CASANARE
Tribunal reveló plazo para presentar plan de acción en La Bendición
Servicios Públicos, una de las problemáticas del sector
Hasta finales de junio el Tribunal Administrativo de Casanare otorgó plazo al Comité creado para buscar solución a las problemáticas de la Ciudadela La Bendición, para presentar un plan de acción que permita dar solución a estas problemáticas, principalmente en materia de legalización de predios y suministro de servicios públicos.
Oziel Ortíz, líder social de La Bendición explicó que, para dar una viabilidad a la demanda de servicios públicos a los barrios sin legalizar en Yopal, el municipio tendría que implementar un nuevo plan maestro de aguas, proyecto que costaría alrededor de 160.000 millones de pesos, lo que complica aún más la problemática que afronta la ciudadela creada por el ex alcalde Jhon Jairo Torres, condenado por urbanismo ilegal.
Mientras se vence el plazo para presentar el plan de acción ante el Tribunal, en la última mesa de trabajo realizada para el seguimiento de la situación, la Alcaldía de Yopal presentó 2 alternativas para las necesidades sanitarias de esa comunidad, la primera, orientada a garantizar el suministro de agua potable mediante la conexión a las redes de acueducto del municipio, puntualmente a una red de 1.2 kilómetros. Por otro lado, legalizar con la Corporación Ambiental el sistema de distribución que actualmente tiene La Ciudadela La Bendición, a través de pozos profundos y planta de tratamiento.
En lo que concierne al alcantarillado, la Alcaldía de Yopal planteó dos soluciones: construir la red y enviar directamente a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales actual (PTAR), previos estudios y autorización de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY). Asimismo, diseñar una planta de tratamiento nueva que envíe al emisario final; estas soluciones se encuentran en discusión técnica para buscar su viabilidad.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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