La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de secuestro, toma de posesión, embargo y suspensión del poder dispositivo sobre trece bienes que harían parte del patrimonio del mayor en retiro del Ejército Nacional Juan Carlos Rodríguez Agudelo, conocido como ‘Zeus’.

Las propiedades, avaluadas en más de 11.700 millones de pesos, estarían a nombre del oficial en retiro y algunos integrantes de su núcleo familiar. Los elementos de prueba indican que habrían sido adquiridas con recursos ilícitos provenientes del tráfico de estupefacientes y de armas, entre otras conductas delictivas por las que ha sido procesado.

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En una acción conjunta de la Fiscalía y la DIJIN de la Policía Nacional fueron identificados los bienes en Bogotá, Yondó (Antioquia) y Puerto Boyacá (Boyacá). Están representados en dos fincas ganaderas de más de 500 hectáreas, que superarían en valor 10.400 millones de pesos, tres inmuebles urbanos y ocho vehículos.

Rodríguez Agudelo fue condenado por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes agravado; tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas; tráfico, fabricación y porte de armas de uso personal, utilización ilegal de uniformes y falsedad marcaria.

Recientemente, en abril de 2024, fue judicializado luego de que fuera capturado en situación de flagrancia con otras cuatro personas, mientras transportaba armas de fuego, explosivos y munición, entre otros elementos, en zona rural de Mutiscua (Norte de Santander). Luego, se fugó del lugar en el que permanecía privado de la libertad preventivamente, por esta actuación se adelanta una investigación en la Seccional Norte de Santander.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

Justo cuanto el Invías dio a conocer un comunicado de prensa manifestando los avances en los trabajos en la habilitación de una variante en el sector de Chorro Blanco en la vía del Cusiana, el alcalde del municipio de Pajarito, Rene Tejedor, se mostró preocupado ante la posibilidad de que llegue la temporada navideña y no haya paso.

De acuerdo con lo manifestado por el mandatario, en el sitio de Chorro Blanco “se ve la voluntad y los trabajos pero no los avances” de la empresa que está habilitando una variante por la vía antigua, para permitir el paso de vehículos livianos y de motocicletas.

De acuerdo con el boletín de Invías, en el sitio se han removido a la fecha solo 15 mil metros cúbicos de tierra en el terraceo y la ampliación de la vía, de los más de 100 mil metros cúbicos que se deben mover para habilitar el paso provisional que permita superar la amenaza de derrumbe del puente ubicado en el sector.

El mandatario pajariteño agregó que al mal estado de la vía, se le suman las protestas de la comunidad por el incumplimiento de pagos a las personas que han trabajado con el Consorcio HMC que adelanta el mantenimiento de la vía en los denominados “puntos críticos”, que ha mantenido la constante de demorar los pagos a obreros y proveedores.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra la exalcaldesa (e) de Puerto Carreño (Vichada), Guadalupe Figueroa Cruz, por posibles irregularidades en el proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Casuarito, en Puerto Carreño (Vichada), que supera los $ 2 mil millones.

La decisión también cobija a la entonces directora de infraestructura de la Alcaldía y supervisora del contrato, Valentina Granada Giraldo, quien elaboró los estudios previos.

Se trata de un contrato de consultoría para la elaboración de un diagnóstico que permita la optimización de la planta de tratamiento de agua potable y el diseño de la red de distribución de la inspección del citado municipio el cual, al parecer, se habría adelantado con base en unos estudios del sector elaborados para la “Infraestructura del centro de integración ciudadana”.

Se cuestiona entonces a la exalcaldesa por suscribir el cuestionado bilateral con base en unos estudios que no correspondían a un contrato de consultoría y aparentemente, haber calculado de manera errónea los costos de personal, situaciones que habrían generado sobrecostos.

La Procuraduría también formuló cargos a la supervisora de este contrato quien, al parecer, habría elaborado los aludidos estudios previos y del sector con criterios que presentaron las fallas ya mencionadas.

Adicionalmente, no habría adelantado el seguimiento, control y vigilancia correspondiente, lo que se evidenció en las deficiencias técnicas presentadas los productos entregados, los cuales “no contaban con la totalidad de la información requerida que permitiera viabilizar la ejecución de un proyecto futuro como, en efecto sucedió”.

Así mismo, la supervisora Granada Giraldo, al parecer, no exigió al contratista subsanar los requerimientos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, tras la presentación del diagnóstico y tampoco habría utilizado los mecanismos legales y contractuales para garantizar el cumplimiento óptimo del contrato.

Fuente: Procuraduría General de la Nación