierras, entre otros hechos de violencia.
En las líneas de investigación humanitaria, la UBPD ha identificado que, en esta región del Casanare, un gran número de desapariciones en el marco del conflicto armado se asocian a cuerpos de personas combatientes dispuestas en la región, muchas de las cuales provenían de otras regiones del departamento, e incluso, de otras zonas del país.
El caso de *Alexander
Dentro de las víctimas, presuntamente se encuentra el cuerpo de *Alexander, un joven campesino que en el momento de los hechos tenía 23 años y que al parecer murió en medio de las hostilidades entre dos grupos armados.
La desaparición de *Alexander ocurrió en la región de las sabanas del sur del Casanare, particularmente en el municipio de San Luis de Palenque. Geográficamente tiene una posición estratégica, por estar irrigado por el río Meta y tener como departamento colindante el Vichada; este aspecto permitió la instalación de corredores importantes de comunicación que fueron aprovechados por grupos armados ilegales.
La solicitud de búsqueda fue presentada por uno de los hermanos de la víctima en enero de 2022. Según el relato de la persona que busca, *Alexander se encontraba viviendo en el municipio de San Luis de Palenque, desempeñando labores del campo junto a su familia, luego de haber prestado el servicio militar y salir de la institución antes de tiempo por un accidente.
En marzo de 1998, *Alexander manifestó a sus seres queridos que se iba a ir a trabajar con un sargento retirado del Ejército, por lo que se trasladó a Yopal, poco tiempo después, su familia perdió todo contacto y comunicación con él.
Días después y adelantadas las labores de búsqueda por parte de la familia de *Alexander, un integrante de un grupo armado le manifestó que él había fallecido junto con 4 personas más, en medio de un enfrentamiento entre grupos irregulares el 30 de marzo de 1998. Los cuerpos fueron inhumados en una fosa del cementerio veredal.
*Luis, hermano de *Alexander, aseguró que esta acción adelantada por la Unidad de Búsqueda, representa un alivio para su familia después de más de dos décadas de incertidumbre.
“Les digo a ustedes muchas gracias por tenernos en cuenta, esto es una cuestión muy buena, esta labor que ustedes están haciendo para nosotros es muy importante. También se le hace la invitación a todos lo que son víctimas y tienen a sus familiares desaparecidos para que busquen a esta entidad que nos está dando el apoyo, para que, asimismo, les colaboren también” manifestó el hermano de *Alexander.
Los cuerpos recuperados por la Unidad de Búsqueda fueron entregados a Medicina Legal para su respectiva identificación.
Finalmente, el departamento de Casanare ha construido un universo de 1.973 personas desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado.
Fuente: Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas -UBPD-
Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Hugo Díaz la tarde de este domingo 4 de enero de 2026, en cercanías al Peaje de San Pedro en la vía Villanueva – Monterrey, en la vereda Aeropuerto, jurisdicción del municipio de Villanueva.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el siniestro vial involucró una camioneta Mazda CX-5 y una motocicleta Bajaj Boxer de placa MRF50C, en la que se movilizaba la víctima fatal.
Según el reporte de las autoridades, el automóvil se desplazaba en sentido Villanueva – Monterrey y, al parecer, habría invadido el carril contrario, colisionando de frente con la motocicleta que transitaba por la misma vía en sentido contrario.
El impacto fue tan brutal, que el motociclista quedó fuera de la vía con múltiples lesiones. Testigos cuestionan que la ambulancia tardó cerca de 20 minutos para llegar a atender la emergencia. Unidades de policía judicial del CTI adelantaron los actos urgentes que permitan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.
Hugo Díaz era habitante del municipio de Barranca de Upía, donde era reconocido como una persona apreciada por su comunidad, que hoy lamenta profundamente su fallecimiento. Las autoridades continúan con la investigación para establecer responsabilidades.
El reciente incremento en la tarifa del peaje San Pedro, ubicado en jurisdicción del municipio de Villanueva (Casanare), desató una fuerte inconformidad entre usuarios frecuentes de la vía que comunica a Monterrey con Yopal.
Transportadores, taxistas y residentes de la región denunciaron que el aumento —que en algunos casos supera el 60 %— se aplicó sin una socialización previa suficiente y está generando un impacto económico inmediato en las actividades laborales y comerciales.
Según la comunidad, teniendo en cuenta que están próximas a entrar en funcionamiento otras dos casetas de peaje en el trayecto Villanueva – Yopal, un viaje de ida y regreso podría costar entre $60.000 y $120.000 pesos, una carga que consideran insostenible para quienes deben transitar a diario por esta vía. La situación motivó protestas y reuniones con autoridades, en las que los usuarios expresaron su rechazo al alza y exigieron explicaciones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la concesionaria Covioriente.
