CASANARE
Superservicios tomó posesión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP (EAAAY EICE ESP), ante la crítica situación técnica, operativa, financiera y administrativa que ponen en riesgo la prestación de los servicios a su cargo, la ejecución de inversiones y el pago de sus obligaciones mercantiles.
La empresa tiene ineficiencias administrativas, financieras y operacionales; y sus ingresos son insuficientes para cubrir sus costos y la ejecución de inversiones.
La Superservicios en cabeza del superintendente delegado (e) para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Hugo Guanumen y la directora de Entidades Intervenidas y en liquidación, Ingrid Paola Prieto, en Yopal, indicaron: “La toma de posesión de la EAAAY es una acción de carácter administrativo que busca proteger los derechos de los usuarios y usuarias de estos servicios en la capital de Casanare, ante las dificultades que presenta la empresa. Esto lo hacemos por el bien de la ciudadanía de Yopal, tanto trabajadores como ciudadanos, que son el centro del ejercicio de la democracia en Colombia. Que sus derechos se respeten, entre ellos sus derechos de acceso al agua, aseo y alcantarillado con calidad y continuidad. Queremos que los yopaleños tengan una vida digna”.
Entre las situaciones evidenciadas por la Superservicios en la EAAAY EICE ESP, que hacen parte de las causales de intervención definidas en los numerales 59.1 y 59.7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994, se encuentran:
· La no ejecución de $11.345 millones en las inversiones definidas en el Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR) para reposición, rehabilitación de redes de acueducto para la gestión de pérdidas y de alcantarillado, lo que está comprometiendo la prestación eficiente de los servicios. Por lo demás, el acelerado crecimiento poblacional de Yopal tiene el potencial de exacerbar la criticidad de la situación.
· Incumplimiento en el indicador de pérdidas. Luego de la entrada en operación de la planta definitiva de tratamiento de agua potable en marzo de 2022, las pérdidas pasaron de 12,81 m3 /suscriptor/mes en el primer semestre de 2022 a 14,77 en m3 /suscriptor/mes para el segundo semestre del mismo año.
· La empresa registró pérdidas operativas anuales desde 2018 hasta 2022. En el primer año, los resultados negativos alcanzaron los $ 2.651 millones sobre los ingresos netos, y se mantuvo el déficit para los años siguientes. Para el 2022 las pérdidas operativas fueron de $ 1.779 millones.
· Aumento de la cartera vencida hasta alcanzar en 2022 el 71 % de la cartera total.
· Incumplimiento del 24,8 % del Acuerdo de Gestión suscrito con la superintendencia en 2018.
· Riesgo de suspensión del pago de sus obligaciones mercantiles.
Ante el personal de la empresa, el superintendente delegado manifestó que, el compromiso del Gobierno Nacional es recuperar la empresa para proteger al usuario, cuidar lo público y evitar la liquidación de la empresa.
Guanumen señaló ante los medios de comunicación: “Llegamos aquí con un objetivo fundamental y es fortalecer la empresa, lograr salvarla, evitar que las empresas se vuelvan cajas menores de las administraciones, debemos concretar un esquema para que los recursos que pagan los usuarios por la tarifa se destinen a la inversión que requiere la empresa. Es una empresa que se puede autosostener, tenemos dos meses para hacer un diagnóstico y determinar cuál será la modalidad de intervención a futuro”.
Como agente especial de este proceso de intervención, la Superservicios designó a Judhy Stella Velásquez Herrera, abogada y economista, quien se desempeñaba como asesora del Fondo Empresarial de la Superservicios. “Vengo exclusivamente a trabajar con todos los empleados para hacer ese diagnóstico que le permitirá a la Superservicios tomar medidas y poder salvar la empresa. Este Gobierno solo quiere fortalecer lo público y esta empresa es pública. Vamos a trabajar para lograr el objetivo y que Yopal siga adelante con su empresa que es de todos los yopaleños”.
La toma de posesión se formalizó mediante Resolución con previo concepto favorable de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
En cumplimiento de los lineamientos de conectividad rural, el gobierno departamental, en articulación con la Alcaldía de Aguazul, ha formalizado el inicio de las labores de mantenimiento vial en un corredor estratégico de 13 kilómetros en las veredas Monterralo, El Paraíso y Los Lirios.
Este proyecto, liderado por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, busca resarcir el deterioro histórico de la malla vial rural, garantizando la competitividad de los productores y la seguridad en el transporte escolar de la zona.
Durante una mesa de trabajo técnico-social con los habitantes, Ramón Avella, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Paraíso, destacó la importancia de este anuncio. Afirmó que es fundamental ver a la Gobernación y la Alcaldía trabajando de la mano en una necesidad sentida por la comunidad.
