REGIÓN
Un policía participó en intento de secuestro a comerciante en Boyacá
Como presuntos autores de los delitos de secuestro simple agravado en grado de tentativa y lesiones personales, fueron imputados por la fiscalía César Augusto Sánchez Arias, Rubén Darío Pardo Roa y Édgar Alveiro Ayala Fuentes, quienes conformarían la banda de delincuencia común Los Tuta.
De acuerdo con el material probatorio, los tres hombres se desplazaron el 2 de agosto pasado desde el municipio de Soacha (Cundinamarca) hacia Boyacá para, presuntamente, secuestrar a un hombre de 65 años de edad, propietario de una estación de gasolina ubicada en la vereda Riopiedra del municipio de Tuta (Boyacá).
Judicialización
Durante las audiencias concentradas se conoció que uno de los procesados es miembro activo de la Policía de Cundinamarca. También se estableció que Édgar Alveiro Ayala Fuentes había trabajado en el municipio de Tuta, lo cual habría sido un determínate al planear el delito.
Por su parte, Rubén Darío Pardo Roa presenta antecedentes por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir, homicidio y fabricación porte de armas.
Los tres hombres fueron capturados en flagrancia por la Policía Metropolitana de Tunja. Durante el procedimiento Ayala Fuentes intentó evadir la acción de las autoridades por lo que fue herido en una de sus extremidades.
La Fiscalía en Boyacá continuará con las indagaciones para verificar si los imputados habrían cometido otros delitos en el departamento.
Ninguno de los imputados aceptó los cargos. El juez de control de garantías los envió a la cárcel El Barne en Combita (Boyacá) y al centro carcelario para la Policía en Facatativá Cundinamarca.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
