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Tribunal ordenó restituir predio a pareja de abuelos desplazados por la violencia en el Meta
En la vereda El Brillante del municipio de Lejanías, en el Meta, la vida de una pareja de octogenarios piscicultores ha dado un giro hacia la esperanza. Tras sufrir la violencia y el abandono de su predio, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó la restitución de su predio, un lugar que simboliza no solo un hogar, sino el esfuerzo y trabajo de toda una vida.
La historia se remonta a 2001, cuando esta pareja de esposos adquirió una finca de dos hectáreas y 436 metros cuadrados. Con dedicación y amor por la tierra, transformaron el terreno en un paraíso productivo: plátano, maíz, cacao y frutales florecieron bajo sus manos laboriosas. Además construyeron su vivienda y desarrollaron un laboratorio y planta reproductora de alevinos, convirtiendo su sueño en un pilar económico familiar.
Sin embargo, la tranquilidad se vio truncada por la amenaza de los grupos al margen de la ley, pues una llamada fatídica cambió sus vidas para siempre. El jefe del hogar, un hombre de 80 años, recibió instrucciones de alias ‘Mauricio’, quien se identificó como jefe de finanzas de las Farc. La exigencia era clara: asistir a una reunión en La Julia, inspección de Uribe o enfrentar graves consecuencias. Al negarse a cumplir con la amenaza por su avanzada edad, le exigieron 20 millones de pesos y lo declararon objetivo militar.
El 20 de julio de 2015, con el corazón roto pero decididos a salvar sus vidas, abandonaron su hogar. Desplazados a Villavicencio, buscaron refugio y protección ante las autoridades y el Gaula. También acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para hacer valer sus derechos.
Siete meses después, con valentía renovada, regresaron a su finca para encontrarla enmalezada y con el proyecto productivo devastado. Sin embargo, no se rindieron; solicitaron ayuda al Estado para recuperar su hogar y negocio.
Hoy, tras años de lucha incesante y con el respaldo de la URT, entidad que llevó su caso ante la justicia, la pareja fue declarada víctima del abandono forzado. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio falló a su favor, y ordenó no solo la restitución del predio, sino también que el Estado garantice el mejoramiento de su vivienda y la implementación de un proyecto productivo para asegurar su sustento.
Además, la Unidad Nacional de Protección (UNP) se encargará de garantizar su seguridad y otras entidades del Gobierno nacional brindarán su oferta institucional. Este fallo es más que una victoria legal; es un símbolo poderoso de resiliencia y esperanza para quienes que han vivido el desplazamiento por causa del conflicto armado.
La historia de estos adultos piscicultores recuerda que nunca es tarde para recuperar la tierra y seguir trabajando en el campo. Su lucha es un faro que ilumina el camino hacia la reparación integral y la dignidad de las victimas del abandono forzado y el despojo.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
