CASANARE
Una talabertería fue cerrada por incumplir medidas de bioseguridad en Yopal
Con el objetivo de verificar la operatividad de diversos establecimientos comerciales que mediante el decreto 084 de 2020 pudieron reabrir su atención al público, la Secretaría de Salud de Yopal realizó visita de inspección en dichos locales.
Durante la actividad, los funcionarios de la Administración Municipal socializaron las medidas de bioseguridad y protección que son exigidas por parte de las autoridades sanitarias en el país.
En total se visitaron 70 establecimientos comerciales, entre droguerías, veterinarias, centros de insumos agrícolas, restaurantes, panaderías, expendios de carne, montallantas, empresas de envíos y encomiendas, supermercados, talabarterías y almacenes de cadena.
El operativo de registro y control dejó como balance 30 locales con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y protección, los 40 establecimientos restantes no cumplían completamente dichas medidas, por ende fueron amonestados verbalmente para exigir el cumplimiento de dichas directrices.
Es importante destacar que el operativo dejó 1 solo establecimiento comercial sancionado por incumplir los protocolos de bioseguridad y protección, se trata de una talabartería, en la cual su propietario no portaba tapabocas y atendía una visita de carácter social sin el distanciamiento respectivo.
La Secretaria de Salud Municipal, Ingrid Zoraya Criollo Fonseca, resaltó que si bien es cierto que varios locales fueron sorprendidos infringiendo las normativas pertinentes, gran parte de la ciudadanía y comerciantes son conscientes de la importancia de cumplir con los protocolos de bioseguridad y protección, por ende, adquirieron el compromiso de adoptar un comportamiento ciudadano ejemplar, con miras a resguardar la salud propia y de los demás.
Fuente: Comunicaciones Alcaldía de Yopal
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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