META
Tenía domiciliaria por tentativa de homicidio, y se escapó para asesinar a su ex compañera sentimental
Por solicitud de la Fiscalía fue enviado a prisión Alexis Camilo Montoya Parra conocido en el alias de “Pepón”, quien es señalado como presunto responsable de la muerte de Juliette Alejandra Torres Castañeda.
La muerte de la mujer sucedió el 19 de enero pasado en el sector conocido como La Reforma, en la vereda Pipiral en Villavicencio (Meta).
Ante el Juzgado 3° Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías de la capital del Meta, la Fiscalía señaló que Montoya sería quien habría disparado en seis oportunidades contra la víctima. Según se precisó, el hombre habría engañado a la mujer para que lo acompañara a la periferia de la ciudad, para luego arrojarla a un barranco.
Por tres días Juliette fue reportada como desaparecida, y en la madrugada del 20 de enero su hermana escribió a su celular, recibiendo una respuesta en términos que no eran usados por ella.
Después de dos días de audiencias, la Fiscalía le imputó cargos al implicado como presunto responsable por el delito de feminicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y/o porte ilegal de armas.
“Pepón” fue conducido por la Policía desde el lugar donde cumplía medida de aseguramiento domiciliaria, como medida preventiva por la tentativa de homicidio de Cristian Alexander Velásquez Castillo, alias “Limones”.
La Fiscalía estableció que el detenido vivió con la víctima desde los 14 años de edad y por, al menos, por 6 años, con quien tuvo un hijo. Según dos denuncias de la mujer habría sido maltratada de manera constante, con amenazas de muerte en su contra y contra su hijo.
Dentro del caso también fue judicializado John Edison Vallejo Rodríguez de 26 años de edad, quien conduciendo un taxi habría sido la persona encargada de recoger y retornar a la ciudad al presunto homicida.
Ante un juez de la República la Fiscalía le imputó cargos a Vallejo Rodríguez como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico y/o porte ilegal de armas, que no fueron aceptados por el detenido. Ante la solicitud de medida de aseguramiento el juzgado ordenó la detención del implicado en un centro carcelario.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
