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Tras masacre de cuatro hombres, Policía y Ejército reforzarán seguridad en Puerto Lleras
Tras las primeras indagaciones y luego de un consejo de seguridad extraordinario en Puerto Lleras, se estableció que los cuerpos encontrados el domingo en zona rural de este municipio, no corresponden a líderes sociales, tampoco ejercían ningún liderazgo social ni comunitario en el municipio y no eran habitantes de la vereda.
Así lo pudieron establecer las autoridades, quienes determinaron durante la inspección de las autoridades judiciales, que no se encontraron mensajes, panfletos o carteles en los cuerpos, como inicialmente se había mencionado en algunos medios.
Según la Fiscalía Especializada en Homicidios Colectivos, los cuerpos fueron encontrados en la vía y hallados amarrados de manos de manera individualmente, pero los móviles y circunstancias aún son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.
Las autoridades también tratan de establecer si tiene alguna relación con la muerte de alias ‘Tatuajes’, ocurrida recientemente en la región, al igual que se investiga si los sujetos tienen relación con los casos de extorsión presentados en esta zona del Ariari.
El secretario de Gobierno del Meta, Hernán Gómez, recordó que la situación de orden público en Puerto Lleras ya había sido analizada desde el 9 de septiembre cuando en el consejo de seguridad departamental, se establecieron toques de queda y patrullajes focalizados en la zona urbana.
A partir de ese encuentro de autoridades, en donde se recibieron denuncias de extorsión, se están reforzando las medidas para combatir este delito y se siguen cumpliendo los compromisos pactados para garantizar la seguridad en la zona.
Se determinó en consecuencia reforzar la seguridad con un Escuadrón Móvil de Carabineros de la Policía con apoyo de Gaula y Policía Judicial, mientras que Alcaldía, el Batallón 21 Vargas y la Policía instalaron Puesto de Mando Unificado (PMU) por la vida.
Fuente: Gobernación del Meta
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Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
