CASANARE
Tras 25 años de búsqueda, familia de Daniel Sánchez Cepeda recibió el cuerpo de su ser querido
El 15 de octubre de 1999 fue la última vez que la familia de Daniel Sánchez Cepeda supo de él. Durante 25 años, sus hijos, hermanos y padres recorrieron caminos, hicieron preguntas, esperaron respuestas. El 7 de marzo de 2025, la búsqueda llegó a su fin: en Yopal, Casanare, su familia recibió su cuerpo en una entrega digna y, en una ceremonia religiosa, lo inhumaron en el Parque Cementerio Yopal.
El proceso para encontrar a Daniel comenzó en 2021, cuando un familiar realizó la solicitud de búsqueda ante la Territorial Casanare de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Durante el desarrollo de la investigación humanitaria y no judicial, se recopiló información a través de fuentes humanas y documentales para establecer que había fallecido el 12 de septiembre del año 2001 en el contexto y en razón del conflicto armado, en zona rural del municipio de Aguazul.
Luego de un ejercicio de contrastación de información, se determinó que el posible sitio de disposición del cuerpo de Daniel Sánchez, era dentro del cementerio de Aguazul.
En mayo de 2022, la UBPD realizó una prospección, o revisión del terreno, con fines de recuperación, que culminó con el hallazgo de las estructuras óseas de una persona cuya descripción coincidía con la documentación recopilada en la investigación. “Encontramos al interior de la bóveda unas prendas asociadas al cuerpo, que correspondían con una descripción muy detallada que contenía el acta de investigación al cadáver”, explicó Ana María Salazar, investigadora que lideró este proceso desde la Unidad de Búsqueda.
Las estructuras óseas fueron entregadas al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que lideró el proceso de identificación desde su sede en Villavicencio. Para esta fase fue determinante realizar la toma de muestras genéticas a los familiares de Daniel, lo que permitió tener la certeza sobre su identidad y parentesco con las personas que lo buscaban.
El 7 de marzo de 2025, en Yopal, su familia y amigos se reunieron para recibir su cuerpo y despedirlo dignamente de acuerdo con sus convicciones religiosas. Este acto contribuyó a aliviar parte del dolor que durante 25 años han tenido que soportar. “En este momento nos están haciendo entrega de los restos de mi padre para poderle dar una cristiana sepultura, en un lugar donde lo podemos ir a visitar, donde podemos desahogarnos y terminar con la incertidumbre”, dijo Viviana Sánchez, hija de Daniel.
Fuente: Comunicaciones UBPD Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
