CASANARE
Suspenden e inhabilitan a dos exdirectores de la cárcel de Yopal
La Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó por cuatro meses al exdirector de la cárcel de Yopal, William Javier Laguna Garzón, por autorizar de manera irregular la salida en libertad de un interno.
La Procuraduría Regional de Casanare comprobó que Laguna Garzón, como director del centro de reclusión, para la época de los hechos (10 de enero de 2014), firmó la orden de libertad de Audías López López, sin realizar la solicitud a las autoridades judiciales y Policía Nacional de los antecedentes penales, para establecer la existencia de otras órdenes de captura, medidas restrictivas y/o anotaciones a nombre del interno.
El ente de control también suspendió e inhabilitó por ocho meses a la exasesora Jurídica, Ginna Paola Ura Sepúlveda, quien después fue Directora, porque no verificó la actualización de los documentos que se encontraban en la hoja de vida del presidiario, donde debía reposar la remisión enviada por el Juzgado Único Penal del Circuito de Yopal, sin embargo, tramitó, firmó y entregó al director del establecimiento penitenciario la orden de salida.
Con lo anterior, incumplió “el procedimiento que para tales efectos imperaba en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), mediante el cual, no se debe descartar la existencia de requerimientos judiciales en contra del interno que impidan su retorno a la vida en libertad”.
El Ministerio Público calificó la conducta de los disciplinados como falta grave, a título de dolo, porque no se aseguraron de que existía en contra del interno requerimientos pendientes del juzgado de Yopal por homicidio múltiple, concierto para delinquir agravado, utilización y fabricación ilegal de uniformes e insignias, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares, y aun así autorizaron la salida en libertad.
Este fallo de primera instancia fue apelado por los disciplinados y será resuelto por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa en reparto.
La ex directora Ginna Paola Ura Sepúlveda fue declarada insubsistente por el INPEC, ante las denuncias del presunto cobro de coimas para autorizar falsas incapacidades médicas, que permitían a los internos tener detención domiciliaria.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare / Fotografía: Las Chivas del Llano
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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