CASANARE
Corporinoquia sanciona molino de arroz por incumplir medida impuesta desde 2023
Tras recibir denuncias ciudadanas sobre presuntas irregularidades en la operación de la Sociedad Comercial Tecnoindustrial del Llano, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – Corporinoquia, en el marco de sus funciones de control y seguimiento ambiental, realizó una visita técnica a esta empresa, ubicada en el kilómetro 4 de la vía Aguazul – Yopal.
Ya había sido sancionada
Tras la revisión de la documentación de la empresa, la Autoridad Ambiental comprobó que ya cuenta con una medida preventiva impuesta desde el año 2023, la cual ordenaba la suspensión total de las actividades de procesamiento de cereal hasta la obtención de los permisos de emisiones atmosféricas requeridos.
Hallazgos de la visita técnica
Durante la inspección realizada el pasado lunes 15 de septiembre, el equipo de profesionales de Corporinoquia evidenció:
• Continuidad en el descargue y prelimpieza de paddy verde.
• Ocho torres de secado en funcionamiento.
• Un silo con alrededor de 3.000 toneladas de cereal almacenado.
• Restos de evado, confirmando procesos de limpieza en curso.
• Acumulación significativa de material particulado en el cuarto de polvo, reflejando emisiones no controladas.
Marco legal
Estos hallazgos, constituyen un incumplimiento de la medida preventiva, lo cual agrava la situación conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, que regula el procedimiento sancionatorio ambiental en Colombia.
En este contexto, Corporinoquia es competente para imponer medidas preventivas, suspender proyectos u obras que infrinjan la normativa ambiental e iniciar procesos sancionatorios que pueden derivar en multas u otras sanciones.
Sin embargo, teniendo en cuenta el Artículo 65 de la Ley 99 de 1993, la cual establece que los municipios son la primera autoridad ambiental y policiva en la verificación inicial de estas actividades, debiendo remitir las actuaciones a Corporinoquia para el proceso sancionatorio correspondiente, Corporinoquia oficiará al municipio para que éste, actuando como primera autoridad policiva, pueda tomar las medidas que consideren.
Medidas adoptadas
Durante la visita realizada por Corporinoquia, se notificó al personal responsable de la planta sobre la obligación de acatar de manera inmediata la medida preventiva y se les recordó que el desacato a las órdenes emitidas por la autoridad ambiental constituye un agravante en los procesos sancionatorios y puede conllevar a sanciones más severas.
Fuente: El Diario del Llano
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