Desde la Secretaría de Infraestructura departamental se enfatizó que estas acciones responden a una directriz del mandatario seccional de mantener presencia institucional permanente y ofrecer soluciones técnicas de alto impacto. El despliegue de la maquinaria iniciará la próxima semana.
Esteban Escaño, ingeniero de la Secretaría de Infraestructura, manifestó que la misión es ejecutar una intervención integral que garantice la estabilidad de la vía, cumpliendo con los estándares técnicos y los tiempos concertados con la comunidad.
Juan Vargas, habitante de la vereda El Paraíso, validó el cronograma de trabajo y agradeció el apoyo, señalando que la mejora de las vías es algo anhelado desde hace años y que beneficiará la economía local y la ruta escolar de sus hijos.
Este 9 de febrero marca el inicio oficial del programa de alimentación escolar PAE en Yopal, beneficiando a 14.300 estudiantes distribuidos en 88 sedes educativas oficiales del municipio. este servicio esencial busca garantizar que los alumnos tengan un plato de comida nutritivo que acompañe su jornada escolar y represente un apoyo significativo para sus familias.
Durante las últimas dos semanas, se ha llevado a cabo una labor exhaustiva de preparación para asegurar un arranque sin contratiempos. Se realizaron tareas de limpieza y desinfección de restaurantes escolares, revisión de espacios, adecuaciones y el alistamiento general de toda la logística operativa. Cada ración es el resultado de una meticulosa planificación y estrictos controles.
La compleja logística semanal del PAE ya está plenamente operativa. Los jueves se reciben los mercados, que incluyen abarrotes, frutas y verduras frescas, mientras que los viernes se realiza el despacho de alimentos a las 22 sedes educativas urbanas. Los sábados, una flota de 12 vehículos se dirige a las 66 sedes rurales, garantizando la frescura y completitud de los productos en todo el municipio.
El impacto del programa se extiende más allá de los comedores escolares, generando una importante dinámica económica y social. El PAE está creando 230 empleos directos, incluyendo manipuladoras, auxiliares de bodega, nutricionistas, conductores y personal administrativo. Además, se suman cerca de 100 empleos indirectos, y se impulsa la economía local mediante la compra de productos de la región, fortaleciendo a productores y comerciantes de Yopal.
Para 2026, el programa experimentará un crecimiento significativo. gracias a la gestión del secretario de educación de Yopal, David Díaz, se lograron recursos adicionales superiores a los 7 mil millones de pesos. Esta inyección presupuestaria permitirá ampliar la cobertura del PAE, llegando a un mayor número de estudiantes en el municipio y consolidando su impacto positivo.
Un contrato suscrito por Capresoca para la vigencia 2026 encendió las alarmas de los organismos de control, tras una denuncia anónima que advierte presuntas irregularidades en la contratación y un posible detrimento de los recursos del sistema de salud. Se trata del contrato No. 252 de 2026, firmado con la empresa Focus Group SM S.A.S. por un valor de $1.440 millones, cuyo objeto sería el apoyo a la supervisión contractual de la red de servicios de salud, pese a que dichas funciones ya estarían cubiertas por otros contratos vigentes.
Según el documento radicado ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, varias de las actividades asignadas a Focus Group SM S.A.S. presentarían duplicidad funcional con el contrato No. 073 de 2026, suscrito por Capresoca con la firma SOSALUD S.A.S. por $4.080 millones, cuyo objeto es la auditoría integral de cuentas médicas, administrativas y financieras. El análisis expone que labores como auditoría técnica, revisión de facturación, análisis de RIPS y CUPS, auditoría de calidad asistencial y apoyo en recobros ya estaban contempladas y remuneradas en el contrato de auditoría principal, lo que podría representar pagos redundantes con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS.
La denuncia también pone en cuestión la idoneidad del contratista Focus Group SM S.A.S., empresa creada en 2024 y domiciliada en Santa Marta, cuyo objeto social y perfil, según su propio sitio web, estaría enfocado principalmente en asesoría empresarial, marketing y apoyo a emprendimientos, sin evidencia clara de experiencia técnica en auditoría en salud. Además, se advierte un posible conflicto de interés, ya que la empresa es del mismo departamento de origen del actual subgerente administrativo y financiero de Capresoca, situación que, aunque no constituye por sí sola una irregularidad, sí genera cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
El documento señala que estas contrataciones se realizaron mientras Capresoca permanece bajo medida de intervención forzosa de la Superintendencia de Salud, contexto en el cual se exigiría mayor rigor en el manejo de los recursos públicos. Por ello, el denunciante solicitó a los entes de control iniciar investigaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal, con el fin de determinar si existió detrimento patrimonial, delegación indebida de funciones esenciales y eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales de funcionarios y contratistas involucrados.
