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Más de 17 procesos adelanta Casanare contra constructoras que recibieron anticipos y no construyeron casas

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Como si se tratara de una fiel copia de los debates anteriores sobre el tema de vivienda en el departamento de Casanare, nuevamente se habló en la Asamblea Departamental de subsidios mal asignados, contratos cuyos anticipos no aparecen ejecutados, y múltiples situaciones de las que siempre se habla pero no se avanza en soluciones. 

La directora de la Oficina Departamental de Vivienda, Sandra Lorena Cruz, rindió informe ante la Corporación Edilicia, pero el panorama no parece haber mejorado en el tema de vivienda respecto de los años anteriores, pues se sigue cuestionando el por qué se entregan soluciones habitacionales a familias que aparentemente no las necesitan, proyectos que nunca iniciaron pero cuyos anticipos se entregaron, o algunos que empezaron pero quedaron a mitad de camino perjudicando a los beneficiarios de esos subsidios, pues aparentemente han recibido el beneficio de vivienda y quedan inhabilitados para recibir cualquier otra ayuda, pero en realidad nunca han podido disfrutar de un techo propio.

El proyecto Torres de San Marcos en Yopal se encuentra en un 80%.

El proyecto Torres de San Marcos en Yopal se encuentra en un 80%.

Salvo los programas adelantados por la Administración anterior como Torres de San Marcos y La Decisión en Yopal, que están en su última etapa de ejecución y próximos a ser entregados a sus beneficiarios o ya entregados, la mayoría de programas tienen problemas para su culminación y las familias que tenían la esperanza de contar con un techo digno siguen esperándolo, algunos hasta con 8 o más años.

Riesgo en Torres de Santo Domingo

En el caso de Torres de Santo Domingo en la ciudad de Yopal se presenta una situación particular, pues se realizó un estudio de vulnerabilidad sísmica a los 56 apartamentos que ya están construidos de los 145 de que consta el proyecto, encontrando que presentan falencias estructurales que deben ser subsanadas, por lo que se va a realizar una mesa técnica junto con el diseñador, para determinar la alternativa que se va a utilizar a fin de remediar la situación que se presenta con estos apartamentos y que los dejaría en grave riesgo, de no ser revisada esta situación.

La directora de la Oficina de Vivienda Departamental aclaró que ya se cuenta con orden de giro del subsidio para estas 145 familias, con lo cual se espera que el proyecto avance en su totalidad para llegar a feliz término en los próximos meses.

Dineros que no aparecen

A raíz de la situación presentada con varias ONG a las cuales se les giraron recursos para la construcción de viviendas en Administraciones anteriores y nunca cumplieron, la directora de la Oficina de Vivienda Departamental reveló que todos estos procesos ya fueron entregados a la División de Defensa Judicial del Departamento para su trámite en instancias legales, los cuales hacen tránsito en diferentes instancias tratando de recuperar estos recursos que suman varios miles de millones de pesos.

Agregó la funcionaria, que por esta situación la División de Defensa Judicial adelanta 17 procesos contra igual número de empresas constructoras, Fundaciones y ONGs, esperando que éstos procesos prosperen y el Departamento pueda recuperar estos dineros que en su momento fueron girados para la construcción de viviendas para familias casanareñas, pero que nunca cumplieron su cometido y por el contrario se esfumaron dejando a las familias sin vivienda, pero además inhabilitadas para recibir cualquier otro tipo de subsidio.

Se iniciarán revocatorias

A raíz del cuestionamiento permanente del por qué se entregan viviendas a personas y familias que aparentemente no las necesitan, la directora de la Oficina de Vivienda Departamental indicó que se han venido adelantando algunos procesos de revocatoria de esos subsidios, y en los próximos días se avanzará en el tema, aunque en los últimos tiempos se ha notado un aumento en el tema de renuncias voluntarias a los subsidios, por parte de las personas a quienes se les ha detectado que accedieron a los programas de vivienda cuando no cumplían con la totalidad de requisitos.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

 

 

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Avanza legalización para demolición de Torres del Silencio, la próxima semana iniciarían las obras

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Las familias beneficiarias del proyecto Torres del Silencio en Yopal informaron que el proceso para iniciar la demolición de las 40 estructuras se encuentra en su fase final de legalización, luego de que el contrato fuera adjudicado y se avanzara en los trámites administrativos pendientes. Según Eduardo Salcedo, vocero de la comunidad junto con la presidenta del Barrio La Esmeralda, las pólizas del contratista ya fueron aprobadas y actualmente se adelantan los procesos relacionados con la interventoría y el cumplimiento de obligaciones tributarias exigidas para la firma del acta de inicio.

