CASANARE
Superservicios tomó posesión de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP (EAAAY EICE ESP), ante la crítica situación técnica, operativa, financiera y administrativa que ponen en riesgo la prestación de los servicios a su cargo, la ejecución de inversiones y el pago de sus obligaciones mercantiles.
La empresa tiene ineficiencias administrativas, financieras y operacionales; y sus ingresos son insuficientes para cubrir sus costos y la ejecución de inversiones.
La Superservicios en cabeza del superintendente delegado (e) para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Hugo Guanumen y la directora de Entidades Intervenidas y en liquidación, Ingrid Paola Prieto, en Yopal, indicaron: “La toma de posesión de la EAAAY es una acción de carácter administrativo que busca proteger los derechos de los usuarios y usuarias de estos servicios en la capital de Casanare, ante las dificultades que presenta la empresa. Esto lo hacemos por el bien de la ciudadanía de Yopal, tanto trabajadores como ciudadanos, que son el centro del ejercicio de la democracia en Colombia. Que sus derechos se respeten, entre ellos sus derechos de acceso al agua, aseo y alcantarillado con calidad y continuidad. Queremos que los yopaleños tengan una vida digna”.
Entre las situaciones evidenciadas por la Superservicios en la EAAAY EICE ESP, que hacen parte de las causales de intervención definidas en los numerales 59.1 y 59.7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994, se encuentran:
· La no ejecución de $11.345 millones en las inversiones definidas en el Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR) para reposición, rehabilitación de redes de acueducto para la gestión de pérdidas y de alcantarillado, lo que está comprometiendo la prestación eficiente de los servicios. Por lo demás, el acelerado crecimiento poblacional de Yopal tiene el potencial de exacerbar la criticidad de la situación.
· Incumplimiento en el indicador de pérdidas. Luego de la entrada en operación de la planta definitiva de tratamiento de agua potable en marzo de 2022, las pérdidas pasaron de 12,81 m3 /suscriptor/mes en el primer semestre de 2022 a 14,77 en m3 /suscriptor/mes para el segundo semestre del mismo año.
· La empresa registró pérdidas operativas anuales desde 2018 hasta 2022. En el primer año, los resultados negativos alcanzaron los $ 2.651 millones sobre los ingresos netos, y se mantuvo el déficit para los años siguientes. Para el 2022 las pérdidas operativas fueron de $ 1.779 millones.
· Aumento de la cartera vencida hasta alcanzar en 2022 el 71 % de la cartera total.
· Incumplimiento del 24,8 % del Acuerdo de Gestión suscrito con la superintendencia en 2018.
· Riesgo de suspensión del pago de sus obligaciones mercantiles.
Ante el personal de la empresa, el superintendente delegado manifestó que, el compromiso del Gobierno Nacional es recuperar la empresa para proteger al usuario, cuidar lo público y evitar la liquidación de la empresa.
Guanumen señaló ante los medios de comunicación: “Llegamos aquí con un objetivo fundamental y es fortalecer la empresa, lograr salvarla, evitar que las empresas se vuelvan cajas menores de las administraciones, debemos concretar un esquema para que los recursos que pagan los usuarios por la tarifa se destinen a la inversión que requiere la empresa. Es una empresa que se puede autosostener, tenemos dos meses para hacer un diagnóstico y determinar cuál será la modalidad de intervención a futuro”.
Como agente especial de este proceso de intervención, la Superservicios designó a Judhy Stella Velásquez Herrera, abogada y economista, quien se desempeñaba como asesora del Fondo Empresarial de la Superservicios. “Vengo exclusivamente a trabajar con todos los empleados para hacer ese diagnóstico que le permitirá a la Superservicios tomar medidas y poder salvar la empresa. Este Gobierno solo quiere fortalecer lo público y esta empresa es pública. Vamos a trabajar para lograr el objetivo y que Yopal siga adelante con su empresa que es de todos los yopaleños”.
La toma de posesión se formalizó mediante Resolución con previo concepto favorable de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
