CASANARE
Tribunal Administrativo de Casanare ordena tomar acciones tras colapso del puente sobre el río Ariporo
Tras la emergencia generada por el colapso del puente Eduardo Román Bazurto, sobre el río Ariporo en el norte de Casanare, el Tribunal Administrativo de Casanare admitió la demanda presentada el día 13 de octubre de 2022 por el ciudadano Jorge Enrique Cáceres Pérez.
En el documento, el accionante busca que se declare la vulneración o amenaza de los derechos relacionados con el goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, seguridad y salubridad públicas, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y los derechos de los usuarios.
Ante la situación que afecta a miles de personas, el Tribunal ordenó al Invías y al Consorcio Vías Nacionales que dentro de los 3 días siguientes a la notificación, alleguen certificado de existencia y representación legal del Consorcio y de sus integrantes.
Además decretaron como medidas cautelares las siguientes:
Ordenar a la Nación representada en el Ministerio de Transporte, INVIAS y Consorcio Vías nacionales a que realicen los estudios técnicos que sean necesarios y que servirán de insumo para adoptar medidas de mitigación y solución del problema que está afectando a la comunidad debido al colapso del puente Eduardo Román Bazurto.
Término para contratar y presentar al Tribunal dicho estudio: 4 meses contados a partir de la notificación del auto de la demanda.
También se ordena al INVIAS, a la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, al CONSORCIO VÍAS NACIONALES, al DEPARTAMENTO DE CASANARE, al MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO y al MUNICIPIO DE HATO COROZAL que en un término no mayor a 15 días analicen la situación presentada a raíz del colapso del puente Eduardo Román Bazurto y garanticen el transporte de personas y bienes, utilizando los mecanismos que consideren idóneos para lograr ese objetivo (plan de contingencia por vías alternas, puente militar u otros mecanismos idóneos). Dentro de los 5 días siguientes a la finalización de dicho término, deberán presentar un informe ejecutivo sobre las medidas adoptadas y los objetivos logrados.
El Tribunal también solicitó a Corporinoquia que por intermedio de una comisión de profesionales especializados en la materia analice la afectación ambiental y los permisos que se requieran para el desarrollo de los planes, programas, construcciones y demás necesarios para las obras tendientes a garantizar los derechos colectivos afectados con el colapso del puente. El resultado de este estudio deberá entregarse en un término máximo de 15 días a las entidades indicadas en el numeral 2 del ordinal cuarto del presente auto, con copia a este Tribunal, a fin de que aquellas procedan a su trámite. Además, Corporinoquia deberá dar prelación a las licencias y permisos necesarios e informará a este Tribunal sobre peticiones incompletas o sin soportes para adoptar las decisiones a que haya lugar.
Los accionados son: Nación – Ministerio De Transporte, Al Instituto Nacional De Vias “Invias”, Instituto Territorial De Vías Casanare, Unidad Nacional para la Gestión Del Riesgo de Desastres, Departamento de Casanare, Municipio de Paz De Ariporo, Corporinoquia, Municipio de Hato Corozal y Consorcio Vías Nacionales.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