Salcedo explicó que la documentación correspondiente a la interventoría ya fue publicada en la plataforma SECOP II y que, de acuerdo con los cronogramas de la Unidad de Contratación, se espera que la próxima semana queden completamente legalizados los procesos restantes para dar paso al inicio de las labores. Con estas actuaciones, la comunidad considera que se desvirtúan versiones que señalaban que la empresa adjudicataria no tendría la capacidad de ejecutar la demolición y que estaría buscando a última hora una firma local para asumir el proyecto.

De acuerdo con la información suministrada por el contratista, la demolición tendrá una duración de 45 días y se desarrollará de manera continua, incluyendo fines de semana y festivos. Los trabajos contemplan el uso de maquinaria amarilla, retiro permanente de escombros y la realización previa de visitas técnicas y actas de vecindad para proteger a los habitantes de los sectores aledaños.

Los líderes comunitarios reiteraron además el llamado a la Gobernación de Casanare para que avance simultáneamente en los trámites de la nueva fase constructiva, teniendo en cuenta que los recursos para el proyecto ya habrían sido garantizados. El objetivo, señalaron, es que una vez concluya la demolición se inicie de inmediato la construcción de las nuevas viviendas, evitando más retrasos para cerca de 400 familias que esperan una solución definitiva.

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Comunidad de Paz de Ariporo interviene jarillón afectado por bachacos

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Un jarillón de más de tres kilómetros que protege predios rurales en la vereda Elvecia, municipio de Paz de Ariporo, puso a prueba la unión de la comunidad. Durante la temporada seca, el gobierno de César Ortiz Zorro, mediante Gestión del Riesgo, rehabilitó y reforzó 2,5 kilómetros de esta estructura.

Sin embargo, un tramo cercano a los 500 metros, que había permanecido en buen estado por más de una década gracias al cuidado de campesinos como Arsenio Romero, fue afectado por la presencia de bachacos. Estos insectos provocaron filtraciones que debilitaron cerca de 20 metros del dique.

Ante el riesgo que esta situación representaba para varias viviendas y fincas del sector, los habitantes convocaron un convite comunitario durante el fin de semana. Esta iniciativa fue acompañada por la Dirección de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Casanare y contó con el apoyo de la Alcaldía de Paz de Ariporo.

Los trabajos actuales consisten en la construcción de un muro de contención utilizando sacos y material de río para recuperar el tramo afectado. Los sacos son llenados manualmente, trasladados hasta donde pueden ingresar las camionetas y, posteriormente, transportados en carretillas y al hombro hasta el punto de intervención.

A la fecha, se lleva un avance del 60% en la recuperación del jarillón, y esta semana se realizará otra jornada comunitaria para concluir la misión. La comunidad ha demostrado un gran compromiso y esfuerzo, transportando bultos que superan las siete arrobas de peso.

Wilson Porras, director departamental de Gestión del Riesgo, lideró el convite y destacó el trabajo conjunto entre comunidad e instituciones. Señaló que los seis diques ejecutados por el gobierno departamental durante la temporada seca continúan cumpliendo su propósito de proteger a las familias casanareñas que por años sufrieron afectaciones.

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CASANARE

Casanare refuerza medidas contra tabaco y vapeadores para proteger a jóvenes

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La Secretaría de Salud de Casanare continúa fortaleciendo las acciones de prevención frente al consumo de tabaco, cigarrillos electrónicos y vapeadores. El enfoque principal está en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con el propósito de proteger su salud y promover entornos libres de humo y aerosoles.

Según el médico Pedro Cruz, estos productos están lejos de ser inofensivos. Explicó que, aunque se promocionan como alternativas menos dañinas, contienen nicotina y otras sustancias químicas que pueden generar dependencia y afectar el funcionamiento de los pulmones, el corazón y el cerebro.

En Colombia, el tabaquismo está asociado a cerca de 34.800 muertes cada año, lo que lo convierte en uno de los principales problemas de salud pública prevenibles. Por ello, el departamento continúa fortaleciendo las estrategias de prevención, educación y sensibilización orientadas a reducir el consumo de estos productos y sus consecuencias.

Para enfrentar esta problemática, se han socializado los lineamientos del Programa de Cesación de Tabaco con las IPS del departamento, capacitando al talento humano en salud y desarrollando campañas educativas a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), incluyendo la difusión de la cartilla “En tus manos, felizmente saludable”.

Las EPS también se han sumado a este esfuerzo, realizando actividades de información y educación sobre los riesgos asociados al consumo de cigarrillos convencionales, vapeadores y otros productos. Asimismo, se fortalecen las acciones de promoción y vigilancia de los espacios libres de humo y aerosoles en los municipios del departamento.

Los resultados de las encuestas nacionales de consumo de sustancias psicoactivas evidencian avances: mientras en 2019 el 10,5% de la población entre 12 y 65 años reportaba consumo de tabaco, para 2023 esta cifra se redujo al 5,3% de la población de 10 años o más. El municipio de Monterrey expidió el Decreto 069 de 2025, que prohíbe a menores de edad el uso, porte, distribución, préstamo, alquiler, venta y consumo de estos productos.

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