ARAUCA
Tres soldados fueron secuestrados en zona rural de Fortul, al parecer por el ELN
Tres soldados regulares adscritos al Grupo de Caballería Mecanizado N°18 General Gabriel Reveíz Pizarro en Arauca, fueron secuestrados en las últimas horas, cuando se encontraban de permiso, vistiendo prendas de civil y sin armamento, informó el Comando de la Fuerza de Tarea Quirón.
Según el reporte castrense, los militares se movilizaban en un vehículo de transporte público desde Saravena hacia el municipio de Tame, sobre el mediodía de este miércoles 08 de agosto, en la vereda Agua Viva, zona rural del municipio de Fortul, en el mismo sitio donde el pasado martes fueron atravesados dos vehículos por parte de los subversivos.
Los soldados secuestrados fueron identificados como Orlando Yair Vega Díaz, Juan Pablo Rojas Ovando y Eduardo Caro Bañol, quienes según la versión del Comando de Fuerza de Tarea Quirón fueron interceptados y obligados a descender del vehículo en el que se transportaban, por parte de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta portando armas cortas, quienes al parecer serian integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del Eln.
Una vez conocida la situación el Gaula Militar y las autoridades regionales del departamento de Arauca, activaron de inmediato los protocolos de búsqueda para lograr la liberación de los tres soldados, así mismo se instauró la denuncia ante la autoridad competente.
En diálogo con RCN Radio, el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, indicó que en su departamento hay otros secuestrados civiles que son llevados a Venezuela, los cuales serían por lo menos 4, algunos desde hace 6 meses.
“El Ejército Nacional rechaza este tipo de acciones que violan los Derechos Humanos y que constituyen una clara infracción a lo preceptuado por el Derecho Internacional Humanitario, encontrándose en total estado de indefensión, por lo que responsabiliza a este grupo terrorista por la seguridad e integridad física de nuestros militares“, señala un comunicado de la Fuerza de Tarea Quirón.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.
Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.
