CASANARE
Tribunal Administrativo de Casanare ordena tomar acciones tras colapso del puente sobre el río Ariporo
Tras la emergencia generada por el colapso del puente Eduardo Román Bazurto, sobre el río Ariporo en el norte de Casanare, el Tribunal Administrativo de Casanare admitió la demanda presentada el día 13 de octubre de 2022 por el ciudadano Jorge Enrique Cáceres Pérez.
En el documento, el accionante busca que se declare la vulneración o amenaza de los derechos relacionados con el goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, seguridad y salubridad públicas, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y los derechos de los usuarios.
Ante la situación que afecta a miles de personas, el Tribunal ordenó al Invías y al Consorcio Vías Nacionales que dentro de los 3 días siguientes a la notificación, alleguen certificado de existencia y representación legal del Consorcio y de sus integrantes.
Además decretaron como medidas cautelares las siguientes:
Ordenar a la Nación representada en el Ministerio de Transporte, INVIAS y Consorcio Vías nacionales a que realicen los estudios técnicos que sean necesarios y que servirán de insumo para adoptar medidas de mitigación y solución del problema que está afectando a la comunidad debido al colapso del puente Eduardo Román Bazurto.
Término para contratar y presentar al Tribunal dicho estudio: 4 meses contados a partir de la notificación del auto de la demanda.
También se ordena al INVIAS, a la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, al CONSORCIO VÍAS NACIONALES, al DEPARTAMENTO DE CASANARE, al MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO y al MUNICIPIO DE HATO COROZAL que en un término no mayor a 15 días analicen la situación presentada a raíz del colapso del puente Eduardo Román Bazurto y garanticen el transporte de personas y bienes, utilizando los mecanismos que consideren idóneos para lograr ese objetivo (plan de contingencia por vías alternas, puente militar u otros mecanismos idóneos). Dentro de los 5 días siguientes a la finalización de dicho término, deberán presentar un informe ejecutivo sobre las medidas adoptadas y los objetivos logrados.
El Tribunal también solicitó a Corporinoquia que por intermedio de una comisión de profesionales especializados en la materia analice la afectación ambiental y los permisos que se requieran para el desarrollo de los planes, programas, construcciones y demás necesarios para las obras tendientes a garantizar los derechos colectivos afectados con el colapso del puente. El resultado de este estudio deberá entregarse en un término máximo de 15 días a las entidades indicadas en el numeral 2 del ordinal cuarto del presente auto, con copia a este Tribunal, a fin de que aquellas procedan a su trámite. Además, Corporinoquia deberá dar prelación a las licencias y permisos necesarios e informará a este Tribunal sobre peticiones incompletas o sin soportes para adoptar las decisiones a que haya lugar.
Los accionados son: Nación – Ministerio De Transporte, Al Instituto Nacional De Vias “Invias”, Instituto Territorial De Vías Casanare, Unidad Nacional para la Gestión Del Riesgo de Desastres, Departamento de Casanare, Municipio de Paz De Ariporo, Corporinoquia, Municipio de Hato Corozal y Consorcio Vías Nacionales.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
