META
Tres capturados por casos de sicariato y quema de buses de servicio público en el Meta
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a tres presuntos integrantes de la estructura Arcesio Niño de las disidencias de las Farc, que estarían involucrados en homicidios y ataques contra la población civil en el oriente del país.
Dos de los procesados, los hermanos Junior Javier y John Ever Naranjo Téllez, serían los responsables del asesinato de tres jóvenes en un inmueble de la vereda Puerto Triunfo, en el sector El Oasis, en Puerto Gaitán (Meta). Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados el 13 de diciembre de 2022, con 39 impactos de armas de fuego.
A estas dos personas también se les atribuye la quema de dos buses de servicio público intermunicipal, el 9 de noviembre de 2022, en zona rural Puerto Gaitán. Con esta y otras acciones terroristas, al parecer, presionaban a comerciantes, transportadores y contratistas para que cumplieran con las cuotas extorsivas que imponían en la región.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de homicidio agravado, terrorismo, concierto para delinquir agravado; y porte ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones
El tercer judicializado que pertenecería a la estructura Arcesio Niño, identificado como Luis Hernando Acevedo Galindo, alias El Enano, habría participado en un ataque armado en una vivienda de la vereda Alto de Tillavá, en Puerto Gaitán, el 2 de julio de 2022. En el acto criminal murió una mujer y su primo quedó gravemente herido.
Adicionalmente, alias El Enano es señalado de coordinar la logística para abastecer al grupo ilegal de víveres, armas y otros elementos.
En ese sentido, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de extorsión; y porte ilegal de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los tres procesados no aceptaron cargos. Por disposición de un juez de control de garantías deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
En Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras implementó un proyecto productivo urbano en favor de Luis Enrique Rivera Forero, quien fue víctima de desplazamiento y abandono forzado en 1997, tras la incursión paramilitar que derivó en la masacre en ese municipio, uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano.
Después de 20 años de desarraigo, y tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia, ordenó la restitución del predio ubicado en el casco urbano. Posterior a su retorno, la Unidad implementó su proyecto productivo con una inversión de 40 salarios mínimos legales vigentes, destinados a la adecuación del local comercial y la dotación de equipos y mobiliario que fortalecen su actividad económica como tendero.
Con estos recursos, la URT le entregó una nevera, mostrador, vitrinas, estanterías, kit ambiental, báscula digital, congelador, horno microondas, surtido de víveres, insumos de cafetería y una vitrina de calefacción, además de realizar mejoras locativas en su vivienda, donde funciona la tienda.
El proyecto incluye acompañamiento técnico durante dos años, tal como capacitaciones en administración y manejo de recursos, fortaleciendo su economía. “Agradezco a la Unidad por este proyecto, que me permite sostenimiento y tener ingresos para mi subsistencia y mi vejez”, expresó Luis Enrique, quien hoy reescribe su historia desde el predio que debió abandonar hace más de dos décadas.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, destacó: “hemos destinado más de $3.300 millones de pesos para la implementación de 120 proyectos productivos para familias beneficiarias de restitución de tierras en el departamento, fortaleciendo sus capacidades y garantizando reparación integral”.
El caso de Luis Enrique Rivera es ejemplo de justicia restaurativa: tras haber sido víctima de desplazamiento, hoy su tienda de abarrotes es un ejemplo de superación y de cómo la restitución de tierras está cumpliendo con dignidad a las víctimas.
