CASANARE
Tribunal Administrativo de Casanare ordena tomar acciones tras colapso del puente sobre el río Ariporo
Tras la emergencia generada por el colapso del puente Eduardo Román Bazurto, sobre el río Ariporo en el norte de Casanare, el Tribunal Administrativo de Casanare admitió la demanda presentada el día 13 de octubre de 2022 por el ciudadano Jorge Enrique Cáceres Pérez.
En el documento, el accionante busca que se declare la vulneración o amenaza de los derechos relacionados con el goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, seguridad y salubridad públicas, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y los derechos de los usuarios.
Ante la situación que afecta a miles de personas, el Tribunal ordenó al Invías y al Consorcio Vías Nacionales que dentro de los 3 días siguientes a la notificación, alleguen certificado de existencia y representación legal del Consorcio y de sus integrantes.
Además decretaron como medidas cautelares las siguientes:
Ordenar a la Nación representada en el Ministerio de Transporte, INVIAS y Consorcio Vías nacionales a que realicen los estudios técnicos que sean necesarios y que servirán de insumo para adoptar medidas de mitigación y solución del problema que está afectando a la comunidad debido al colapso del puente Eduardo Román Bazurto.
Término para contratar y presentar al Tribunal dicho estudio: 4 meses contados a partir de la notificación del auto de la demanda.
También se ordena al INVIAS, a la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, al CONSORCIO VÍAS NACIONALES, al DEPARTAMENTO DE CASANARE, al MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO y al MUNICIPIO DE HATO COROZAL que en un término no mayor a 15 días analicen la situación presentada a raíz del colapso del puente Eduardo Román Bazurto y garanticen el transporte de personas y bienes, utilizando los mecanismos que consideren idóneos para lograr ese objetivo (plan de contingencia por vías alternas, puente militar u otros mecanismos idóneos). Dentro de los 5 días siguientes a la finalización de dicho término, deberán presentar un informe ejecutivo sobre las medidas adoptadas y los objetivos logrados.
El Tribunal también solicitó a Corporinoquia que por intermedio de una comisión de profesionales especializados en la materia analice la afectación ambiental y los permisos que se requieran para el desarrollo de los planes, programas, construcciones y demás necesarios para las obras tendientes a garantizar los derechos colectivos afectados con el colapso del puente. El resultado de este estudio deberá entregarse en un término máximo de 15 días a las entidades indicadas en el numeral 2 del ordinal cuarto del presente auto, con copia a este Tribunal, a fin de que aquellas procedan a su trámite. Además, Corporinoquia deberá dar prelación a las licencias y permisos necesarios e informará a este Tribunal sobre peticiones incompletas o sin soportes para adoptar las decisiones a que haya lugar.
Los accionados son: Nación – Ministerio De Transporte, Al Instituto Nacional De Vias “Invias”, Instituto Territorial De Vías Casanare, Unidad Nacional para la Gestión Del Riesgo de Desastres, Departamento de Casanare, Municipio de Paz De Ariporo, Corporinoquia, Municipio de Hato Corozal y Consorcio Vías Nacionales.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
