CASANARE
Más de 17 procesos adelanta Casanare contra constructoras que recibieron anticipos y no construyeron casas
Como si se tratara de una fiel copia de los debates anteriores sobre el tema de vivienda en el departamento de Casanare, nuevamente se habló en la Asamblea Departamental de subsidios mal asignados, contratos cuyos anticipos no aparecen ejecutados, y múltiples situaciones de las que siempre se habla pero no se avanza en soluciones.
La directora de la Oficina Departamental de Vivienda, Sandra Lorena Cruz, rindió informe ante la Corporación Edilicia, pero el panorama no parece haber mejorado en el tema de vivienda respecto de los años anteriores, pues se sigue cuestionando el por qué se entregan soluciones habitacionales a familias que aparentemente no las necesitan, proyectos que nunca iniciaron pero cuyos anticipos se entregaron, o algunos que empezaron pero quedaron a mitad de camino perjudicando a los beneficiarios de esos subsidios, pues aparentemente han recibido el beneficio de vivienda y quedan inhabilitados para recibir cualquier otra ayuda, pero en realidad nunca han podido disfrutar de un techo propio.
El proyecto Torres de San Marcos en Yopal se encuentra en un 80%.
Salvo los programas adelantados por la Administración anterior como Torres de San Marcos y La Decisión en Yopal, que están en su última etapa de ejecución y próximos a ser entregados a sus beneficiarios o ya entregados, la mayoría de programas tienen problemas para su culminación y las familias que tenían la esperanza de contar con un techo digno siguen esperándolo, algunos hasta con 8 o más años.
Riesgo en Torres de Santo Domingo
En el caso de Torres de Santo Domingo en la ciudad de Yopal se presenta una situación particular, pues se realizó un estudio de vulnerabilidad sísmica a los 56 apartamentos que ya están construidos de los 145 de que consta el proyecto, encontrando que presentan falencias estructurales que deben ser subsanadas, por lo que se va a realizar una mesa técnica junto con el diseñador, para determinar la alternativa que se va a utilizar a fin de remediar la situación que se presenta con estos apartamentos y que los dejaría en grave riesgo, de no ser revisada esta situación.
La directora de la Oficina de Vivienda Departamental aclaró que ya se cuenta con orden de giro del subsidio para estas 145 familias, con lo cual se espera que el proyecto avance en su totalidad para llegar a feliz término en los próximos meses.
Dineros que no aparecen
A raíz de la situación presentada con varias ONG a las cuales se les giraron recursos para la construcción de viviendas en Administraciones anteriores y nunca cumplieron, la directora de la Oficina de Vivienda Departamental reveló que todos estos procesos ya fueron entregados a la División de Defensa Judicial del Departamento para su trámite en instancias legales, los cuales hacen tránsito en diferentes instancias tratando de recuperar estos recursos que suman varios miles de millones de pesos.
Agregó la funcionaria, que por esta situación la División de Defensa Judicial adelanta 17 procesos contra igual número de empresas constructoras, Fundaciones y ONGs, esperando que éstos procesos prosperen y el Departamento pueda recuperar estos dineros que en su momento fueron girados para la construcción de viviendas para familias casanareñas, pero que nunca cumplieron su cometido y por el contrario se esfumaron dejando a las familias sin vivienda, pero además inhabilitadas para recibir cualquier otro tipo de subsidio.
Se iniciarán revocatorias
A raíz del cuestionamiento permanente del por qué se entregan viviendas a personas y familias que aparentemente no las necesitan, la directora de la Oficina de Vivienda Departamental indicó que se han venido adelantando algunos procesos de revocatoria de esos subsidios, y en los próximos días se avanzará en el tema, aunque en los últimos tiempos se ha notado un aumento en el tema de renuncias voluntarias a los subsidios, por parte de las personas a quienes se les ha detectado que accedieron a los programas de vivienda cuando no cumplían con la totalidad de requisitos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
