Gracias a un convenio interadministrativo suscrito entre Ecopetrol y la Alcaldía de Yopal, se llevará a cabo la  pavimentación de 3 kilómetros de vía en la vereda El Palmar, perteneciente al corregimiento de Mata de Limón.

La intervención se realizará en el tramo comprendido entre los sectores de Caño Seco y Caño Rico, mejorando de manera significativa la movilidad y las condiciones de acceso para los habitantes de esta importante zona rural.

Serán aproximadamente $9 mil millones de pesos, los que se incorporarán al presupuesto de la vigencia 2026 para la ejecución del proyecto, recursos que son aportados por la estatal petrolera, como parte de su Programa de Beneficio a las Comunidades (PBC), iniciativa que busca generar impacto social positivo en los territorios donde la empresa desarrolla sus operaciones.

“El convenio No. 3055313 firmado el 07 de noviembre entre Ecopetrol y la Administración Municipal permitirá intervenir una vía terciaria que mejorará la calidad de vida de los residentes de este amplio sector del municipio. Vemos con buenos ojos la disposición de Ecopetrol para viabilizar los recursos”, destacó el alcalde Marco Tulio Ruíz.

Con esta obra, la Alcaldía de Yopal ratifica su compromiso con la conectividad rural y el bienestar de las comunidades campesinas, impulsando el desarrollo económico y facilitando el acceso a servicios básicos, educación y salud. Este proyecto representa un paso importante hacia una zona rural más próspera y mejor comunicada, donde las oportunidades lleguen a todos los rincones del municipio.

La JEP rechazó la solicitud de sometimiento de José Mauricio Jiménez Pérez, exalcalde de Aguazul (Casanare), por no aportar verdad plena, ni suministrar información novedosa o relevante que permitiera aclarar los patrones macrocriminales que afectaron a la población de Casanare, durante el periodo en que fue alcalde (2001-2003).

Jiménez Pérez fue condenado en 2011 por el Juzgado 5to. Penal del Circuito Especializado de Bogotá a 29 años de cárcel por la desaparición forzada de Luis Ariel Bernal López y Ariel Rojas Moreno, como autor por omisión, y por concierto para delinquir agravado en calidad de autor; así mismo, recibió una inhabilidad de 13 años para ejercer cargos públicos. Por estos hechos, se encuentra en etapa de investigación un proceso disciplinario en la Procuraduría relacionado con dichas desapariciones forzadas.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP determinó que Jiménez Pérez no brindó información que  permitiera revelar con claridad cómo se desarrolló su connivencia con las autodefensas, ni reveló contenido sobre sus vínculos a través de reuniones (probadas en la justicia ordinaria) que sostuvo con Héctor Germán Buitrago Parada, exjefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), conocido como ‘Martín Llanos’.

El relato del solicitante tampoco reveló información orientada a esclarecer algún patrón criminal relacionado con  violaciones de derechos humanos cometidos por las ACC contra  la población civil de Aguazul (Casanare) mientras ejerció como alcalde. Por ello, la sala concluyó que Mauricio Jiménez incumplió el régimen de condicionalidad, lo que le impide acceder a tratamientos especiales o beneficios de la JEP, empezando por la aceptación del sometimiento.

Además, en su determinación, la sala puso de presente que el solicitante contó con amplias oportunidades para brindar información que superara el umbral de verdad esclarecido en la jurisdicción ordinaria, pero Jiménez no hizo ningún aporte a la verdad que resultara idóneo. Por el contrario, su aporte se limitó de manera reiterada a suministrar argumentos vagos que no permitieron ahondar en la develación plena de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y el señalamiento de otros autores implicados en los delitos por los que fue condenado.

La sala ordenó remitir el expediente de Jiménez Pérez a las autoridades ordinarias para lo de su competencia, toda vez que en el proceso penal por el que fue condenado se encuentra una orden de captura vigente en su contra, la cual está a cargo del Juzgado 17 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá. En cuanto al proceso disciplinario, el expediente fue devuelto a la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos de Bogotá.

Ecopetrol anunció que a mediados de noviembre abrirá un proceso comercial para asignar hasta 2,7 GBTUD de gas a empresas distribuidoras y comercializadoras que operan en los departamentos de Casanare y Meta, con el objetivo de contribuir con el abastecimiento del energético en esta región del país.

Este volumen adicional de gas provendrá de los campos Cusiana y Floreña, estará disponible entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026, y tendrá como prioridad la demanda esencial (residencial y pequeños comercios), pero también podrá destinarse para la atención del Gas Natural Vehicular de Casanare y Meta.

Cabe señalar que el mencionado esquema se definió, al considerar que estos son los únicos departamentos del país que cuentan con la cobertura del 100% de la demanda residencial y de pequeños comercios.

“En lo que va de 2025 Ecopetrol ha adelantado diferentes procesos de comercialización de corto y largo plazo que les ha permitido a los distribuidores de los departamentos del Meta y Casanare acceder al gas que produce la empresa a precios competitivos, lo que garantiza la seguridad energética de las familias y pequeños comercios de esta región”, señaló Leydi
Diana Rincón, líder de Desarrollo de Negocios de Gas y GLP de Ecopetrol.

Agregó que Ecopetrol, “trabaja de forma permanente en la identificación de la oferta de gas natural adicional, con el fin de contribuir con el abastecimiento de los diferentes sectores, bajo el cumplimiento de la regulación vigente”.

El anuncio de la asignación de los 2,7 GBTUD adicionales se hizo este viernes en el municipio de Aguazul, durante la reunión de la mesa técnica convocada para atender las inquietudes de distintos sectores del departamento, sobre el abastecimiento de gas en la región, que contó con la participación de representantes de la comunidad, gremios
de transportadores, autoridades regionales y entidades públicas.