Frente a los reclamos, la ANI y Covioriente argumentaron que el incremento está respaldado “resolución en mano” y hace parte del contrato de concesión del proyecto vial Villavicencio–Yopal. Explicaron que el ajuste quedó habilitado tras la entrega de la Unidad Funcional número 4, correspondiente al tramo Villanueva–Monterrey, la cual fue recibida oficialmente en 2025.
Valores indexados desde 2015
De acuerdo con la ANI, las tarifas del peaje San Pedro fueron definidas desde 2015 mediante la Resolución 1070 de ese año, pero no se habían aplicado porque la unidad funcional no se había entregado en los tiempos previstos. Con la recepción del tramo, el contrato permite aplicar de una sola vez los valores indexados desde 2015, lo que explica el fuerte incremento registrado en 2026.
No obstante, uno de los puntos que más preocupa a la comunidad es que, en la práctica, se esté aplicando de manera retroactiva lo pactado en el contrato. Esta acumulación de ajustes no realizados durante casi una década es lo que, según los usuarios, hace que el aumento actual sea “inmenso”, más aún si se tiene en cuenta que a partir del próximo 16 de enero se sumará el incremento anual ordinario autorizado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Durante los encuentros con la comunidad también se cuestionó que el peaje esté cobrando la tarifa plena cuando, a juicio de los usuarios, aún existen obras pendientes en el corredor vial, como señalización, iluminación, adecuaciones en zonas urbanas y soluciones en puntos críticos de accidentalidad. La ANI respondió que la entrega de la unidad funcional no depende de obras adicionales solicitadas posteriormente y que estas no impiden la aplicación de la tarifa contractual.
Tarifas preferenciales
Otro tema de debate fue el acceso a las tarifas preferenciales, que buscan mitigar el impacto del peaje en los habitantes de la zona de influencia. La comunidad señaló que los trámites son complejos, con demoras en la entrega de dispositivos electrónicos y requisitos que dejan por fuera a transportadores de carga y a usuarios que no transitan diariamente por el peaje.
Ante este panorama, el diputado Henry Pérez, presidente de la Asamblea de Casanare, propuso modificar la resolución que regula las tarifas preferenciales para flexibilizar los criterios de acceso y agilizar los trámites para los usuarios locales de Villanueva, Aguaclara y Monterrey. La delegada de la ANI manifestó disposición para estudiar ajustes normativos y elevar las propuestas al Ministerio de Transporte, aunque aclaró que mientras no se modifique la resolución vigente, Covioriente debe seguir aplicando las tarifas actuales.
Como conclusión del encuentro, se acordó la conformación de un comité de seguimiento entre comunidad y autoridades, así como el inicio de un trabajo articulado para proponer cambios a la normativa de tarifas preferenciales. Entre tanto, la concesionaria reiteró que los cobros continuarán bajo el marco legal vigente, mientras la comunidad anunció que mantendrá la presión social mediante manifestaciones pacíficas, a la espera de soluciones que reduzcan el impacto económico del peaje San Pedro sobre los usuarios frecuentes.
Con información y fotografía de Conexión Medios
La proliferación de mensajes de texto fraudulentos ha generado creciente preocupación entre ciudadanos de Casanare, quienes en los últimos días han reportado la llegada masiva de SMS que aparentan provenir de empresas reconocidas como operadores de telefonía móvil, cajas de compensación, prestadores de servicios públicos, inclusive, de entidades bancarias. En los mensajes se anuncian supuestos bonos, cortes de energía o suspensiones de servicios por presunto no pago, con el objetivo de inducir a las personas a ingresar a enlaces externos.
Según los afectados, los mensajes imitan el formato de comunicaciones oficiales y, en algunos casos, parecen originarse desde canales de mensajería asociados a empresas como Claro, lo que genera mayor confusión y credibilidad. Sin embargo, al intentar verificar la información, no hay respuesta por parte de los remitentes, no es posible bloquear los números ni reportarlos de manera efectiva, y las empresas consultadas aseguran no tener relación con dichos envíos.
Fraude digital
Autoridades y usuarios advierten que al acceder a los enlaces incluidos en estos mensajes se activa un mecanismo de fraude digital que permite a los delincuentes robar cuentas de WhatsApp, acceder a información personal y comprometer datos sensibles, lo que ha dejado a numerosas víctimas incomunicadas y expuestas a nuevos delitos informáticos.
Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía no abrir enlaces sospechosos, no ingresar datos personales ni códigos de verificación, y desconfiar de cualquier mensaje que genere urgencia o amenaza de suspensión de servicios. Asimismo, se insiste en verificar directamente con las empresas prestadoras por canales oficiales y denunciar estos hechos ante las autoridades competentes para evitar que más personas caigan en este tipo de estafas.
